“Es el infractor numero 1 de Ávila” – Pitirre

El chalet que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en La Adrada (Ávila) continua en un litigio por sus presuntas irregularidades; una ilegalidad que ya quedaria certificada despues de la respuesta que la Fiscalia Provincial ha dado al denunciante de la situacion, Fernando Jabonero, quien lleva años poniendo pie en pared contra la vivienda del magistrado que investiga a Begoña Gomez.

Sin embargo, tal y como ha podido saber este medio y despues de que el organismo juridico explicara que el caso ya ha prescrito, el denunciante dirige un nuevo escrito en el con el que pide la investigacion de la actuacion del Ayuntamiento de la localidad, al que acusa de incurrir en un delito de omision. “El trabajo de la Fiscalia es impecable, pero esta desenfocado con lo que era mi peticion”, explica a este periodico.

La parte que interpuso la denuncia lamenta que el Consistorio “no hizo nada” hasta que recibio el aviso, justo por parte de la Fiscalia, pero que, tras ello, la forma de operar por parte del equipo municipal -en manos del PP- es, cuando menos dudosa. “Encargaron la inspeccion a una persona que no era funcionaria, lo que supone acumular ilegalidades a las ilegalidades”, expresa.

Con esto, Jabonero define al juez que investiga a la mujer de Pedro Sanchez como el “infractor numero 1 de la provincia de Ávila” y a la alcaldesa de La Adrada, Pilar Martinez, de complice. “Omitio un deber fundamental y penalmente tipificado en el articulo 320.1 del Codigo Penal”, subraya.

El escrito de la Fiscalia

El denunciante destaca en sus protestas que el inmueble del magistrado no dispone de licencia de primera ocupacion, ni de conexion a los servicios de evacuacion de aguas residuales, cuestiones todas ellas que la Fiscalia Provincial remite al Servicio de Proteccion de la naturaleza (SEPRONA) para su analisis.

El texto, al que tuvo acceso este medio de comunicacion, contempla que “tratandose de la construccion de una vivienda aislada, no vinculada a explotacion agricola, ganadera o de cualquier otro uso propio del suelo rustico”, su uso podria “no ser permitido”. “No parece ser acorde a la legalidad urbanistica”, deslizan las lineas. “Evidentemente, se trata de una edificacion en suelo no urbano”, remacha en la conversacion con este medio.

Los hechos podrian suponer “la pena establecida en el articulo 404 (del señalado Codigo)”, lo cual trae consigo la inhabilitacion especial para empleo o cargo publico por tiempo de siete a diez años, asi como la prision de medio año a dos años o la multa de doce a veinticuatro meses.

“Criminalidad urbanistica”

Lo cierto es que el documento de la Fiscalia Provincial es bastante lapidario contra el inmueble, mas alla de que la situacion, en principio, haya prescrito. Prueba de ello es que habla directamente de “criminalidad urbanistica” de la siguiente manera.

“Las irregularidades apreciadas en la tramitacion del expediente por concesion de una licencia, con informe favorable del arquitecto municipal y la posterior inactividad municipal tras los escritos del promotor de los años 2006 y 2013 serian conductas con indicios de criminalidad urbanistica”.

El Ayuntamiento tambien aparece como señalado en la decision fiscal, aunque no como objeto principal de la respuesta, razon por la que Jabonero remite un nuevo escrito. Sobre el Consistorio, el organismo concluye que no cuenta “con indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021”.

La denuncia se remonta a un texto elevado sobre la construccion del chalet por parte del magistrado que investiga a Gomez. Segun dicha denuncia, el juez habria pedido una primera licencia de obra mayor a finales de 2004 y le fue concedida como suelo urbanizable, pero no urbano, como explica el protagonista de estas lineas.

Esto quiere decir que en esa parcela no se podia construir en aquel momento, por el contrario habia que desarrollar un plan parcial que obligase a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes como pudieran ser zonas verdes, calles y otros equipamientos. Pasan los años y no es hasta 2017 cuando llega la calificacion de suelo urbano, una vez que la casa ya esta construida y el PP se encuentra en el Ejecutivo.

En otro orden de cosas, la Fiscalia ha estudiado tambien los aspectos que la denuncia apuntaba sobre la piscina de la vivienda y sus posibles irregularidades, explicando que desde marzo de este año hay un informe favorable a la solicitud del juez para incluir esta parte de la casa. En cualquier caso, teniendo claro el orden cronologico de los hechos sucesivos, lo mas significativo es que durante mas de una decada la vivienda estuvo en una especie de limbo legal.

Lo grave, mas alla de la propia edificacion, es que el Ayuntamiento, pese a disponer de un informe desfavorable del arquitecto municipal -advirtiendo de la irregularidad-, no reclamo la suspension de la obra ni insto a reformular el proyecto. Tampoco activo ningun mecanismo sancionador; todo esto pese a que las fotografias aereas aportadas por la Guardia Civil demostraban que las obras seguian adelante.