La judicatura se rompe por completo tras el fallo del Supremo contra el fiscal y las anomalias de sus magistrados – Pitirre

El final del juicio y el comunicado emitido de la condena no ha sido apoyado por los jueces progresistas, quienes entienden que anticipar unicamente el fallo vulnera el principio de tutela judicial efectiva, pues, tal y como subrayan, condena a una persona “sin saber por que”. Tambien señalan que esa forma de proceder contradice el espiritu del sistema juridico, en tanto impide a la sociedad comprender las razones legales de una condena.

No solo eso, sino que estas asociaciones han puesto sobre la mesa en su escrito un asunto que ha estado sonando de manera continuada durante la celebracion de las distintas sesiones del juicio. De esta manera, han cuestionado la imparcialidad de los magistrados que tomaron la decision. Para ello, recordaron que algunos de ellos habian impartido, poco despues de que se celebrara el juicio y cuando no se conocia todavia la decision del tribunal, un curso remunerado organizado por una de las acusaciones populares del caso, el Colegio de la Abogacia de Madrid. Esto, tal y como afirman, plantea un serio conflicto de intereses y pone en entredicho la neutralidad del tribunal, socavando la confianza publica en la justicia. Un curso en el que, durante su celebracion, el presidente de la sala del Supremo que juzgaba al fiscal, Andres Martinez Arrieta, afirmo que tenia que ausentarse porque tenia que redactar la sentencia del caso. 

Por ultimo, advierten que tanto la condena como la la manera en que se ha gestionado puede tener efectos mas amplios sobre el sistema judicial y sobre la percepcion social de la justicia, debilitando la legitimidad de las decisiones del TS y generando desconfianza.  En conjunto, los jueces progresistas interpretan la condena como un acto no solo juridico, sino de gran repercusion institucional y simbolica que indican provoca una “fractura” que afecta la coherencia del TS, la imparcialidad de la justicia y la proteccion de los derechos fundamentales. 

El ala conservadora de los juristas señala al Gobierno

Para varios jueces conservadores, representados publicamente por asociaciones como Asociacion Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI),  las declaraciones que ha dejado el Gobierno ante la condena al fiscal general supone una ofensa grave a la independencia judicial. En los comunicados conjuntos que han emitido denuncian que las “descalificaciones generalizadas” de responsables politicos hacia los magistrados crean una presion “inaceptable” sobre la funcion jurisdiccional, lo que, segun advierten, pone en riesgo la separacion de poderes. 

Estos jueces han subrayado que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantia para los ciudadanos y que sus decisiones deben basarse en Derecho, no en afinidades partidistas. En ese sentido, han mostrado su rechazo a los discursos politicos que han interpretado la condena como un “golpe contra el Gobierno”; afirmaciones que consideran dañan la legitimidad de todo el sistema judicial. 

Por tanto, su posicionamiento es claro, creen que las criticas y alusiones de motivaciones politicas hechas por miembros del Ejecutivo tras la sentencia representan una agresion institucional. Por ello, reclaman “respeto institucional” y piden al Gobierno un comportamiento responsable, que no socave la confianza ciudadana en los jueces, ni erosione los principios fundamentales del Estado de Derecho. 

Los conflictos de intereses de tres miembros del tribunal

Ademas de que tres de los siete jueces que juzgaron a Álvaro Garcia Ortiz hubieran sido contratados por parte de una de las acusaciones populares del caso, uno de ellos, Antonio del Moral, superviso la tesis del abogado de Alberto Gonzalez Amador, novio de Isabel Diaz Ayuso, y cuyo representado era parte principal de la causa, pues el email que se filtro y por el que se enjuiciaba al fiscal era en el que reconocia haber cometido un fraude a la Hacienda Publica.

Unos conflictos de intereses que, aunque no figuran en la ley como elementos marcados para que un magistrado deba abstenerse de un proceso judicial, si podrian haber constituido una influencia en la forma en la que estos jueces han interpretado los hechos por los que han decidido hallar culpable al fiscal general del Estado.