La guerra sucia contra Monica Oltra: asi se fraguo la “caceria de la extrema derecha” que ahora desmonta la Justicia : Entretenimiento de España
Mucho han cambiado las cosas desde que Monica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano entre 2015 y 2022, dimitio de todos sus cargos ante la imputacion por las presuntas maniobras para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad, que Oltra dirigia.
Ahora, Vox forma parte del Ejecutivo valenciano, junto al PP. Los ultraderechistas ejercieron la acusacion popular en la causa contra Oltra y 14 cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad. Este martes el juez ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigacion por no hallar indicios de delito. Se preve que las acusaciones presenten recurso.
Horas despues de conocerse el archivo de la causa, Compromis, la formacion de Monica Oltra, le ha ofrecido volver a ser su portavoz.
Un entramado de extrema derecha
Monica Oltra siempre defendio su inocencia y achaco la causa a “una caceria de la extrema derecha” y al lawfare (guerra judicial). Ciertamente sospechoso era que la defensa de la menor abusada por el marido de Oltra la ejerciera un reconocido fascista, el lider de España 2000, Jose Luis Roberto. Tambien levantaba sospechas que ademas de Vox, la otra acusacion popular en la causa la ejerciera Cristina Segui, fundadora de Vox en el Pais Valencià (luego abandono la formacion por encontrarla “blanda”) y conocida agitadora de extrema derecha en las redes sociales.
Aunque el auto del juez Vicente Rios Segarra, titular del Juzgado de Instruccion 15 de València, no valora el papel del entramado de extrema derecha, si que tumba todas sus pretensiones en cuanto a que existieran consignas por parte de Oltra para tapar los abusos sexuales de su exmarido.
Los hechos se remontan a 2017, cuando una menor tutelada denuncio a Luis Eduardo Ramirez, pareja de Monica Oltra, educador en un centro de menores. Este hombre ha acabado condenado a cinco años de prision.
En cuanto las derechas vieron el nombre de la vicepresidenta del Ejecutivo del Botànic salpicado en un asunto tan turbio como abusos sexuales a una joven tutelada emprendieron una campaña de acoso y derribo contra Oltra. Aquella campaña no solo consistio en intentar captar a la victima de los abusos, ofreciendole una defensa gratuita, trabajo y hasta un piso en Madrid, como ella misma reconocio en el juzgado.
La estrategia de PP y Vox tambien consistio en poner en tela de juicio la labor de la Generalitat Valenciana en materia de menores y de la gestion de los casos de menores abusados.
Cuando en junio de 2022 Monica Oltra decidio dimitir de sus cargos en el Consell y como diputada de Les Corts al resultar imputada en la causa abierta por la gestion de los abusos sexuales de su exmarido, la victima, ya mayor de edad, denuncio publicamente que su abogado y Cristina Segui “la habian dejado tirada” una vez que habian logrado el objetivo de la dimision de Oltra.
La pista del dinero
Pero no solo la ultraderecha de Vox y los neofascistas de España 2000 tejieron una red sobre la victima para utilizarla politicamente. El PP, dolido por haber perdido el Gobierno valenciano, tambien mostro conexiones con el entramado contra Oltra.
Una fotografia tomada en septiembre de 2021 en la estacion del AVE de Madrid mostraba aquella conexion del PP. La propia Oltra llevo esa fotografia a Les Corts, el 7 de abril de 2022, mientras clamaba: “Seguid el rastro del dinero”.
En dicha fotografia se puede ver a Alberto de Rosa, presidente del Grupo Ribera Salud, hermano del juez Fernando de Rosa, exconseller de Justicia de la Generalitat Valenciana en el Gobierno de Francisco Camps y actual diputado del PP; al propio expresident Francisco Camps y a Cristina Segui.
La instantanea fue tomada poco despues de que la asociacion de Segui, Gobierna-te, presentara una querella por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Monica Oltra.
El Grupo Ribera Salud gestiono durante los gobiernos del PP en el Pais Valencià dos hospitales publicos, que con el Ejecutivo de coalicion entre los socialistas valencianos y Compromis fueron devueltos al Sistema Publico. Con aquella medida, Ribera Salud dejo de ganar en torno a cien millones de euros.
El juez dice en su auto de archivo: “Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados”.
