La Fiscalia pide amnistiar a los encausados por el ‘proces’ y levantar la orden de detencion contra Puigdemont : Noticias de España
De los dos escritos elaborados por el Ministerio Publico, el primero se dirige al instructor Pablo Llarena y el segundo al tribunal de la Sala de lo Penal que asumio el juicio del proces con Manuel Marchena al frente. La Fiscalia requiere a esta Sala que declare extinguida la responsabilidad penal de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados en 2019 y posteriormente indultados por el Gobierno de Pedro Sanchez. Tambien reclama que se declare el sobreseimiento libre de las actuaciones contra Clara Ponsati, procesada por un delito de desobediencia.
Pese a que los indultos perdonaron las penas de prision, la aplicacion de la amnistia va mucho mas alla. Tal y como reclama la Fiscalia, el encaje de la amnistia en la causa implicaria la finalizacion de las penas de inhabilitacion que aun pesan sobre los condenados, asi como la “extincion de las “responsabilidades civiles y contables”. Y, por ultimo, supondria “la eliminacion de los antecedentes penales derivados de la condena impuesta”. En definitiva, la aplicacion de la amnistia significa el borrado total de los hechos delictivos que condeno el tribunal.
Otra distincion entre los indultos y la ley de amnistia es que esta ultima medida de gracia tambien afecta a aquellos sobre los que no pesa una condena firme, como es el caso de Carles Puigdemont, Toni Comin, Lluis Puig y Marta Rovira, fugados en el extranjero. Los delitos por los que se les investiga, a juicio de la Fiscalia, encajan en la amnistia, asi que la institucion ha pedido que se archiven las pesquisas y se retiren “las medidas cautelares que se encuentren vigentes”.
No hubo “proposito de enriquecimiento”
La ley de amnistia acota a traves de varias indicaciones los delitos de malversacion a los que se debe aplicar la medida de gracia. Se amnistiaran cuando se de por acreditado que iban dirigidos a financiar el proces, “siempre que no haya existido proposito de enriquecimiento”. La norma dicta igualmente que no se apreciara enriquecimiento cuando el proposito del malversador no fuera “obtener un beneficio personal de caracter patrimonial”.
El Tribunal Supremo ya determino, tras la reforma del delito de malversacion, que los condenados por el proces incurrieron en animo de lucro. El informe de la Fiscalia, construido sobre la tesis de Álvaro Garcia Ortiz, pone de relieve “las diferencias” entre el animo de lucro y el “proposito de enriquecimiento”. A juicio del Ministerio Fiscal, “el desvio de fondos publicos” para sufragar las consultas de noviembre de 2014 y de octubre de 2017 no supuso “animo de enriquecimiento” ni la “obtencion de un beneficio patrimonial personal”.
La conclusion se resume en el siguiente parrafo: “Parece razonable concluir que los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse comprendidos en el ambito objetivo de aplicacion de la ley y, por consiguiente, amnistiados”. Esta interpretacion, “se compartan o no las motivaciones politicas, ideologicas o incluso filosoficas” del legislador, “constituye la hipotesis interpretativa que en mayor medida contribuye a la consecucion de los fines perseguidos con la aprobacion de esta norma”.
Los intereses financieros de la Union Europea
Otra de las condiciones que establece la norma para amnistiar los delitos de malversacion es que estos no afectaran “a los intereses financieros de la Union Europea”. Otro requisito cumplido, a juicio de Fiscalia. Los fiscales del proces, que en el debate de este martes defendieron una posicion completamente opuesta a la de Garcia Ortiz, consideran que la malversacion del proces pudo afectar a los intereses financieros de la UE en tanto que perseguia escindir una parte de su territorio. Pero el informe de la Fiscalia explica que “los condenados siempre fueron perfectamente conscientes de que resultaba inviable la proclamacion de la Republica de Cataluña”.
Ademas, el documento subraya que “los fondos desviados no eran fondos europeos”, sino que formaban parte de los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estados”. “El presupuesto de la Union no sufrio impacto alguno a causa del desvio de fondos para la celebracion de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017”, concluye el Ministerio Publico.
