Moncloa impulsa el blindaje del aborto en la Constitucion frente a la amenaza de PP y Vox – Pitirre

El Gobierno ha dado este martes un paso politico de alto voltaje al aprobar en Consejo de Ministros la reforma de la Constitucion que busca blindar el derecho al aborto y obligar a todos los poderes publicos a garantizar su ejercicio efectivo. El cambio, que llega despues del visto bueno del Consejo de Estado, introduce un añadido en el articulo 43.3 de la Carta Magna para incorporar de forma expresa la interrupcion voluntaria del embarazo como un derecho que debe ser protegido por las instituciones.

La reforma no parte de cero. El derecho al aborto ya esta recogido en la ley de 2010, modificada despues por la ley organica de 2023, y quedo ratificado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que avalo el nucleo del modelo de plazos aprobado durante el Gobierno de Jose Luis Rodriguez Zapatero. Lo que hace ahora el Ejecutivo de Pedro Sanchez es llevar esa proteccion un escalon mas arriba y situarla dentro del texto constitucional, con la intencion de dificultar cualquier marcha atras futura.

“Con esta reforma, España se coloca a la vanguardia de paises europeos en la proteccion de derechos de las mujeres”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. «Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. No esta en riesgo la dimension de libertad de este derecho, pero si el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional. […] Nos preocupan algunas actitudes, como en Madrid, de desobediencia a la ley actual. Hay un riesgo real que pone en peligro los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo. Como sociedad tenemos que actuar», ha subrayaddo, por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En Moncloa no ocultan la lectura politica de la maniobra. El Ejecutivo considera que tanto el PP como Vox mantienen posiciones que pueden poner en cuestion este derecho si vuelven a sumar una mayoria suficiente. La reciente mocion aprobada en Elche con apoyo de ambos partidos, en la que se pedia la derogacion de la ley del aborto, sirvio al Gobierno para reforzar ese argumento y presentar la reforma como un dique frente a una eventual involucion.

La modificacion aprobada este martes afecta al articulo 43, el precepto constitucional que reconoce el derecho a la proteccion de la salud. El Consejo de Estado ya avalo en febrero la via elegida por el Ejecutivo, aunque introdujo observaciones tecnicas sobre la redaccion y recordo que la oportunidad politica de la reforma corresponde al Gobierno y al Parlamento. El organo consultivo dio su respaldo por una amplia mayoria y acepto la tesis de fondo del Ejecutivo: si la Constitucion protege la salud y la autonomia de las mujeres, tambien puede incorporar de forma explicita la obligacion de garantizar la interrupcion voluntaria del embarazo.

La reforma entra ahora en su fase mas dificil

La decision del Consejo de Ministros abre ahora un recorrido parlamentario mucho mas dificil que la aprobacion dentro del propio Gobierno. Al tratarse de una reforma constitucional, el texto necesitara una mayoria reforzada de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Ese requisito obliga al PSOE y a sus aliados a lograr el apoyo del Partido Popular o, al menos, a forzar un escenario politico en el que la derecha tenga que retratarse de forma explicita sobre un derecho que hoy cuenta con amplio respaldo social. La dificultad aritmetica es evidente, pero el Ejecutivo da por hecho que el mero debate ya le permite marcar perfil politico y colocar a PP y Vox en una posicion incomoda.

El movimiento tambien llega en un momento de fuerte tension sobre la aplicacion real de la ley. Aunque el aborto esta legalmente reconocido, el acceso sigue siendo desigual en varios territorios, sobre todo por las objeciones de conciencia, la dependencia de clinicas privadas y la resistencia de algunas administraciones autonomicas a desplegar todos los mecanismos previstos en la ley de 2023. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, inicio hace solo unos dias el tramite para crear el registro de objetores por mandato judicial, despues de haber retrasado durante meses una obligacion fijada por la normativa estatal. Ese episodio ha servido al Gobierno para insistir en que no basta con reconocer un derecho sobre el papel: hay que garantizarlo de forma efectiva.

En esa idea insiste tambien el planteamiento politico de Igualdad y Sanidad. La reforma no se limita a reafirmar que el aborto es legal, sino que pretende obligar a los poderes publicos a asegurar que cualquier mujer pueda ejercer ese derecho sin obstaculos territoriales, administrativos o ideologicos. Es una respuesta directa a la estrategia de la derecha y de la ultraderecha de disputar el consenso social que se habia asentado en torno a la ley. El Ejecutivo quiere convertir la defensa del aborto en un terreno de confrontacion clara y presentar al PP como un partido atrapado entre su intento de moderacion publica y la presion de Vox en comunidades, ayuntamientos y pactos institucionales.

El espejo exterior que inquieta al Gobierno

La experiencia internacional refuerza el argumento del Gobierno: el aborto no es un derecho irreversible. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo dinamito en 2022 la doctrina de Roe v. Wade y abrio la puerta a que mas de una veintena de estados activaran prohibiciones o fuertes restricciones; a comienzos de 2025, Reuters seguia contabilizando 14 estados con vetos casi totales. En Polonia, la restriccion impuesta en 2021 dejo al pais con una de las legislaciones mas duras de Europa, y aunque el Ejecutivo de Donald Tusk ha intentado corregir parte de ese escenario en la practica, la reforma legal de fondo sigue bloqueada.

Tampoco hace falta irse tan lejos para ver como un derecho reconocido puede vaciarse por la via de los hechos. En Hungria, el Gobierno de Viktor Orban impuso en 2022 la obligacion de que las mujeres escuchen el latido fetal antes de abortar, una medida leida como un paso mas en la presion institucional contra la interrupcion del embarazo. En Italia, donde abortar es legal desde 1978, el acceso sigue siendo muy desigual: la objecion de conciencia deja amplias zonas, sobre todo en el sur, con enormes dificultades para encontrar atencion, y el Gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado medidas que permiten a grupos antiabortistas entrar en las clinicas para tratar de disuadir a las mujeres.

Argentina ofrece otro aviso. La ley de 2020 sigue vigente, pero organizaciones y medios llevan meses alertando de que los recortes presupuestarios y el deterioro del acceso a anticonceptivos y medicamentos bajo el Gobierno de Javier Milei estan erosionando en la practica un derecho ya reconocido. Ese es precisamente el argumento que Moncloa quiere colocar sobre la mesa: no basta con que un derecho exista en la ley si una mayoria politica futura puede limitarlo, vaciarlo o convertirlo en una carrera de obstaculos. Blindarlo en la Constitucion busca anticiparse a ese riesgo.