DOCUMENTO: Justicia pide reconsiderar fallo de corte federal en caso de noticias que el Estado diga son falsas : Noticias de Puerto Rico
El Departamento de Justicia pidio una reconsideracion a la decision del juez federal Pedro Delgado Hernandez, que declaro inconstitucional una parte de la Ley 66 del año 2020, que tipifica como delito compartir informacion que el gobierno considere como falsa durante emergencias en Puerto Rico.
Desde el año 2017 han ocurrido en la Isla las emergencias de los huracanes Irma y Maria, el terremoto que se origino en el sur de Puerto Rico y cuyas secuelas no se han detenido hasta el presente, y la pandemia de covid-19, entre otros escenarios.
El injunction preliminar y permanente fue presentado el viernes 28 de abril, a nombre del gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia; el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernandez; el secretario del Departamento de Seguridad Publica, Alexis Torres Rios, y el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico, Antonio Lopez Figueroa.
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La decision del juez federal Delgado Hernandez, que el gobierno de Puerto Rico pidio reconsiderar, es por el caso civil #20-01235.
Este caso fue presentado en el Tribunal Federal en Puerto Rico por la Union Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles), en representacion de los periodistas Sandra Rodriguez Cotto y Rafelli Gonzalez Cotto, quienes reclamaron ante el Tribunal Federal que la ley podia usarse para sancionarlos por sus articulos sobre emergencias publicas, en particular los reportajes que reflejaran una imagen negativa del gobierno.
Reacciones al injunction del gobierno
Gonzalez Cotto explico que es un pedido de “reconsideracion. Lo que pasa es que tambien piden que reconsoliden las controversias para empezar de nuevo el caso”.
El juez federal Delgado Hernandez emitio su decision casi tres años despues de que le tocara el caso.
Por su parte, Rodriguez Cotto expreso en sus redes sociales y en su blog En Blanco y Negro con Sandra, que “esta fue la ultima ley que dejo el exgobernante Ricky Rossello, firmo la exgobernadora Wanda Vazquez y mantuvo el incumbente Pedro Pierlusi. Permitiria al gobierno procesar criminalmente con tres años de carcel y multas de entre $5,000 a $10,000 a cualquier periodista o ciudadano que divulgue lo que el gobierno entienda que son rumores o noticias falsas durante estados de emergencia como la pandemia, terremotos o un huracan”.
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Caso llevado por la ACLU
La decision del juez Delgado Hernandez fue descrita por la ACLU en el momento en que se anuncio como “una importante victoria para la libertad de prensa y la libertad de expresion. Un Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico accedio a la solicitud de la Union Estadounidense de Libertades Civiles de derogar una ley de Puerto Rico que convertia en delito dar a sabiendas una ‘falsa alarma’ sobre emergencias publicas, sosteniendo que la funcion de vigilancia de la expresion nunca es mas vital que durante una crisis a gran escala”.
De acuerdo al Tribunal Federal, que la ley violaba la Primera Enmienda de la Constitucion de Estados Unidos “porque su amplio alcance creaba un peligro de abuso partidista o aplicacion selectiva, lo que permitia al gobierno suprimir o congelar el discurso que contradice su narrativa oficial. En lugar de criminalizar el discurso, la Asamblea Legislativa simplemente podria haber requerido que el Gobierno utilizara sus multiples plataformas de comunicacion para presentar una descripcion completa y precisa de los hechos” relacionados con emergencias en Puerto Rico.
“Esta es una victoria historica para la libertad de prensa”, dijo Brian Hauss, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnologia de la ACLU. “Nos complace que la corte haya reconocido que la transparencia, en lugar de la censura, es la clave para la seguridad publica en una sociedad libre y democratica”.
La ACLU y la ACLU de Puerto Rico argumentaron ante el Tribunal, “que la ley de Puerto Rico violaba la Primera y la Decimocuarta Enmienda porque su terminologia imprecisa y su amplio alcance le daban a la gente muy poca orientacion sobre que discurso puede constituir un delito, y el gobierno tenia demasiada discrecion para decidir a quien procesar.
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“Esta victoria envia un mensaje inequivoco de que, en Puerto Rico, donde la transparencia, la rendicion de cuentas y la supervision son casi inexistentes, la prensa no puede ser silenciada”, dijo por su parte William Ramirez, director ejecutivo de la ACLU de Puerto Rico.
De acuerdo a la ACLU, “la ley amenazo con congelar la informacion sobre la crisis del covid-19 y otras emergencias, porque los periodistas corrian el riesgo de ser procesados si el gobierno cuestionaba la precision de sus informes. Aquellos que violen la ley podrian enfrentar hasta tres años de carcel y una multa de hasta $5,000.
“La declaracion de un ‘estado de emergencia’ nunca debe usarse para promover la censura y la represion”, afirmo Fermin Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico. “Esta es una victoria importante para los periodistas en Puerto Rico y en todo Estados Unidos”.
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“Ningun periodista en Puerto Rico debe permitir la interferencia indebida del gobierno para restringir el derecho a la libertad de expresion que esta consagrado tanto en la constitucion federal como en la puertorriqueña, y mucho menos cuando se declara y esta en vigor un estado de emergencia”, dijo Gonzalez Cotto. “La informacion falsa solo se puede combatir con informacion verdadera, no con amenazas de encarcelamiento y grandes multas bajo la ley penal”, añadio el periodista.
De su parte, Rodriguez Cotto expreso que “ya se habia enfrentado a intimidaciones por intentar informar la verdad” cuando fue denunciada por el exjefe de gabinete del gobernador despues de que cuestiono la plausibilidad del numero oficial de muertos del gobierno por el huracan Maria. Eventualmente se supo que el huracan cobro mas de 3,000 vidas, en lugar de las 64 muertes reportadas inicialmente por el gobierno.
“Como periodistas, nuestro unico deber es informar al publico. Que este caso sirva como un recordatorio de que debemos estar atentos para defender la libertad de prensa de cualquier intento de obstruir el acceso del publico a la informacion”, concluyo”, Rodriguez Cotto.
