Empinada la cuesta: peligran los objetivos de conservar el 30% de los terrenos en Puerto Rico : Noticias de Puerto Rico
La conservacion de, al menos, un 30% de los terrenos de Puerto Rico dentro de la proxima decada –un objetivo que comparten sectores ambientalistas, la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) y las herramientas de planificacion vigentes en el pais– continua enfrentando un camino espinoso, cerca de siete años despues de que se declararan las ultimas reservas naturales y ante la inminente aprobacion de un Reglamento Conjunto de Permisos que, segun algunos expertos, facilitaria el desarrollo de proyectos de construccion en areas sensitivas.
“La Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza –que es como la madre de las organizaciones de conservacion en el mundo– establece unos criterios. Principalmente, es que exista una proteccion legal, pero, ademas, que tengan un manejo y una ejecucion de las leyes y reglamentos. En la conservacion, se habla mucho de los ‘paper farms’, (terrenos) que estan protegidos legalmente, pero, en realidad, nadie los protege y estan siendo violados todo el tiempo”, advirtio Fernando Lloveras San Miguel, presidente de Para la Naturaleza, organizacion que hace 10 años lanzo su Mapa 33, iniciativa que promueve la proteccion del 33% de los terrenos para 2033.
En Puerto Rico, el manejo de los suelos esta reglamentado, principalmente, por el Plan de Uso de Terrenos (PUT), documento aprobado por la Junta de Planificacion, en 2015, y que clasifica como suelo rustico especialmente protegido por su valor ecologico mas de 713,000 cuerdas, o poco mas del 31% del territorio. Ese porcentaje se alinea con las guias establecidas por la ONU, que propone la proteccion del 30% de la superficie global en o antes de 2030.
Si bien se trata de un documento con fuerza de ley, los lineamientos estipulados en el PUT son insuficientes para garantizar la conservacion de las areas naturales, subrayo Lloveras San Miguel. El tambien abogado recordo que, para 2013, solamente el 8% del territorio puertorriqueño se consideraba protegido, una proporcion que se duplico en cuatro años.
“Aparte de los esfuerzos que nosotros y algunas otras ONG (organizaciones no gubernamentales) hemos hecho, el gran paso de avance, que nos llevo del 8% al 17% en que estamos ahora, se debe a los esfuerzos de los Ciudadanos del Karso, que tomo la mision de proteger una gran cantidad, cerca de 100,000 cuerdas, bajo la ley del carso. Tras la ley, el gobierno no paso el reglamento para implantarla y (Ciudadanos del Karso) demando al Departamento de Recursos Naturales y gano el caso. Ahi, se consolido juridicamente la conservacion de ese espacio”, acentuo Lloveras San Miguel.
De acuerdo con los datos mas actualizados –2018– recopilados por el Instituto Internacional de Dasonomia Tropical, adscrito al Departamento de Agricultura federal, en Puerto Rico existen 146 espacios protegidos, entre ellos, areas marinas, terrestres, la zona del carso y servidumbres de conservacion, que, en conjunto, suman el 16.4% del territorio.
Choque de visiones
Para el expresidente de la Junta de Planificacion Luis Garcia Pelatti, la consecucion del objetivo requiere adoptar un ritmo de proteccion que, hasta el presente “no ha pasado”.
“Llevamos casi siete años de distintas administraciones publicas sin una declaracion de una reserva natural. Se dejaron encaminadas varias (declaraciones de reserva), pero todavia siguen pendientes los humedales de Puerto Rico, que no terminan de tener una proteccion”, sostuvo Garcia Pelatti, quien lideraba la Junta de Planificacion cuando se dio paso al PUT en 2015.
El actual presidente del organismo, Julio Lassus Ruiz, comento que, “contrario a anteriormente”, la evaluacion de cualquier declaracion de reserva natural por parte de la Junta de Planificacion requiere tomar en cuenta al “‘subject matter expert’ (experto en la materia), que en este caso es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”.
“Hubo momentos donde la Junta declaro reservas naturales y ni tan siquiera tenia certeza de que, efectivamente, (los terrenos) tenian un alto valor ecologico, pero estan ahi y se protegen. Por otro lado, al menos en terminos de esta Junta, siempre que tengamos una solicitud de reservas naturales o agricolas –en el caso del Departamento de Agricultura–, la estaremos evaluando”, señalo Lassus Ruiz, precisando que, al presente, el organismo no tiene ante su consideracion solicitudes de ese tipo.
La secretaria del DRNA, Anais Rodriguez Vega, aseguro, por su parte, que ve con buenos ojos los objetivos esbozados por organizaciones como Para la Naturaleza, pero planteo que la agencia no cuenta con recursos fiscales para adquirir directamente propiedades con elevado valor ecologico y garantizar la conservacion.
“Ese fondo fue eliminado por la Junta de Supervision Fiscal. En estos momentos, el DRNA esta adquiriendo terrenos de alto valor ecologico de dos maneras. Hay proyectos que requieren mitigacion, ya sea por otras agencias gubernamentales, como el DTOP (Departamento de Transportacion y Obras Publicas). Nosotros hemos identificado fincas de alto valor ecologico, y se recomienda que sean esas fincas las primeras que sean adquiridas para que pasen a manos del DRNA. Ese viene siendo el caso de Las Cabachuelas (Morovis), que el DTOP esta haciendo las adquisiciones para pasarselas al DRNA”, dijo Rodriguez Vega, agregando que el segundo mecanismo involucra la obtencion de fondos federales.
El planificador Garcia Pelatti comento, entretanto, que apostar a la declaracion de terrenos gubernamentales como areas protegidas seria una de las vias mas agiles y economicas para incrementar el porcentaje de conservacion.
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Llevamos casi siete años de distintas administraciones publicas sin una declaracion de una reserva natural
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Rafael Gonzalez Ramos, director legal del DRNA, añadio que, bajo el Programa de Bosques Auxiliares, se conceden creditos sobre los impuestos a la propiedad a dueños de fincas que se comprometan a no desarrollar predios de alto valor ecologico.
“Se le dan exenciones del CRIM (Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales) principalmente, y nos ayuda a, tal vez no adquirir de cantazo un terreno, pero, al menos, a que la gente conserve ciertos pedazos en su estado natural”, dijo el abogado, al tiempo que Rodriguez Vega preciso que la certificacion de los espacios como bosques auxiliares debe renovarse anualmente.
Reglamentos controversiales
Mientras Garcia Pelatti aludio a los humedales como las zonas de mayor vulnerabilidad, Lloveras San Miguel se refirio a las costas, debido a la erosion y al impacto que ya han sufrido por la construccion de carreteras y estructuras, asi como a los corredores de los rios.
Los corredores “permiten, en momentos de cambio climatico, esa migracion de especies. Al tener las costas impactadas por carreteras y estructuras, hemos hecho una muralla entre la costa y la montaña. Esos corredores riparios son fundamentales”, dijo el lider de Para la Naturaleza.
Sin embargo, ambos expertos levantaron bandera ante los efectos que podrian provocar tanto la aprobacion del nuevo Reglamento Conjunto como los planes de ordenamiento territorial (POT), que son los documentos que deben regir el desarrollo a nivel municipal.
Por un lado, sostuvieron que, entre los 14 municipios con POT vigentes, se observan usos que son inconsistentes con el PUT, que es la guia de mayor jerarquia. Asimismo, puntualizaron que el borrador del Reglamento Conjunto, al consolidar distritos de calificacion, permitiria violaciones a los usos de suelos permitidos en el PUT.
“No puedes, cuando el PUT decia que esto es ecologico, o ecologico-agricola, establecer un distrito (en el Reglamento Conjunto) que no sea consono con eso. (…) Si el PUT te dice que el lago Guayo, en Castañer (Lares), debes protegerlo en parte por la agricultura y en parte por el elemento hidrico, tienes que crear un distrito para eso”, expreso Garcia Pelatti.

Lassus Ruiz riposto que, mediante el Reglamento Conjunto –que se espera promulgar antes que acabe el año–, se sigue el “mandato” de la Ley 19 de 2017. El estatuto “buscaba que se realizaran unas equivalencias de los usos permitidos en cuanto a los POT”, dijo el funcionario.
Segun los municipios han ido preparando sus POT en colaboracion con la Junta de Planificacion, se han identificado “errores” contenidos en las clasificaciones que incluyo el PUT de 2015, aunque Lassus Ruiz las catalogo como minimas. Los errores, que, segun el presidente, rondan el 1.5% del mapa de suelos, servirian, a su vez, para la revision del PUT, que la Junta de Planificacion debe efectuar cada 10 años.
“Contrario a la experiencia del PUT, en los POT se toma en cuenta la vision de los municipios, y ellos tienen mas claro la actividad que hay en el municipio. Nadie mejor que el propio municipio conoce la realidad factica del municipio”, acentuo Lassus Ruiz.
Garcia Pelatti insistio, no obstante, en que la consecuencia de desviarse de los instrumentos de planificacion existentes seria “erosionar” los terrenos actualmente protegidos y distanciar al pais de las metas fijadas a traves de los esfuerzos de conservacion.
“Si hoy empezamos a proteger el 2% cada año, la meta se logra. Y creo que ese 2% es posible, pero hay que hacerlo y tener la voluntad”, resumio el planificador.
La reportera Leysa Caro Gonzalez colaboro en esta historia.

