DOCUMENTO: No Ha Lugar a reconsideracion en caso de noticias que el Estado diga son falsas : Noticias de Puerto Rico
El juez federal Pedro Delgado Hernandez declaro No Ha Lugar al pedido de reconsideracion que presento el Departamento de Justicia a una decision suya, en la que declaro inconstitucional una parte de la Ley 66 del año 2020, que tipificaba como delito compartir informacion que el gobierno considere como falsa durante emergencias en Puerto Rico.
“La funcion de vigilancia de la expresion nunca es mas vital que durante una crisis a gran escala”, dijo el juez Delgado Hernandez en su decision por el caso civil #20-01235, que fue anunciada ayer miercoles 14 de junio.
Desde el año 2017 han ocurrido en la Isla las emergencias de los huracanes Irma y Maria, el terremoto que se origino en el sur de Puerto Rico y cuyas secuelas no se han detenido hasta el presente, y la pandemia de Covid-19, entre otros escenarios.
Segun la investigacion, la mayoria de los decesos estan relacionados a la demora en la atencion medica.
Este caso fue presentado en el Tribunal Federal en Puerto Rico por la Union Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles), en representacion de los periodistas Sandra Rodriguez Cotto y Rafelli Gonzalez Cotto, quienes reclamaron ante el Tribunal Federal que la ley podia usarse para sancionarlos por sus articulos sobre emergencias publicas, en particular los reportajes que reflejaran una imagen negativa del gobierno.
La ACLU indico que el tribunal dictamino este año que la ley violaba la Primera Enmienda a la Constitucion de Estados Unidos, porque su amplio alcance creaba un peligro de abuso partidista o aplicacion selectiva, lo que permitia al gobierno reprimir o congelar el discurso que contradice su narrativa oficial. “En lugar de criminalizar el discurso”, expreso el tribunal, “la Asamblea Legislativa simplemente podria haber requerido que el Gobierno utilizara sus multiples plataformas de comunicacion para presentar una descripcion completa y precisa de los hechos” relacionados con las emergencias en Puerto Rico.
La ACLU y la ACLU de Puerto Rico argumentaron que la ley de Puerto Rico brindaba muy poca orientacion a las personas sobre que discurso puede constituir un delito y que el gobierno tenia demasiada discrecion para decidir a quien procesar.
“Nos complace que la corte haya reafirmado su importante defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresion”, dijo Brian Hauss, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnologia de la ACLU. “La transparencia del gobierno, en lugar de la censura, es la clave para la seguridad publica en una sociedad libre y democratica”.
De acuerdo a la ACLU, “si se hubiera mantenido vigente, la ley habria impedido informar sobre la crisis del Covid-19 y otras emergencias porque los periodistas corrian el riesgo de ser procesados si el gobierno cuestionaba la precision de sus informes. Aquellos que violen la ley habrian enfrentado penas de hasta tres años de carcel y una multa de hasta $5,000”.
Injunction del Departamento de Justica
Justicia habia presentado el injunction preliminar y permanente el viernes 28 de abril, a nombre del gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia; el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernandez; el secretario del Departamento de Seguridad Publica, Alexis Torres Rios, y el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico, Antonio Lopez Figueroa.
El Departamento de Justicia pidio una reconsideracion a la decision del juez federal Pedro D…
Reacciones al injunction del gobierno
El 28 de abril Gonzalez Cotto explico que es un pedido de “reconsideracion. Lo que pasa es que tambien piden que reconsoliden las controversias para empezar de nuevo el caso”.
Por su parte, Rodriguez Cotto expreso en sus redes sociales y en su blog En Blanco y Negro con Sandra, que “esta fue la ultima ley que dejo el exgobernante Ricky Rossello, firmo la exgobernadora Wanda Vazquez y mantuvo el incumbente Pedro Pierlusi. Permitiria al gobierno procesar criminalmente con tres años de carcel y multas de entre $5,000 a $10,000 a cualquier periodista o ciudadano que divulgue lo que el gobierno entienda que son rumores o noticias falsas durante estados de emergencia como la pandemia, terremotos o un huracan”.
El juez Delgado Hernandez emitio su primera decision casi tres años despues de que le tocara el caso civil #20-01235.
