Junqueras seguira inhabilitado hasta 2031 y el Supremo acusa al Gobierno de dejar “impunes” los intentos de secesion : Noticias de España

Asi lo ha decidido el Supremo en un auto especialmente duro contra la reforma legal impulsada por el Gobierno, al que los magistrados que juzgaron la causa del proces acusan de dejar desprotegido al Estado a la hora de enjuiciar procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidacion.

Pero son los unicos que mantienen la pena. En cuanto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el tribunal los condena ahora por un delito de desordenes publicos (no agravados) en sustitucion del extinguido delito de sedicion, por lo que en la practica dejaran de cumplir la pena de 9 años de inhabilitacion a la que se enfrentaban. Lo mismo ocurre con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exconsejero Josep Rull, que dejaran de cumplir la pena de 11 años y 6 meses de inhabilitacion al pasar a ser condenados por desobediencia. Quedara igualmente extinguida la pena de 10 años y 6 meses de inhabilitacion que el Supremo dicto en su dia para el tambien exconsejero Joaquim Forn. 

Ademas, con la reforma se derogo la sedicion y se creo un nuevo delito de desordenes publicos agravados como sustituto. Sin embargo, el auto del Supremo no sigue ninguna de estas dos premisas: mantiene la pena por malversacion y el tipo penal de desobediencia (que no implica penas de carcel para las autoridades publicas) sin incluir ademas los desordenes publicos agravados.

Algo mas que un delito contra el orden publico

Para empezar, los magistrados creen que el Gobierno “desenfoca el problema” del proces al reducir el ambito de la tipicidad que ofrecia el delito de sedicion, que estaba llamado a proteger el interes de la sociedad en la aceptacion del marco constitucional. El proces, prosigue el Supremo, “no solo supuso la puesta en peligro del orden publico”, sino que buscaba la creacion de un conjunto de normas aprobadas por un organo autonomico incompetente para ello alentando a una movilizacion ciudadana que incluia la resistencia.

Segun el auto, el “efecto inmediato” de la reforma llevada a cabo a finales de 2022 “ha consistido en generar un vacio normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa pueden topar con visibles grietas de tipicidad”. “A partir de su entrada en vigor, la fractura del marco juridico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los limites competenciales propios de la estructura del Estado y la tenaz desobediencia a los requerimientos judiciales solo seran constitutivos de delito si van acompañados de violencia o intimidacion”, explica.

“En otras palabras, la creacion de un marco normativo de ruptura territorial que preparara la secesion de una parte del territorio del Estado, incluso acompañada de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las decisiones gubernativas o jurisdiccionales que intentaran ponerle termino, serian ajenas a la intervencion del derecho penal“, lamenta.

Financiar un referendum no es malversacion atenuada

Sin embargo, el auto defiende que “seria contrario a la mas elemental logica juridica entender que quien hace suyos los fondos publicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años de prision y quien los destina a una actividad delictiva o antijuridica -en este caso, la celebracion de un referendum prohibido judicialmente- pueda ser castigado con una pena de multa”. La financiacion del referendum “nunca podra entenderse como una actuacion ausente de animo de lucro”, zanja el tribunal. 

Desordenes publicos para los ‘Jordis’

Asi lo expresa el auto del Supremo, alegando que es una “evidencia” que el papel de ambos alteraron la paz publica a traves de actos intimidatorios durante la manifestacion celebrada el 20 de septiembre de 2017 ante la Consejeria de Economia de la Generalitat. El Supremo considera que el delito de desordenes publicos esta justificado con la presencia de Cuixart y Sànchez en aquella movilizacion que impidio a las autoridades judiciales llevar acabo su labor para realizar el registro del departamento. “Los vehiculos de la Guardia Civil terminaron con importantes destrozos”, señala.