Los Comuns presentan una querella por revelacion de secretos contra el presidente del tribunal que condeno a Garcia Ortiz – Pitirre

Una semana atras, el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, por delito de revelacion de secretos a dos años de inhabilitacion, una multa de 7.500 euros, asi como la orden de indemnizar a Alberto Gonzalez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con 10.000 euros. Un fallo, no obstante, que no era unanime, y que conto con dos votos en contra -de dos magistradas progresistas- y que, una semana despues, todavia no se ha presentado por escrito en legal forma la sentencia. 

Con este telon de fondo, ahora son los Comuns quienes mueven ficha. Este jueves han presentado a traves del eurodiputado Jaume Asens una querella contra Andres Martinez Arrieta, el presidente de la sala del Supremo que condeno a Garcia Ortiz, por revelacion de secretos despues de que este asegurara que iba a “poner” la sentencia en los dias en los que el tribunal se encontraba deliberando. Segun señalan desde los Comuns, estas declaraciones las hizo el 18 de noviembre, es decir, dos dias antes de conocerse la resolucion del tribunal y en el marco de un curso donde el ejercia de ponente, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). “Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”, sostuvo ese dia el magistrado Arrieta y segun señalo RTVE.

Ahora, segun reza la querella de los Comuns a la que ha tenido acceso elDiario.es, se conoce que “la manifestacion fue realizada en tono jocoso, provocando una sonora carcajada colectiva entre los asistentes”, lo que, para la formacion que presenta la querella, “evidencia que la audiencia interpreto claramente que el magistrado estaba revelando informacion internamente reservada sobre el estado de la deliberacion y la elaboracion de la sentencia, y que el propio querellado era consciente del caracter impropio de su revelacion, al presentarla en clave humoristica”. Al hilo de todo ello, los Comuns entienden que estas declaraciones de Arrieta reflejaron “las deliberaciones internas” de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, asi como que se produjo “un cambio de ponencia, desplazando a la magistrada inicialmente designada”, en alusion a Susana Polo Garcia -una de las que voto en contra de la condena al fiscal general-. 

‘Poner’, una expresion “tecnica” del lenguaje judicial

En la exposicion de motivos recogida en la querella, desde los Comuns detallan que el termino ‘poner’ una sentencia en el argot judicial “significa que el magistrado es el ponente encargado de redactar una resolucion ya acordada por la mayoria en deliberacion”. “Con tal afirmacion, el querellado revelo publicamente que la ponencia habia cambiado respecto de la inicialmente designada, existia una mayoria formada que desplazaba a la ponente original, y la deliberacion se encontraba practicamente cerrada. Es decir, revelo datos esenciales del secreto de deliberacion protegidos por el articulo 233 LOPJ y por el articulo 417 CP, anticipando la existencia de una decision judicial ya adoptada”, sostienen. 

“En el mismo curso organizado por la acusacion popular, intervinieron como docentes otros dos magistrados del tribunal: D. Antonio del Moral y D. Juan Ramon Berdugo, ambos implicados en la deliberacion colectiva sobre ese mismo procedimiento”, por lo que “no resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusacion particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelacion practicada”. A razon de ello, en la querella insisten en que “la conducta del magistrado Martinez Arrieta afecta al nucleo mismo de la funcion jurisdiccional, puesto que el secreto de las deliberaciones garantiza la independencia interna del tribunal, la libertad de criterio de sus miembros y la confianza publica en el Poder Judicial”.

Al margen de todo ello, de esta querella tambien se desprende que “ha trascendido publicamente que uno de los magistrados integrantes del mismo tribunal, D. Antonio del Moral, mantiene una relacion academica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral, circunstancia que ha sido ampliamente difundida en medios de comunicacion”. “Esta relacion, de caracter profesional y de confianza, ha sido señalada publicamente como un posible conflicto de interes y añade un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, argumentan.

Por todo ello, desde los Comuns se solicita la imputacion de Arrieta, ademas de pedir al ICAM la grabacion “integra” de dicho curso, el “programa oficial del curso”, la “lista de asistentes”, y que llame a declarar en calidad de testigos a Del Moral y Berdugo.