Casi la mitad de los contratos de agencias, fundaciones y sociedades de la Xunta de Feijoo incumplieron la legalidad en 2018 : Entretenimiento de España
Casi la mitad de los contratos licitados en el año 2018 por las entidades instrumentales de la Xunta —fundaciones, agencias, consorcios, sociedades publicas, etcetera— incluyeron criterios de adjudicacion contrarios a la legalidad.
Asi lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia que alerta, ademas, de que esas entidades, que durante los mandatos de Alberto Nuñez Feijoo en Galicia (2009-2022) llegaron a gestionar mas del 15% del presupuesto autonomico, usaron los contratos menores de manera irregular.
El Consello fiscaliza el ejercicio de 2018 porque ese es el año en que entro en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Publico, que traspuso a la legislacion española la normativa europea. Se pretendia, segun su exposicion de motivos, dotar de mayor transparencia a las adjudicaciones y conseguir una mejor relacion calidad-precio en los bienes y servicios contratados por el sector publico.
Segun el informe del Consello de Contas, el 46% de los expedientes revisados que habian sido tramitados por las entidades descentralizadas de la Xunta por el procedimiento convencional abierto, es decir, mediante concurso publico y concurrencia de ofertas, “incluyeron criterios de adjudicacion susceptibles de anulacion por ser contrarios a la legalidad o a la doctrina de los organos de recursos contractuales”.
Transparencia e igualdad de trato
El organismo advierte de que esa circunstancia “puede actuar como factor restrictivo de la concurrencia” y que afecta “a los principios de transparencia e igualdad de trato restando objetividad al proceso de seleccion” de las empresas adjudicatarias.
Las entidades descentralizadas de la Xunta, cuya deuda crecio hasta los 631 millones de euros durante los años de Gobierno de Feijoo, adjudicaron mediante procedimiento abierto en el año 2018 un total de 477 contratos por un importe global de 251,32 millones de euros.
Ademas, agencias, fundaciones, empresas publicas y consorcios gastaron como minimo otros 51,12 millones de euros en contratos menores, es decir, aquellos en los que, segun la nueva normativa, no se superan los 40.000 euros en adjudicaciones de obras o los 15.000 euros en las de servicios. Esos contratos, recoge la ley, pueden otorgarse directamente a cualquier empresario sin necesidad de concurso.
En el 46% de las entidades cuyas adjudicaciones estudio el Consello, la administracion paralela de la Xunta uso ese procedimiento “para contratar prestaciones que responden a necesidades la contratacion menor recurrentes que se reiteran anualmente y cuyo importe, calculado de forma acumulada, excedia el limite que permite adjudicar de forma directa”.
“Esto evidencio un incumplimiento de la obligacion de planificar la actividad contractual y de las reglas de calculo del valor estimado de los contratos”, dice el estudio.
Fraccionamiento indebido en contratos menores
En el 15% de las entidades se detectaron ademas “supuestos de fraccionamiento indebido del objeto del contrato”, de forma que se adjudicaron de forma separada, mediante contratos menores, servicios entre los que existia “un vinculo operativo que exigia su licitacion conjunta a traves de otros procedimientos” mas garantistas.
Segun el informe del Consello de Contas, se advirtio tambien el uso irregular de los contratos menores “como contratos-puente” mientras no se resolvia la licitacion a traves de otros procedimientos, por cantidades que finalmente superaron con mucho el limite legal.
Como ejemplo, los auditores del organismo advierten que tres de esos contratos menores acabaron sumando gastos de 3,6 millones, 210.991 euros y 129.708 euros respectivamente.
“Los contratos revisados se adjudicaron directamente sin efectuar una minima comparacion de precios y ofertas”
El analisis del fiscalizador del Consello de Contas advierte asimismo de que la recomendacion de que la Administracion recabe al menos tres ofertas de empresas distintas para adjudicar un contrato en condiciones ventajosas de calidad y precio “fue excepcional” en las entidades descentralizadas de la Xunta. “Con caracter general, los contratos revisados se adjudicaron directamente sin efectuar una minima comparacion de precios y ofertas“.
“Fuera de aquellos casos en los que no resulta posible promover concurrencia, si no se justifica por que se elige ese adjudicatario y no se contrastan otras opciones, ademas de perjudicar la consecucion de un mejor precio, constituye un factor de riesgo para favorecer a una determinada empresa“, concluye el informe.
Durante los mandatos de Feijoo y tras su ascenso al liderazgo del PP se han producido numerosas denuncias sobre el trato de favor a determinadas sociedades por parte de la Xunta, incluidas algunas vinculadas a su entorno familiar.
