La curiosa coincidencia de la regularizacion del chalet del juez Peinado y el inicio de su causa contra Begoña Gomez – Pitirre

El chalet del que el juez que investiga a Begoña Gomez, Juan Carlos Peinado, es propietario en La Adrada (Ávila) esta rodeado de polemica y oscurantismo, tambien en los tiempos. Puede ser mera curiosidad, pero no deja de llamar la atencion una cuestion que relaciona directamente a la vivienda con su analisis sobre las actuaciones de la mujer de Pedro Sanchez.

El 16 de abril el magistrado empieza a dar luz verde a su empeño por encontrar algo punible en unas acciones que, a fecha del momento de publicacion de estas lineas, todavia no ha dado el resultado que el protagonista del presente articulo desharia. Es apenas dos meses mas tarde, concretamente el 12 de junio, cuando el Ayuntamiento del municipio, en poder del Partido Popular, da un paso decisivo para comenzar la regularizacion del inmueble.

Ese dia, tal y como se desprende del decreto de archivo al que ha tenido acceso este medio, la junta de gobierno que preside la alcaldesa Pilar Martinez Saguar concedio “por unanimidad” permiso para que el chalet se conectara a la red de evacuacion de redes fecales.

Las obras de la vivienda que denuncio este medio

Este periodico desvelaba en exclusiva hace aproximadamente un año que el juez Peinado fue condenado a abonar a una constructora de la provincia de Ávila la cantidad de 75.366,61 euros por realizar obras en el inmueble señalado. Es esta la manera en la que se establecio en una sentencia dictada previamente por el Juzgado de Primera Instancia numero 81 de Madrid.

Segun revelo este periodico, el origen del conflicto se origino porque el chalet en construccion del juez carecia -siempre atendiendo a la sentencia judicial a la que tuvo acceso este medio de comunicacion- de “la necesaria conexion del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal de saneamiento”. La Justicia dejo claro sobre esta cuestion que la “unica responsabilidad” recaia exclusivamente sobre el juez que ahora lidera la causa contra la esposa del presidente.

En el juicio que tuvo lugar, el magistrado defendio que la “planta sotano” del chalet, que aparecio inscrito en el Catastro Inmobiliario como un almacen se encontraba “totalmente inundado, alcanzando las aguas una altura de unos 30 centimetros y habiendose producido multitud de humedades en los parametros de la fachada”, y la Audiencia Provincial de Madrid sentencio que, como se ha señalado unas lineas mas arriba, la vivienda no disponia “de la necesaria conexion del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal”.

“Criminalidad urbanistica”

El escrito reciente del organo juridico de Ávila al que ha tenido acceso ese periodico sostiene que se perciben indicios de “criminalidad urbanistica”. En este sentido, el Ministerio Publico considera que el Consistorio de la localidad pudo haber incurrido en prevaricacion al permitir la construccion del inmueble de manera irregular.

Si bien es cierto que el caso se ha terminado archivando por la prescripcion de los hechos, la Fiscalia hace alusion a “irregularidades apreciadas en la tramitacion del expediente” que podrian considerarse pruebas de “conductas con indicios de criminalidad urbanistica”. Asi las cosas, habla de un “uso no permitido” aunque se trate de “delitos prescritos”.

El texto tambien emite que no se pusieron en marcha actuaciones para cumplir con la normativa urbanistica a pesar del informe del arquitecto local que ya venia advirtiendo de las irregularidades. Con todo, pese a los indicios que probarian un delito de prevaricacion urbanistica, el Ministerio termino por archivar la causa al amparo de que “no contamos con indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021”.

La Fiscalia recibio la denuncia acerca de la construccion del inmueble poniendo el foco en que el magistrado llego a pedir una primera licencia de obra mayor a finales de 2004, la cual se concedio como suelo urbanizable, en ningun caso urbano. La diferencia es importante porque para poder operar se tendria que haber desarrollado un plan parcial que habria obligado a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes.

La calificacion de suelo urbano llegaria 13 años mas tarde -2017-, una vez que el domicilio estaba ya terminado cuando se “regulariza” la situacion. Se podria decir, por consiguiente, que el inmueble del magistrado se encontro en una especie de limbo legal durante mas de una decada.

No pasa desapercibido que el juez que investiga penalmente a la mujer del presidente del Gobierno lleva mas de un año haciendolo en el marco de una controvertida instruccion. Tanto es asi que por momentos le ha llevado al magistrado a corregirse a si mismo y que en el transcurso de la misma ha acumulado momentos cuanto menos polemicos a los que ahora ha sumado una peticion al Supremo para que investigue al ministro de Justicia, Felix Bolaños.