Guerra del viento en La Guajira colombiana : Internacional de

Aleida Tiller es una de las lideres de Orrokot, una pequeña comunidad indigena wayuu del centro de La Guajira colombiana. Tambien es una de las caras visibles de la oposicion a los mas de 60 parques eolicos proyectados en la region, una de las mas pobres de Colombia. “Quieren hacer negocio a espaldas de las comunidades”, denuncia Tiller con gesto tranquilo pero firme, sentada bajo uno de los cobertizos construidos para protegerse del sol.

Empresas y autoridades presentan la ola de proyectos eolicos que se cierne sobre La Guajira como una oportunidad de desarrollo, pero lideres indigenas y activistas denuncian los impactos economicos y espirituales sobre el modo de vida wayuu y compensaciones insuficientes. Ademas, la fiebre eolica ha provocado enfrentamientos entre wayuus. Obstaculos que amenazan la apuesta del Gobierno progresista de Gustavo Petro por convertir La Guajira en el principal centro de generacion de energia verde en Colombia.

En Orrokot se pueden apreciar unas enormes torres de alta tension que transportan la electricidad producida en un parque eolico. Los preciados kilowatios pasan por encima de los habitantes, pero ni sus viviendas ni la escuela estan conectadas a la red electrica. “Todo lo que se produzca en La Guajira es para el resto del pais”, explica German Corredor, consultor y ex director de la Asociacion de Energias Renovables de Colombia. Esta prevista la construccion de mas de 2.800 aerogeneradores para 2030.

La sombra de Cerrejon

Los parajes deserticos del norte de La Guajira pueden parecer el mejor lugar para instalar los aerogeneradores, pero Jose Curvelo, que asesora a una comunidad en las consultas con una empresa energetica, alerta de “afectaciones bioticas, abioticas, sociales y economicas sin precedentes” en una region traumatizada por los efectos devastadores de Cerrejon, la mayor mina de carbon a cielo abierto de America Latina, en funcionamiento desde los años 80. Para cavar la mina, los gobiernos neoliberales de la epoca expulsaron a comunidades enteras de sus territorios. “Fueron desalojadas con Policia”, explica Dulcy Cotes, integrante de la organizacion Fuerza de Mujeres Wayuu. “Se han apoderado de gran parte del territorio wayuu”.

La mina arraso 69.000 hectareas y ha consumido el 40% de los recursos hidricos de una region castigada por frecuentes sequias. Ademas, las promesas de desarrollo nunca se hicieron realidad. “Se hablo casi de la redencion del departamento de La Guajira, que no fue cierta”, recuerda Igor Kareld, sindicalista en la mina. “La mineria ha terminado desplazando a la ganaderia o el agro. La Guajira se ha empobrecido mas. Nuestra preocupacion es que no pase lo mismo”.

El fantasma de la perdida de territorio esta muy presente entre la poblacion indigena, que constituye casi la mitad de los habitantes. “El wayuu se sustenta en el pastoreo y cria de chivos”, explica Cotes, “se va a quedar sin territorio”. Aleida Tiller dice que los impactos economicos se entrelazan con los espirituales. “Las torres van a caer en los espacios de pastoreo, eso nos genera tala de vegetacion. Si hay un trupillo de 100 años, estas cortando una memoria que ha durado generaciones”. “Los wayuu creemos en los sueños”, continua, “el sueño es una comunicacion entre los dos mundos, el real y el de los familiares que se han ido. Cuando perturban el territorio, los wayuu no sueñan bien, si hay talas intranquilizan toda la energia, que hace parte con lo que nosotros vivimos. No hay manera de decir pagame por esto“.

Fuerza de Mujeres Wayuu ha analizado en su informe Mujeres Amigas del Viento los impactos especificos de los parques eolicos sobre las mujeres, incluido el “incremento de la violencia basada en genero”. “Porque las mujeres somos las que nos oponemos a esos negocios, que tratan de hacer los hombres”, y la militarizacion, relacionada con “enfermedades de transmision sexual o embarazos no deseados”, explica Cotes. Ademas de estos impactos, lideres wayuu se quejan de que no se les ha consultado adecuadamente sobre los proyectos.

Un “desequilibrio abismal” en las consultas a las comunidades

El Convenio numero 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia, obliga al Estado a consultar a los pueblos indigenas sobre la explotacion de los recursos naturales de sus territorios ancestrales, pero diversos lideres consideran que no se esta respetando este principio. “Voy a llegar a tu casa, voy a tocar la puerta y aunque no me abras voy a entrar, te tumbo la puerta. En realidad, esa es la consulta previa”, afirma con ironia Dulcy Cotes.

Coincide en la critica Jose Curvelo: “Se han evidenciado irregularidades. Una sentencia de la Corte Constitucional dice que la empresa no puede llegar con un ejercito de profesionales (antropologos, politologos, ingenieros) a enfrentarse con unas personas que no tienen profesionales. El desequilibrio es abismal”, explica. “Hay autoridades que no tienen ni idea de que carajo estan hablando”, se indigna Tiller, “las empresas les cambian el lenguaje para que ellos no puedan comprender”. En muchos casos, las autoridades comunitarias son analfabetas.

Joanna Barney es directora del area de energia, ambiente y comunidades de la ONG Indepaz, que ha denunciado irregularidades. “Algunos wayuu se prestan a ser supuestamente acompañantes de las comunidades, pero les cobran su acompañamiento a las empresas”, lamenta. “Es una doble extorsion: asesoran a las comunidades, pero les cobran mas del 60% de lo que logren, y ademas transan por debajo de la mesa con la empresa”.

Una forma de corrupcion que ha estado presente en algunas de las consultas para la construccion de la Colectora, la linea de alta tension que atravesara La Guajira de norte a sur para evacuar la energia producida por los nuevos parques eolicos, segun denuncia Barney, autora del informe Por el mar y la tierra guajiros, vuela el viento wayuu. La activista advierte tambien de que “muchas de las personas que trabajan en las empresas eolicas vienen del sector del carbon y Cerrejon es un ejemplo de una instalacion violenta de una industria extractiva”.

Las deficiencias en las consultas previas han generado numerosos conflictos entre wayuus. El mas frecuente, entre las autoridades tradicionales (residentes en las comunidades) y las autoridades ancestrales (personas que pueden ser dueñas legitimas de la tierra pese a no vivir en la comunidad). En algunos casos “la consulta previa se hizo con quienes no eran dueños del territorio, por un error del Estado”, explica Barney. Un ejemplo fue el parque de Jepirachi, puesto en marcha en 2004. Alli, el dueño ancestral de las tierras “llego cuando el proyecto ya estaba andando”, abriendo un conflicto. Lo mismo puede pasar con futuros proyectos: “Como la consulta previa se hizo con los que no eran, cuando arranque el proyecto y pise territorio wayuu, van a empezar los problemas”, advierte la activista.

El objetivo de las consultas es acordar las compensaciones de las empresas a las comunidades afectadas, pero el desequilibrio empresa-comunidad es evidente en muchas negociaciones. En una de las comunidades asesoradas por Jose Curvelo se alcanzaron “unos acuerdos pauperrimos, una compensacion de 30 millones de pesos [7.700 dolares] que van a entregar en especie: ovino, caprino y mejoramiento de vivienda”. Despues de una denuncia internacional, la comunidad consiguio la mejora del acuerdo, incluyendo infraestructuras para mejorar el acceso a agua potable. El precedente del primer parque de la region, Jepirachi, tampoco es alentador. Despues de 19 años de funcionamiento, a las comunidades afectadas “solo les han llegado 130 millones [33.790 dolares] y no se ha podido repartir por las diferencias entre ellas”, relata Joanna Barney.

Nuevo gobierno, viejos conflictos

Mas alla de las compensaciones negociadas entre empresas y comunidades, la ley obliga a las compañias electricas a entregar parte de sus beneficios a los municipios y comunidades afectados por las instalaciones renovables. El Ejecutivo de Gustavo Petro ha incrementado el porcentaje del 1 al 6% de los beneficios. Sin embargo, la aplicacion de esta mejora no esta siendo pacifica: “Los que deciden el area de impacto son las empresas y nadie esta haciendo la verificacion de si eso es verdad”, advierte Joanna Barnney.

Petro ha elevado la lucha contra la crisis climatica a prioridad de su Gobierno. El pasado verano, en una visita a La Guajira, firmo con 140 autoridades indigenas, 12 empresas de desarrollo y autoridades locales un Pacto por la Transicion Energetica que establecia que representantes de las comunidades wayuu entrasen como socios de los proyectos. En muchos casos “las empresas se han negado a tener un indigena en la junta directiva, hay mucho racismo”, lamenta el consultor German Corredor, que considera que el nuevo gobierno ha supuesto un cambio sustancial. “Todos los anteriores gobiernos favorecian a las empresas, este favorece a las comunidades”, afirma. Los gobiernos conservadores anteriores permitieron a las compañias elegir la localizacion de sus aerogeneradores sin consultar previamente con la poblacion local. “No [habia] planificacion; aqui llegaron las empresas y empezaron a hacer mediciones. Ponen la torre para medir el viento, el permiso al Estado es muy posterior”, reconoce el consultor.

Las activistas y lideres indigenas entrevistadas no tienen tan claro que el Gobierno de Petro suponga un gran cambio. Barney ve “intentos de entender un poco mas el conflicto”, pero sostiene que la visita del presidente “termino siendo un saludo a la bandera porque no se reunio con las comunidades que tenian que reunirse y tampoco hizo modificaciones de fondo”. En muchos proyectos es dificil o imposible introducir cambios porque ya tienen licencia ambiental, pero la activista señala que “ni siquiera lo estan haciendo en los que no tienen licencia”. Lo que si intento el Gobierno es que la empresa publica Ecopetrol se convirtiese en generadora de energia, pero el Parlamento lo rechazo. Ningun portavoz del Gobierno quiso hacer declaraciones para este reportaje.

¿Transicion justa o extractivismo verde?

Joanna Barney esta convencida de que “los proyectos no se van a poder instaurar porque, aunque haya wayuus que estan contentos, no son los dueños reales del territorio”, refiriendose al conflicto de los lideres ancestrales. El caso del parque de Enel, parece darle la razon. En mayo de 2023, la multinacional italiana anuncio que renunciaba a la construccion del parque Windpeshi debido a las “constantes vias de hecho” (protestas), que segun la empresa tuvieron la obra detenida durante mas de la mitad de las jornadas entre 2021 y 2023.

Unas consultas previas adecuadas, compensaciones suficientes y la participacion de las comunidades en los proyectos eolicos son las condiciones que señalan las activistas y lideres wayuu para que la transicion energetica en La Guajira sea un exito que beneficie a la poblacion local y no se convierta en una nueva forma de extractivismo. Jose Curvelo es claro: “Esto va a mejorar cuando elevemos al wayuu al nivel de persona. En este momento las empresas dan un trato al wayuu como si fueran animales, no seres humanos”.