Urtasun notifica a la Fundacion Franco su intencion de extinguirla tras recopilar pruebas de que es contraria a la ley – Pitirre
El Gobierno avanza en el procedimiento para lograr la extincion judicial de la Fundacion Francisco Franco. El Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, ha finalizado la fase de recopilacion de informacion y actuaciones previas y ha notificado ya a la fundacion sus conclusiones (que desde este jueves por la tarde, cuando fue notificada, tiene diez dias habiles para presentar alegaciones).
Las conclusiones a las que ha llegado el departamento dirigido por Ernest Urtasun tras recabar esta informacion se basan en que la Fundacion Franciso Franco es contraria tanto a la ley de fundaciones como a la ley de memoria democratica, y que, por lo tanto, procede instar a su extincion ante la autoridad judicial.
El
proceso para ilegalizar esta fundacion comenzo en junio de 2024, cuando Cultura inicio una fase de actuaciones previas con el objetivo de recopilar informacion y pruebas que
fundamentaran el procedimiento. En concreto, los de Urtasun han recibido un informe de la Secretaria de Estado de Memoria Democratica (que Cultura recibio el pasado mes de mayo) basado en cuatro elementos.
Un informe de la Abogacia General del Estado; un informe de Javier Garcia Fernandez, catedratico emerito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la extincion de la Fundacion Francisco Franco; un informe sobre los contenidos y la actividad de la Fundacion en los medios de comunicacion entre enero de 2018 y marzo de 2025; y un compendio de testimonios recabados de victimas del franquismo en relacion con las actividades de la Fundacion Franco.
En la argumentacion juridica que el Gobierno quiere utilizar para iniciar el expediente de extincion judicial se recuerda que el articulo 1 de los estatutos de la Fundacion indica que «esta dedicada primordialmente a la difusion de la dimension humana y politica de Francisco Franco, asi como a cualquier otra actividad educativa, investigadora y cultural al amparo de la ley de fundaciones».
Esta norma atribuye la categoria de fundacion a aquellos organismos que persigan «fines de interes general«, que la propia norma en su articulo tres enumera: «Defensa de los derechos humanos, de las victimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusion social, civicos, educativos, culturales, cientificos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional», etc.
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El interes general y la humillacion a las victimas
Pero la Fundacion Franco, prosigue el documento de Cultura, al que ha tenido acceso Publico, «existe para difundir el conocimiento de la figura del lider de una dictadura que ha sido expresamente condenada por la vigente ley de memoria democratica, pero tambien en el ambito internacional (…) mientras que las actividades supuestamente orientadas a la cultura, investigacion cientifica o educacion resultan casi inexistentes».
«Ese fin principal, que es el que orienta todas las actividades a que la Fundacion se dedica, no puede considerarse de interes general cuando no solamente no coincide con los fines que la ley (de fundaciones) considera merecedores de proteccion y justificativos, por ello, de la existencia de la figura de las fundaciones, sino que se aparta de ellos», concluye el razonamiento de Cultura.
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Pero este no es el unico argumento juridico esgrimido por el Ejecutivo, que tambien señala que la Fundacion, el principal objetivo que persigue y las actividades que realiza para ello son incompatibles con la actual ley de memoria democratica, ya que enaltecen el franquismo y humillan a sus victimas.
En este sentido, en el informe de la Abogacia General del Estado que se incluye en la documentacion recabada se destaca que el propio articulo 1 de los estatutos de la Fundacion, que establece su objetivo de difundir «el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco (…) asi como sus realizaciones de los años de su mandato» representan «apologia del franquismo y enaltecimiento de sus dirigentes», ya que «las referencias al «legado» y a sus «realizaciones» no son expresiones neutras, sino que contienen claramente una connotacion positiva de defensa o alabanza».
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Es en este punto donde Cultura expone la base documental de la informacion recabada en el informe de analisis de los contenidos y representacion en medios de la fundacion: «Es constatable que cada vez que se recogen» publicaciones dedicadas a las victimas del golpe de Estado y de la dictadura «emerge un trato con menosprecio y humillacion de su dignidad«, apuntan.
Entre los ejemplos recabados hay publicaciones como «Guernica: tragedia, mentira y falsa, por Miguel Platon»; «El mito del Euskera perseguido por Franco, por Francisco Torres»; «La mentira de los ‘niños robados del franquismo’»; «El franquismo no cometio un genocidio, la II Republica, si: en la retaguardia»; o «Sobre la gran mentira de la represion franquista, por Tomas Garcia Madrid».
«Se advierte menosprecio y humillacion de la dignidad de las victimas por la via del negacionismo de la represion en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destruccion de Guernica, los niños robados, la construccion del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la politica represiva de la dictadura», se menciona en el informe de la Secretaria de Estado de Memoria Democratica.
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Las fases del procedimiento
Tambien se menciona el compendio de testimonios recabados de las victimas del franquismo y «se desprende, sin lugar a duda, que el recuerdo de la violencia sufrida y la represion y represalias padecidas por las victimas del franquismo siguen vivos, y que los derechos a la verdad y a la reparacion de la ley de memoria democratica, y los principios del derecho internacional de los derechos humanos se ven afectados gravemente».
Despues de que la Fundacion haga sus alegaciones al procedimiento remitido por Cultura, el Gobierno elaborara una propuesta de resolucion que volvera a remitir a la Fundacion (que tendra otros diez dias habiles para alegaciones). Tras este proceso, la Abogacia del Estado elaborara un nuevo informe preparatorio a la instancia para extinguir el ente, y posteriormente la propia Abogacia lo trasladara a la autoridad judicial. El departamento dirigido por Urtasun tiene nueve meses para remitir la resolucion a los tribunales.
Fuentes de Cultura y de Memoria Democratica confirman que su intencion es la de solicitar al juez medidas cautelares cuando remitan la instancia con el objetivo de suspender, o al menos limitar, la actividad de la Fundacion hasta que se dicte sentencia. Si la resolucion judicial da la razon al Gobierno, se procedera a la liquidacion de los bienes de la entidad y se destinaran a otra sin animo de lucro.
