A cinco años de la muerte de Rafael Nahuel, no hay avances en la causa : Noticias de Argentina
La causa que investiga el homicidio de Rafael Nahuel lleva un lustro sin tener grandes novedades. Solo la incertidumbre de los querellantes sobre que sucedera con el expediente: con tres pericias realizadas, esperan la fecha del inicio de las audiencias del juicio con tres prefectos imputados.
“Hay un olor a impunidad tremendo”, exclamo en dialogo con El Ciudadano el abogado Ruben Marigo, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El militante era presidente de la regional Bariloche del organismo en el momento en que una bala ingreso por el gluteo de Rafael Nahuel, para salir por su pecho, mientras subia por el monte boscoso de Villa Mascardi.
Fue el sabado 25 de noviembre de 2017, en uno de los dos lotes declarados como recuperados por la comunidad Lafken Winkul Mapu, a 35 kilometros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Dias previos, y a raiz de una denuncia de la Administracion de Parque Nacionales debido a la presencia de la comunidad mapuche, un operativo especial de 200 efectivos federales de diferentes fuerzas llegaron a Mascardi con la tarea de correr a los integrantes de la comunidad originaria, que rechazo y resistio el desalojo.
El Poder Judicial habia determinado que el cuerpo Albatros, dependiente de la Prefectura Naval Argentina, tenia que custodiar el perimetro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y evitar el ingreso de personas. Dos dias antes, el dia de la llegada de los efectivos al territorio, el 23 de noviembre, un operativo de desalojo detuvo a cinco mujeres mapuches. Los hombres huyeron montaña arriba del parque. Al entrar en el bosque donde estaban parapetados integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, los integrantes del grupo de tareas abrio fuego contra los originarios.
Los integrantes de la fuerza, Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramon Obregon, Carlos Valentin Sosa y Sergio Garcia, ingresaron al parque que debian custodiar, armados con pistolas Beretta 9 milimetros y subfusiles MP5. Alli se toparon con los restantes integrantes de la comunidad, a los cuales les dieron la voz de alto. Los mapuches respondieron con piedrazos, y los federales comenzaron a disparar. Las pericias pudieron rescatar entre 114 y 129 proyectiles 9 milimetros.
La causa fue elevada a juicio en diciembre del 2021 en el Tribunal Oral de General Roca, tras ser concluida la etapa de instruccion del expediente, a cargo de la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Dominguez. La caratula: “Homicidio agravado cometido en exceso de legitima defensa”. El mismo tuvo varios jueces en su haber: Gustavo Villanueva (el mismo que ordeno el desalojo de la comunidad mapuche en 2017), Leonidas Moldes (era el titular del Juzgado pero dejo el cargo), Gustavo Zapata y la magistrada Silvina Dominguez.
La causa tiene a cinco personas procesadas, integrantes del grupo de tareas Albatros, de la PNA: el cabo Sergio Guillermo Cavia por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legitima defensa” y a Francisco Javier Pintos, Juan Ramon Obregon, Carlos Valentin Sosa y Sergio Garcia, como “participes necesarios” del hecho.
El periodo de audiencias todavia no tiene una fecha de inicio, cosa que preocupa a la querella, debido a la posible utilizacion politica de la causa: “Esperamos que sea el ultimo año de la causa. Existe la posibilidad de que el juicio sea trasladado a un juzgado de Buenos Aires, por lo que la causa se llevaria adelante muy lejos de la posibilidad de movilidad de su familia”, explico Marigo, quien agrego : “Tendremos que estar preparados en lo politico, en lo legal, en lo emocional. Sabemos que va a ser dificil llevar el juicio”. Y señalo los intentos del fiscal de calificar el delito como “homicidio en legitima defensa”: “Es la figura legal que usan en los casos de causas de muerte por violencia institucional”, advirtio Marigo.
“Es muy dificil entender como puede ser que sea exceso de la legitima defensa cuando los que se defienden son entre 7 y 10 prefectos, armados con armas largas, sino que ademas los supuestos atacantes hayan sido un grupo de personas de la comunidad que estaban lanzando palos y piedras, en una pendiente donde no se hallaron otras armas ni registro de polvora en las manos de Nahuel, y donde se encontraron 140 cartuchos en la escena, montaña arriba”, reflexiono Marigo.
Para el abogado, que integraba la querella de la causa hasta hace escasos meses, la causa “peligra” por dos cuestiones: en primer lugar debido a la real posibilidad de que el expediente sea trasladado a un juzgado de Buenos Aires. Por otro lado, el dos veces titular de la regional Bariloche de APDH entiende que desarrollar las audiencias del juicio llevaria cerca de tres a cinco meses, lo cual podria coincidir con la epoca de elecciones: “Es una causa muy sensible de ser politizada. Aca en Bariloche se llevaron adelante muchas marchas de la derecha”, en referencia a las movilizaciones llevadas adelante por los propietarios y arrendadores en Villa Mascardi en rechazo a la presencia de las comunidades originarias en las inmediaciones del predio.
La investigacion conto con tres pericias que buscaron determinar la identidad del efectivo que dio el tiro que le quito la vida al joven de 22 años en Villa Mascardi: la primera fue realizada por el Poder Judicial, señalo que el proyectil salio de un subfusil MP5 que correspondia a Pintos.
En una segunda instancia de peritaje, los peritos de Gendarmeria concluyeron que la bala que mato a Nahuel no se correspondia ni al arma de Pintos ni de otro de los efectivos. La tercera pericia la hicieron integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Publico de Salta y establecio que la bala salio del arma de Sergio Guillermo Cavia. Este ultimo procedimiento de investigacion fue denunciado multiples veces por la querella ente violaciones en la cadena de custodia de las pruebas, el extravio de proyectiles levantados en la escena del crimen, entre otras irregularidades.
“Si bien puede haber diferencias en los proyectiles, en las armas, no cabe duda de que la bala que mato a Rafa Nahuel salio del arma de un prefecto que no estaba autorizado por la justicia para estar en el predio, ni mucho menos para reaccionar como reaccionaron contra personas que estaban desarmadas y en franca desventaja”, adujo Marigo, y sentencio: “El caso de la muerte de Rafael Nahuel es un caso paradigmatico de la violencia institucional en Argentina”
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