segundo dia que no van al juzgado – Pitirre

Por segundo dia consecutivo, dos de los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Diaz Ayuso citados a declarar por el caso de los protocolos de las residencias no se han presentado ante el juez. Carlos Mur, firmante del conocido como protocolo de la vergüenza, y Pablo Busca, exresponsable del SUMMA 112, han vuelto a ausentarse este miercoles de la citacion judicial, esta vez en el Juzgado de Instruccion numero 2 de Collado Villalba, que investiga una muerte concreta ocurrida durante la primera ola de la pandemia.

Ambos ya habian incumplido este martes un primer requerimiento judicial, cuando estaban llamados a declarar en el Juzgado de Instruccion numero 23 de Madrid. Su reiterada incomparecencia ha llevado a las partes a dar por hecho que siguen oficialmente “en busca y captura” judicial, a la espera de que el juez adopte nuevas medidas para garantizar su comparecencia.

El unico que acude: el arquitecto del protocolo

Frente a la ausencia de Mur y Busca, si ha comparecido de nuevo Francisco Javier Martinez Peromingo, ex coordinador sociosanitario de la Comunidad de Madrid y considerado uno de los principales arquitectos del protocolo, ademas de sucesor de Mur en el cargo. Al igual que el dia anterior, Peromingo se ha personado en sede judicial y, segun fuentes juridicas, ha optado por no responder a la acusacion particular, limitando sus declaraciones al juez y al fiscal.

En su comparecencia previa, Peromingo señalo directamente a Carlos Mur como responsable ultimo del diseño y aplicacion de los protocolos y reconocio sin ambages su caracter discriminatorio. Asi lo confirmo Alejandra Jacinto, abogada de la familia querellante, quien detallo que su defendido advirtio de esa discriminacion “por escrito, por correo electronico y hasta por WhatsApp”.

Residencias sin medios ni personal

Durante su declaracion, Peromingo tambien admitio una de las claves del colapso vivido en las residencias madrileñas: muchos centros no estaban medicalizados. Segun explico ante el juez, la razon era la falta de recursos materiales y de personal sanitario disponible, lo que genero una red asistencial profundamente desigual.

De acuerdo con su testimonio, existian residencias con mejores dotaciones y otras claramente insuficientes, una brecha que, en plena emergencia sanitaria, condiciono de forma decisiva la atencion medica de miles de personas mayores. Un escenario que conecta directamente con el contenido de los protocolos investigados, que restringian el traslado hospitalario en funcion del estado fisico o cognitivo de los residentes.

Unos protocolos que limitaron el acceso hospitalario por criterios no clinicos

Los llamados protocolos de la vergüenza fueron elaborados y activados por la Comunidad de Madrid en los dias mas criticos de la primera ola de la pandemia, cuando el sistema sanitario se encontraba al borde del colapso. Estos documentos internos establecian criterios de exclusion para el traslado hospitalario de personas mayores residentes, basados en su grado de dependencia, discapacidad o deterioro cognitivo, y no unicamente en una valoracion clinica individual, como recomiendan los estandares medicos y eticos.

Firmados por Carlos Mur, entonces director general de Coordinacion Sociosanitaria, los protocolos fijaron un marco que tuvo consecuencias directas en la atencion sanitaria de miles de residentes. En la practica, numerosos mayores quedaron descartados de la derivacion a hospitales, incluso en situaciones de gravedad, quedando su atencion limitada a unos centros que no estaban preparados para afrontar una emergencia sanitaria de semejante magnitud.

La aplicacion de estos criterios se produjo, ademas, en un contexto de profunda desigualdad entre residencias. Mientras algunos centros contaban con mejores recursos, otros carecian de lo mas basico para atender a pacientes con COVID-19. Esta realidad ha sido reconocida en sede judicial por Francisco Javier Martinez Peromingo, quien admitio que muchas residencias no estaban medicalizadas porque no habia material suficiente ni personal sanitario disponible.

Peromingo tambien explico que esa falta de medios no fue un fenomeno aislado, sino un problema estructural que condiciono la respuesta sanitaria. Segun su testimonio, la atencion dependia en gran medida del centro concreto en el que viviera cada persona, generando situaciones de desigualdad que, en plena crisis sanitaria, marcaron la diferencia entre recibir o no una atencion hospitalaria adecuada.

Este escenario fue advertido internamente dentro de la propia Administracion. El ex coordinador sociosanitario aseguro ante el juez que alerto del caracter discriminatorio de los protocolos, y que lo hizo por distintas vias, incluyendo comunicaciones formales por escrito, correos electronicos e incluso mensajes de WhatsApp dirigidos a responsables superiores, sin que esas advertencias alteraran el rumbo de las decisiones adoptadas.

Es este entramado de decisiones, carencias y advertencias ignoradas el que da sentido a la investigacion judicial que sigue en marcha. Los protocolos no fueron una mera orientacion tecnica, sino una herramienta operativa que condiciono decisiones concretas sobre traslados hospitalarios y atencion medica, y cuya aplicacion vuelve hoy al primer plano con la ausencia reiterada ante el juzgado de dos de sus principales responsables politicos y administrativos.