Las razones de la Fiscalia, las familias de las victimas y Peromingo para que exista una macrocausa en el «caso residencias» – Pitirre
La Audiencia Provincial de Madrid tendra en sus manos el 16 de abril la decision clave sobre si se crea una macrocausa por la discriminacion sufrida por las personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid. Determinara el futuro de los procedimientos instados por los familiares de los mayores, que no recibieron una prestacion medica adecuada en marzo y abril de 2020. Porque, aunque la Audiencia de Madrid rechazo el pasado diciembre la solicitud del Juzgado de Instruccion numero 5 de Madrid para inhibirse en la investigacion de una residente fallecida, la decision de abril afectara a mas de una veintena de procedimientos que tiene abiertos otro juzgado de instruccion, el numero 3 de Madrid.
Su titular, Maria Isabel Durantez, ha rechazado de momento acumular 19 procedimientos: dos procedentes de Arganda del Rey, una de Collado Villalba, una de Getafe, cuatro de Leganes, seis de Madrid, tres de Mostoles, una de Navalcarnero y una de Valdemoro. Ademas, aun no ha dictado auto rechazando la acumulacion en cuatro procedimientos en los que otros tantos juzgados se inhibieron en favor del suyo, pero logicamente lo hara en linea con sus decisiones anteriores.
La causa por la discriminacion vivida en las residencias de Madrid, donde fallecieron 7.291 personas sin ser trasladadas a un hospital y sin que sus centros fueran hospitalizados como habia anunciado el Gobierno madrileño, se reactivo la pasada primavera cuando fueron imputados los primeros ex altos cargos del Gobierno de Isabel Diaz Ayuso por un delito de denegacion discriminatoria de la atencion sanitaria, castigado en el articulo 511 del Codigo Penal. Esos ex altos cargos imputados en diversos procedimientos son el director de Coordinacion Sanitaria hasta mayo de 2020, Carlos Mur Bernat; su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martinez Peromingo y el director del Summa 112, Pablo Busca. El primero fue el firmante del conocido como protocolo de la vergüenza, que bloquearon las derivaciones de residentes a los hospitales publicos; el segundo esta considerado por las familias «el ideologo» de dichos protocolos, y el tercero era el maximo responsable del servicio de ambulancias.
La Audiencia Provincial de Madrid debera ahora decidir si se unen o no los procedimientos en el Juzgado de Instruccion 3 de la capital. Por un lado estan la Fiscalia de Madrid, los familiares de las victimas que impulsan las causas judiciales y Martinez Peromingo, que solicitan la acumulacion de las causas. Por el otro se encuentran la titular del Juzgado y Carlos Mur, que argumentan que no deben unirse.
Un unico hecho, los mismos investigados
En sus escritos para instar la reapertura de las diligencias por la posible existencia de un delito de denegacion discriminatoria de la asistencia sanitaria, el Ministerio Publico ya argumento a favor de la acumulacion de los procedimientos en una macrocausa. Segun establecia, se investiga un unico hecho, pese a que bajo la lupa se encuentren multiples fallecimientos en distintos hospitales. La Fiscalia los compara con las muertes en un accidente de autobus. «Las causas del accidente son multiples y las circunstancias del fallecimiento de cada una de las victimas son distintas. Algunas de las victimas formularan querella contra el conductor, otras contra el conductor de otro vehiculo que se cruzo en la carretera», explica. Pero el procedimiento que se abriria seria unico, «valorando conjuntamente la responsabilidad del conductor del autobus, el otro vehiculo e incluso las circunstancias de cada una de las victimas (ir no con cinturon)». En el caso de las residencias, el objeto de valoracion debe ser, apunta, el protocolo que prohibia la derivacion de los residentes contagiados, la medicalizacion de las residencias –que no llego a realizarse –, la comunicacion con los geriatras de enlace, los testimonios de los medicos de las residencias y si estos consideraban que esos protocolos eran obligatorios.
Ademas, la Fiscalia recurre a la «economia procesal» para apoyar la creacion de una sola causa, un argumento que tambien utilizan en sus recursos tanto los familiares denunciantes como Martinez Peromingo. Las familias aseguran que no solo hay un hecho unico, sino que tambien los investigados son los mismos en todos los procedimientos: los tres ex altos cargos antes citados. «El hecho que dio origen a la comision del delito es identico: la aprobacion y ejecucion de los Protocolos de la vergüenza, con sus discriminatorias consecuencias». A su juicio, mantener divididos los procedimientos en los juzgados, produciria «efectos injustos y revictimidatorios [sic] en los perjudicados» y afectaria a la tutela judicial efectiva.
Los denunciantes ponen el foco en que lo de menos es en que residencia viviesen los mayores, que hospital les correspondiese o si finalmente fallecieron o no. «A todos se les aplico una politica discriminatoria global, consistente no solo en la no derivacion hospitalaria, sino en la falta de medicalizacion de las residencias y la no derivacion a hospitales privados ni al hospital de Ifema». Segun subrayan, el contexto fue «identico» y respondio a la «decision politica tomada y ejecutada» por los ex altos cargos investigados.
Uno de ellos, Francisco Javier Martinez Peromingo, tambien pide la acumulacion de los procedimientos en una sola causa. Y lo hace por las mismas razones que la Fiscalia y los denunciantes –el hecho investigado y los imputados son los mismos en todos ellos–. Pero tambien porque «no resulta procesal ni humanamente admisible» que se le llame a declarar «en multitud de juzgados de la Comunidad de Madrid (siete, por el momento) y siempre por los mismos hechos». Es mas, reproduce un parrafo del escrito de la Fiscalia que tambien utilizan los familiares y que tacha de «caotica» la situacion a la que han conducido los «distintos caminos procesales» abiertos con cada denuncia. Para el ministerio publico, la dispersion de los procedimientos «perjudica los intereses de la justicia», de los familiares de los fallecidos y de los propios investigados.
Contextos asistenciales distintos
Por el contrario, otro de los ex altos cargos investigados, Carlos Mur, que firmo los Protocolos de la vergüenza antes de ser destituido en mayo de 2020, prefiere que no haya macrocausa. Dice que los hechos que se investigan son distintos, las victimas son distintas y los «contextos asistenciales» tambien difieren, al igual que las responsabilidades que se atribuyen a los querellados. «La acumulacion [de procedimientos] diluiria la necesaria individualizacion de conductas, perjudicando la claridad del procedimiento y el ejercicio pleno del derecho de defensa», razona.
La titular del Juzgado de Instruccion numero 3, que se opone tambien a la macrocausa, hace suyos los argumentos de Carlos Mur. Dice que solo son tres los investigados comunes a todos los procedimientos; el resto, detalla, seran distintos segun la residencia o el hospital implicados: los geriatras de enlace, los geriatras de cada residencia, los directores de esos centros… Lo mismo que ocurrira, aduce, con las victimas, sus padecimientos previos o con el hecho de que unos fallecieran y otros no.
No obstante, la jueza admite que los hechos objeto de investigacion tienen un origen comun: «La existencia y aplicacion de los protocolos de no derivacion hospitalaria y el funcionamiento (o no) del Plan de Choque aprobado por la Comunidad de Madrid, principalmente la medicalizacion de las residencias». Pero, a su juicio, esa «circunstancia» debe «conjugarse» con la comprobacion de si cada victima recibio la asistencia sanitaria adecuada. «Ese contexto», determina, «es lo que ha de constituir el objeto de investigacion»: si cada afectado fue discriminado. Por eso, pide una «instruccion diferenciada».
