El lobby sionista que denuncio las protestas en La Vuelta llevo sin exito a los tribunales a Belarra, Colau y activistas contra el genocidio
La pretension de la asociacion Accion y Comunicacion sobre Oriente Medio (ACOM) de suspender La Vuelta ciclista, ante un supuesto «riesgo cierto e inminente de la vida e integridad de los deportistas», no salio adelante al inadmitir el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la denuncia por falta de competencia. En su peticion, la organizacion sionista presidida por Ángel Guillermo Mas ponia el foco sobre los promotores de las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competicion.
En concreto, la denuncia de ACOM se dirigia contra la Red Solidaria contra la Ocupacion Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida e, incluso, el director tecnico de la Vuelta, Kiko Garcia. En ella, la organizacion sionista achacaba los delitos de odio, contra la seguridad vial, desordenes publicos y lesiones por los incidentes ocurridos los dias 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
Este ultimo movimiento, inadmitido por la Audiencia Nacional, se suma a las multiples acciones desarrolladas por esta organizacion especialmente desde 2015 (se fundo en 2004), que abarcan el ambito politico, social y judicial. En este ultimo campo, sus decenas de denuncias y querellas han desembocado en la apertura de al menos 15 causas judiciales, segun los datos y documentos oficiales recabados por Publico. Seis de ellas, presentadas por diferentes delitos contra la exministra Ione Belarra, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, varios manifestantes propalestinos y diversos ayuntamientos con gobiernos progresistas, tampoco tuvieron exito.
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Por otro lado, diferentes tribunales han avalado en otras siete ocasiones las peticiones de ACOM contra las resoluciones y acuerdos adoptados por otros consistorios de izquierdas a favor de la campaña Boikot, Desinversion y Sanciones (BDS) y de apoyo al pueblo palestino.
Contra el «antisemitismo de la izquierda y la ultraizquierda»
Este periodico ha tratado de ponerse en contacto con dicha organizacion, sin exito. No obstante, tal como explico su director en el portal Nuevo Mundo Israelita, el evento detonante para su fundacion fue «la concienciacion de que existia una oportunidad en España para presentar la perspectiva a favor de Israel desde el punto de vista politico, mediatico e incluso legal, de parte de ciudadanos españoles que pensabamos que habia una comunion de intereses y valores entre España e Israel».
Su director, natural de Murcia, señalo que «España, como toda Europa y muchos paises del mundo, sufre el fenomeno del antisemitismo, pero tiene particularidades, sobre todo, que la actividad antisemita venia de la izquierda y la ultraizquierda».
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Amparo a la libertad de expresion
En el camino judicial emprendido por ACOM, el lobby sionista ha sufrido sonados reveses. En septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia desestimo el recurso de apelacion contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion 6 de Sueca, que no vio delito de odio en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna a favor del pueblo palestino.
En mayo de 2020, la Audiencia Provincial de Cadiz desestimo el recurso de apelacion interpuesto por este lobby contra miembros de
la Junta de Gobierno Local de esta ciudad. Segun ACOM, el consistorio liderado entonces por Jose Maria Gonzalez Kichi «aprobo adherirse a un movimiento
discriminador y antisemita como es ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israeli) y BDS». En ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo lo propio al desestimar el recurso de apelacion interpuesto por la organizacion contra el auto de 12 de septiembre de 2018 sobre un acuerdo adoptado en favor de la causa palestina en Valencia.
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Las siguientes derrotas llegaron en 2024, alcanzando un mayor impacto mediatico. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimo la iniciativa de ACOM contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien acusaba de los delitos de odio (pena de prision de uno a cuatro años) y prevaricacion (incluye penas de prision e inhabilitacion) por suspender las relaciones del Ayuntamiento con Israel.
Tambien, el Tribunal Supremo archivo la
denuncia de ACOM contra Ione Belarra por sus declaraciones sobre Israel cuando
era ministra. El lobby sionista acuso a la lider de Podemos de un delito de odio por señalar, entre otras cosas, que “Israel esta llevando a cabo
un genocidio planificado», pero el alto tribunal considero que sus expresiones «estan amparados por la libertad de expresion y no pueden ser sancionadas penalmente».
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Asimismo, la Audiencia Nacional desestimo en septiembre de 2024 dos recursos de apelacion formulados tras desestimarse dos querellas por la presunta comision de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Estos iban dirigidos contra
unos manifestantes que profirieron canticos contra el genocidio israeli en una
manifestacion en Madrid.
En otras ocasiones, las iniciativas de ACOM en los tribunales o ante el mismo Gobierno ni siquiera fueron admitidas a tramite, en este caso contra el ministerio de Pablo Bustinduy. En 2024, la organizacion presento un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Derechos Sociales por el envio de cartas a empresas españolas que operan en territorios ocupados por Israel recordandoles sus obligaciones en materia de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La Audiencia Nacional inadmitio el recurso en julio de 2024. En el mes de diciembre de ese año, ACOM presento un recurso de reposicion, tambien sin exito, contra un acuerdo del Consejo de Ministros por el que se destinaban, a traves de Derechos Sociales, 900.000 euros a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Proximo. Bustinduy explico en un tuit publicado en su cuenta personal como opera esta organizacion sionista: “Estas tecnicas de intimidacion estan tristemente de actualidad. Su objetivo no es otro que coartar la capacidad politica de nuestra democracia y, en este caso, silenciar el genocidio del pueblo palestino”.
Victorias judiciales
Por otro lado, ACOM ha salido airoso hasta en siete ocasiones tras sus denuncias contra varios ayuntamientos progresistas por mostrar su apoyo a la causa palestina a traves de resoluciones y mociones. De hecho, la mas importante fue la ultima, cosechada en el Tribunal Supremo en septiembre del 2022. El alto tribunal considero que los acuerdos de ayuntamientos para no suscribir convenios con instituciones israelies, ni contratar con empresas vinculadas con este pais, son «discriminatorios» y «vulneran» derechos fundamentales.
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El Supremo fijo este criterio tras analizar el caso concreto del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), que en julio de 2016 aprobo un acuerdo en el que se sumaba al movimiento Boicot, Desinversion y Sanciones contra Israel (BDS), anunciando ademas medidas concretas respecto a la relacion hacia empresas e instituciones de este pais.
De esta manera, anulo el punto que pedia «adoptar las medidas legales oportunas» para impedir «contratar servicios o comprar productos a empresas complices de violaciones del Derecho Internacional de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos». Asimismo, hizo lo mismo con el apartado que acordaba «no suscribir ningun convenio o acuerdo con instituciones publicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio economico de la violacion del Derecho Internacional».
Mucho antes, en julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifico la decision del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid de anular, a raiz de una denuncia de ACOM, el acuerdo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de adhesion a la campaña
«Boikot, Desinversion y Sanciones (BDS) contra el apartheid israeli». Esta iniciativa partio de los grupos municipales Somos Rivas y Rivas Puede
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En febrero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 15 de Barcelona estimo un recurso de
ACOM y anulo un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montcada i
Reixac (Barcelona) del 22 de diciembre de 2017 (punto 7.1), en el que el consistorio se adheria a la campaña BDS contra el Estado de Israel.
Asimismo, en diciembre de 2019, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Santander estimo el
recurso interpuesto por ACOM contra una resolucion del pleno del Ayuntamiento de Camargo que manifestaba su adhesion y
apoyo a la resolucion del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014, por la
que «se reconocia el Estado de Palestina y mostraba su solidaridad con la
poblacion de Palestina».
Tambien en diciembre de 2019, el mismo organo estimo el recurso interpuesto por ACOM contra una resolucion
del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) por la que se
acordo declarar la localidad «Espacio Libre de Apartheid Israeli (ELAI)». En consecuencia, el tribunal anulo el citado acuerdo.
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Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra revoco, tras un recurso interpuesto por ACOM, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Huarte a favor de una «mocion sobre Palestina».
El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmo en diciembre de 2021 la anulacion de parte de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valencia en apoyo del pueblo palestino y del movimiento BDS.
