Nueve militares son imputados de crimenes de guerra y lesa humanidad por falsos positivos : Noticias de Colombia
El general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejercito Nacional, y otros ocho militares fueron imputados este miercoles de crimenes de guerra y de lesa humanidad por 130 casos de ejecuciones extrajudiciales ─llamadas tambien falsos positivos─ en el oriente de Antioquia.
Asi lo dio a conocer la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP), que documento que entre el 2002 y el 2003 las unidades tacticas pertenecientes a la IV Brigada del Ejercito asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios antioqueños, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorna. Asimismo, determino que el fenomeno criminal se inscribio en la politica del conteo de cuerpos, es decir, la imposicion de las muertes en combate como unico indicador de exito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados de la institucion castrense.
La presion por “muertes en combate”, de acuerdo con la JEP, fue ejercida por el entonces comandante de la Brigada, el general Montoya, y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallon de Infanteria No. 4 Jorge Eduardo Sanchez, sobre los miembros de las unidades tacticas a traves de los programas radiales. Por estos mismos crimenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Ivan Dario Pineda Recuero, antiguos dirigentes del Batallon de Medellin. Como coautores fueron imputados el comandante de peloton en las baterias Deriva, Atacador y Cañon, subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales; el comandante de la bateria Bombarda y Cañon, teniente Nelson Enrique Carvajal Chisco; el comandante del peloton Atacador 1, subteniente Edwin Leonardo Toro; el comandante de la bateria Cañon, subteniente Jose Alejandro Ramirez; el comandante del peloton Bombarda 1, subteniente Diego German Guzman Patiño, y el soldado regular Óscar Ivan Mayo Marulanda.
Documentacion de la JEP
La acusacion se sustenta en que la Sala de Reconocimiento de Verdad encontro que la obligacion impuesta por Montoya Uribe a las unidades tacticas de reportarse en terminos de “litros”, “chorros”, “rios”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente. La presion se combino con mensajes que desincentivaban la produccion de otra clase de resultados, como las capturas, y que llevaban a ignorar deliberadamente los deberes legales e institucionales que tenian los militares. “Los imputados instigaron o indujeron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetracion”, afirma el Tribunal.
El rol que cada uno de ellos ocupo para la epoca de los hechos en la institucion militar los puso en capacidad de incidir directamente en la aparicion y consolidacion del patron macrocriminal, en el que se enmarcan los crimenes imputados. Respecto de los comandantes de brigada y batallon, en particular, la Sala tuvo en cuenta su posicion de garantes y la implementacion por ellos de una politica de facto que no tenia en cuenta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que puso en riesgo a la poblacion civil.
El proceso
La imputacion se da en el Subcaso Antioquia I, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegitimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre el 2002 y el 2003 en el oriente antioqueño. En el caso del general (r) Montoya, la JEP lo imputo a titulo de autor de crimenes de guerra y de lesa humanidad por mentir sobre el numero de bajas y encubrir casos de extralimitacion del uso de la fuerza asi como por presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados
La Sala continua investigando los hechos en Antioquia entre el 2004 y el 2006, y algunos hechos ilustrativos del 2007, asi como la presunta responsabilidad del general Montoya en otros hechos de ejecuciones extrajudiciales mientras fue Comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejercito Nacional. Tambien se sigue investigando los crimenes cometidos por agentes del Estado en connivencia, asociacion u operaciones conjuntas con grupos paramilitares en Antioquia en el marco del Caso 08. Hasta el momento, la JEP ha imputado a 62 personas por falsos positivos.
*Con informacion de la JEP.
