Continua la guerra judicial entre el Gobierno y Pozuelo por el centro de migrantes dependiente de la hija del juez Peinado – Pitirre

Sigue la batalla judicial por el Centro de Atencion de Inmigrantes (CREADE) de Pozuelo de Alarcon entre el Gobierno central y el Ayuntamiento. Para que pueda permanecer abierto, el Ejecutivo de Pedro Sanchez debera presentar un recurso contra la orden de cierre que el pasado mes de septiembre dicto el ayuntamiento de esta localidad.

El pasado mes de enero, el Juzgado de lo Contencioso numero 16 aceptaba las medidas cautelares solicitadas por Moncloa, suspendiendo de este modo el cierre del espacio. Si bien, el juez recuerda ahora que el cierre no es definitivo, por lo que insta al Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones a presentar un nuevo recurso.

El CREADE, ubicado en la Zona Sur de Pozuelo, dependiente de Patricia Peinado, la hija del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva la investigacion contra Begoña Gomez, arrastra meses de pugna en los juzgados hasta (o desde) que el pasado 15 de septiembre el Consistorio decreto su cierre definitivo. Segun defendia el equipo de la alcaldesa, en ese momento vivian aqui mas de 400 migrantes.

Dos meses despues, la Secretaria de Estado presento un recurso ante el juzgado solicitando la paralizacion de la orden y la adopcion de medidas cautelares. Ya en enero, la Justicia aceptaba estas medidas cautelares, dejando asi suspendido de forma provisional la decision del Ayuntamiento de Pozuelo. Segun la ultima version de la Secretaria de Estado, el centro cuenta con una ocupacion de 70 personas, todas ellas mujeres ucranianas de proteccion temporal con niños y niñas, asi como mujeres procedentes, principalmente, de Afganistan o Latinoamerica.

El Ayuntamiento alega problemas de ocupacion; el Gobierno los niega

En conclusion, sigue la guerra por ver si el CREADE mantiene abiertas o no sus puertas, en plena pugna por la migracion. En paralelo a la regularizacion de medio millon de personas migrantes, el Gobierno celebraba como una buena noticia el ultimo pronunciamiento de la Justicia hasta el de ahora, todo a la vez que niega que haya “hacimiento” en el centro migratorio. Todo lo contrario, indicaban que la ocupacion estaba al 17%.

Abierto en 2022, ha atendido la llegada de ucranianos que huian de la invasion rusa, con 400 plazas iniciales, muy alejadas de las 70 que, segun Migraciones, estan actualmente ocupadas. Desde el departamento que dirige Elma Saiz subrayaron que el CREADE de Pozuelo “ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en el su proceso de integracion en España con todas las garantias”.

Ademas, recordaban que habia sido un “centro de referencia” para otros espacios similares y “un modelo que ha sido reconocido como buena practica por organizaciones de reconocidos prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)”. Asimismo, se referia a la profesionalidad y celeridad con la que se atienden a estas personas. “En apenas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derecho y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan”.

El Ayuntamiento de Paloma Tejero ha insistido constantemente en que el centro incumple “no solo la normativa municipal, sino tambien la estatal”. En este sentido, señalan que el CREADE solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedaje breves de asistentes a cursos de la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS) y “no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo”.

El Consistorio dio en un primer momento un plazo de cuatro meses para realojar a las personas que residian en el lugar que vencio el 17 de enero. En ese tiempo se sucedian las acusaciones, llegando a decir Pozuelo que el Gobierno no habia hecho “nada” para “regularizar esa situacion en la via administrativa”; sino que se habia “limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre”.

Reves para el Gobierno de Ayuso

En otro orden de cosas, hace unas semanas el Tribunal Supremo (TS) rechazaba la peticion de la Comunidad de Madrid para suspender doce actos administrativos de traslado de menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Melilla.

El delegado del Ejecutivo en la capital regional, Francisco Aguirre, ensalzaba que “priorizara la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema”, una linea similar a la que hablaba el ministro de Politica Territorial y Memoria Democratica, Ángel Victos Torres. En su caso, señalaba que era una noticia de “humanidad, porque es de justicia y porque la ley que hemos logrado sacar adelante con mucho esfuerzo, hay que cumplirla».