Documento final de la dictadura: cuando los militares quisieron hacer borron y cuenta nueva : Noticias de Argentina

Cuatro decadas atras, la Junta Militar dio a conocer el “documento final” con el que se trato de justificar los crimenes de lesa humanidad cometidos, a los que tildo de “errores”, y hacer borron y cuenta nueva de cara al futuro, al afirmar que las decisiones tomadas solo podian ser sometidas “ante el pueblo y el juicio de la historia”.

Tras la derrota en la Guerra de Malvinas, que sacudio a nivel interno y externo el regimen militar, y frente a los masivos reclamos sociales y politicos, la dictadura, a cargo del presidente de facto Reynaldo Bignone, no tuvo otra salida que empezar a diagramar el modo en que dejaria el poder y haria una transicion hacia la tan ansiada democracia.

Pero antes de dejar la Casa Rosada, los militares querian asegurarse que la opinion publica no se quedara con una mala imagen del autodenominado Proceso de Reorganizacion Nacional y para ello elaboro el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversion y el terrorismo”: en breves 16 carillas, la cupula represora intento fundamentar su accionar y reconocio que se habian cometido crimenes de lesa humanidad, aunque los tildo de “errores”.

Previo a la difusion del “Documento final”, el 14 de abril se reunieron en el Edificio Libertador los integrantes de la Junta Militar, Cristino Nicolaides, Jorge Isaac Anaya y Augusto Jorge Hughes, junto al presidente de facto, Bignone, para diagramar como se daria a conocer ese informe y como allanar el panorama para que pudiera ser bien interpretado por la poblacion: por esa razon tambien convocaron a ese encuentro al secretario de Informacion Publica, Clodoveo Battesti, y al ministro del Interior, Llamil Reston.

Segun consta en el acta 256, en aquella reunion se definio que tres dias antes de dar a conocer el informe se iban a “difundir en forma moderada, en noticieros de TV y radiales, imagenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturacion” y ponia como ejemplo “España (ETA), Italia (Brigadas Rojas), Alemania (Grupo Baader Meinhof), Francia (Brigadas Revolucionarias)”.

El “Dia D”, asi fue tildada por la dictadura la fecha elegida para emitir el documento final, fue el 28 de abril de 1983 a las 22: el modo elegido fue la cadena nacional.

Imagenes de gente caminando tranquilamente por calles y plazas, el transito en la zona del Congreso y rostros de transeuntes dan comienzo a la pieza audiovisual, para luego mostrar la silueta de la Argentina y explosiones sobre ella para contar sobre el accionar de la “subversion”, al que definio como un “ejercito clandestino”.

A lo largo de 44 minutos, el locutor leyo el “Documento final”, en el que la dictadura afirmo que la situacion de la Argentina respecto a las organizaciones guerrilleras era “inedita, excepcional y limite” y aclaraba que esos adjetivos eran “ciertos” y no buscaban “ningun proposito exculpatorio”.

Asimismo, reconocio que “en este marco, casi apocaliptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto belico, pudieron traspasar, a veces, los limites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al Juicio de Dios en cada conciencia y a la comprension de los hombres”.

“Aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar pudieron facilitar la comision de hechos irregulares y que fueron detectados han sido juzgados y sancionados por los consejos de guerra”, señalaron los represores.

Y, para ser explicitos sobre esos “errores”, la Junta Militar afirmo que “es el tema de los desaparecidos el que con mas fuerza golpea los sentimientos humanitarios legitimos, el que con mayor insidia se emplea para sorprender la buena fe de quienes no conocieron ni vivieron los hechos que llevaron a esta situacion limite”.

Sin embargo, en el texto manifestaron que muchos de los desaparecidos residian en el exterior “con identidad falsa”; habian caido en distintas acciones y habian sido sepultados en lugares desconocidos por sus propios compañeros; o habian sido enterrados “legalmente” como “NN” por las autoridades, ya que “muchos de los caidos en enfrentamientos con las fuerzas legales no tenian ningun tipo de documento o poseian documentacion falsa”.

“La nomina de desaparecidos puede ser artificialmente aumentada si se computan los casos no atribuibles al fenomeno terrorista, que se registran habitualmente en todos los grandes centros urbanos”, añadieron, a la vez, desmintieron que hubiera “lugares secretos de detencion”.

Sobre el final del documento se establece una de las definiciones mas fuertes: “Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nominas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos juridicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicacion de sus sepulturas”.

Ademas, tambien esbozaron el intento de lograr la impunidad a los crimenes de lesa humanidad cometidos: “Únicamente el juicio historico podra determinar con exactitud a quien corresponde la responsabilidad directa de metodos injustos o muertes inocentes”.

Para mostrar una simulada transparencia, se anuncio que se iba a poner “a disposicion para consulta” informacion como la “nomina de los integrantes de las organizaciones terroristas actualmente condenados y bajo proceso por la Justicia Federal y por los Consejos de Guerra, y detenidos a disposicion del Poder Ejecutivo”; “pedidos de paradero (presuntos desaparecidos) registrados por el Ministerio del Interior desde el año 1974”; “pedido de paraderos solucionados por via judicial o administrativa”; y “bajas producidas por la accion terrorista”.

Al dia siguiente, decenas de familiares de desaparecidos se agolparon frente a las puertas de Moreno 717, una oficina del Ministerio del Interior, para ver si habia noticias de sus parientes en la informacion que ofrecio el Gobierno militar.

Pese a las intenciones de la Junta Militar, el “documento final” no logro acallar las voces criticas y dirigentes politicos y sindicales lo cuestionaron, asi como desde el exterior tambien llegaron rechazo como los de los gobiernos de Italia y España e incluso del Vaticano, entre otros.