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Peru, ante una crisis impredecible: “No nos vamos a rendir” : Internacional de

Posted On 2026-02-06
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“Mi hermano esta herido, el 15 de diciembre le cayo una bala, no puede caminar“, cuenta Guillerma Teneo Gomez, una mujer quechua, desde la Plaza Mayor de Huamanga, capital de Ayacucho. La bala que recibio Carlos Teneo Gomez fue de calibre 5.56 y fue disparada por un soldado. “Habia cuatro heridos, estaba ayudando, y ahi justo cae la bala a mi hermano. Pedimos justicia para los fallecidos y los heridos, pedimos la renuncia de la señora Boluarte, no la aceptamos en el Peru porque no le hemos dado un voto para que sea presidenta, y despues mata a nuestros hermanos”.

Gomez se moviliza junto a los familiares de las diez personas asesinadas el pasado 15 de diciembre, cuando Dina Boluarte decreto el estado de emergencia y fueron desplegadas las fuerzas militares por todo el pais. El saldo fueron 28 muertos por la represion en diez dias, en particular en el sur del pais, donde este 4 de enero se reactivaron las protestas tras una tregua por Navidad. Ayacucho se sumo esta vez con menos fuerza, algo que, explican, se debe a las dificultades para lograr acuerdos entre las principales organizaciones, pero tambien por efecto de la masacre. “No podemos caer en el miedo“, dice otra mujer con el megafono en la marcha que recorre la ciudad pidiendo justicia, la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones para este año y la libertad de Pedro Castillo.

En esta region de Peru se registraon el 40% de las casi 70.000 muertes entre Sendero Luminoso y el Estado

En Ayacucho, que significa ‘rincon de los muertos’ en quechua, las balas, el Ejercito, las masacres, son parte de una memoria omnipresente y silenciada. “En 1983, mi hermano fallecio, era el tiempo del terrorismo, y hasta ahorita no le ubicamos, no hemos encontrado su cuerpo; hasta yo mismo fui presa a los 14 años, mi papa tambien”, explica Gomez. En esta region de Peru se registraron el 40% de las casi 70.000 muertes ocurridas entre 1980 y 1989, la primera etapa del conflicto armado interno entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. 

Guillerma Teneo, hermana de Carlos, que recibio el disparo de un soldado durante las protestas. — MARCO TERUGGI

Las muertes volvieron a traer dolores conocidos a Peru. No es lo unico que reabrio violentamente la crisis. El pais vive un enfrentamiento por el recrudecimiento de la division entre Lima y las provincias, en particular andinas, que ya habia quedado de manifiesto en la eleccion del 2021, cuando Castillo y Keiko Fujimori (hija del dictador encarcelado, Alberto Fujimori) se disputaron la Presidencia. A ello se suma otra crisis que recorre, desde los subterraneos hasta las superficies, el sistema politico e institucional. Un dato entre varios puede expresarlo: seis presidentes en seis años, de los cuales solo dos fueron electos de forma directa por el voto.

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La gran crisis

Seis presidentes en seis años, de los cuales solo dos fueron electos de forma directa por el voto

Peru es desde hace años una sucesion de crisis. Pueden situarse dos puntos temporales para comprenderlas. Primero, en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski gano las presidenciales contra Keiko Fujimori, pero ella se hizo con la mayoria en el Congreso y puso en marcha un dispositivo de asedio contra el presidente. Alli comenzo la desestabilizacion congresal continua con la figura de ‘vacancia por incapacidad moral’, que forzo la renuncia de Kuczynski en 2018, luego a Martin Vizcarra en 2020, al que siguio solo seis dias en el poder Manuel Merino, quien renuncio por las movilizaciones sociales. Le siguio, solo ocho meses, Francisco Sagasti, a quien el Congreso impidio pasarle la banda presidencial a Castillo, cuyo poder si emano de las urnas.

Cuando Castillo logro sentarse en la silla presidencial una de las preguntas fue si culminaria sus seis años. En su mandato de un año y cinco meses enfrento tres intentos de vacancia, el ultimo el pasado 7 de diciembre, finalmente consumado tres horas antes de que anunciara la disolucion del Congreso, la intervencion del Poder Judicial y la convocatoria a un nuevo Congreso con facultades constituyentes, para avanzar en la construccion de una nueva Carta Magna, una de sus promesas de campaña que no pudo ejecutar. 

La cuestion de la Constitucion lleva al segundo punto de la crisis: la que rige data de 1993 y fue redactada bajo el regimen de Alberto Fujimori, y levanto el edificio economico-institucional vigente hasta hoy. Peru fue un antes y un despues con Fujimori, condenado a 25 años de carcel por corrupcion y violacion de los derechos humanos. El expresidente de ancestros japoneses instalo el neoliberalismo con el plan conocido como ‘fujishock’ y moldeo el pais que comenzo a desmoronarse de manera visible en estos ultimos años. Para varios sectores, la salida pasa por un proceso constituyente, una refundacion.

El Congreso, con mayoria de derechas, bloqueo la posibilidad de avanzar en esa direccion: nego el proyecto presentado por Castillo de un referendum consultivo e impidio el derecho a la ciudadania a convocar una consulta para el cambio de Constitucion. Las derechas dejaron claro que uno de sus intereses principales es mantener el statu quo en crisis, atrincherados desde un Congreso con tan solo un 15% de aprobacion popular.

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‘Terruquear’ y huir hacia adelante

“Nosotros no somos terroristas, somos ayacuchanos que trabajamos de sol a sol, nosotros no nos vamos a rendir”, remarca Guillerma Teneo Gomez. Las acusaciones de terrorista -el llamado ‘terruqueo’ en Peru- se han multiplicado: Boluarte, los altos mandos militares, policias y diferentes instituciones acusaron a los manifestantes de estar dirigidos por grupos terroristas. El hasta hace dias jefe de la Direccion Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, se refirio a una “insurgencia terrorista” y la fiscal de la Nacion, Patricia Benavides, anuncio la creacion de un “Subsistema contra el Terrorismo” y lo asocio con las “muertes” en las protestas.

La acusacion de terrorismo criminaliza las protestas y legitima la represion

La acusacion de terrorismo criminaliza las protestas, legitima la represion, hace que toda organizacion social, territorial o politica pueda ser señalada de estar infiltrada, pero nunca presentan pruebas. “Los detenidos y fallecidos, en Apurimac, ni siquiera tenian antecedentes policiales”, le recordo, por ejemplo, un periodista a Boluarte. En la escalada de ‘terruqueo’ puede leerse entre lineas un intento de impedir la participacion de partidos en las proximas elecciones, algo expresado por la congresista Maricarmen Alva, quien busca “prohibir la inscripcion de partidos politicos antidemocraticos que atentan contra los derechos fundamentales de los peruanos”.

En paralelo a la persecucion avanza una agenda de reformas politicas e institucionales. El Congreso busca permitir la reeleccion de diputados, cambiar anticipadamente la direccion de los poderes electorales para antes de los comicios, que se han adelantado a abril de 2024. “Sin ninguna argumentacion valedera pretende vulnerar la autonomia de los organismos constitucionales”, advirtio, en un comunicado de respuesta, el Jurado Nacional Electoral, que en 2021 no permitio a Fujimori desconocer la victoria de Castillo. El Congreso, en medio de la crisis intenta, solo busca incrementar su poder.

Peru esta ahora bajo un gobierno controlado por el Congreso, con una incumbencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas y la Policia, y una presidenta sin bancada propia en el Congreso ni respaldo social. Segun el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 71% estuvo en desacuerdo con que Boluarte asumiera la Presidencia, el nivel de satisfaccion con la democracia es de 17%, mientras que el 38% aprobaria un golpe militar “si el pais enfrenta momentos muy dificiles”. Peru camina al borde del precipicio o ya inicio la caida.

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Protestas y horizonte

En las marchas de Ayacucho y de otras provincias piden la libertad de Castillo. Segun el IEP, el maestro devenido en presidente tenia un 31% de aprobacion en noviembre -mas elevado en las provincias-, el 44% aprobo su decision de disolver el Congreso y el 40% se mostro dispuesto a marchar en su defensa. Quienes lo defienden no debaten si fue o no de izquierda, o si fue ilegal el intento de disolucion del Congreso, lo que ven es la union entre el destino de Castillo y el del pais sumergido, la evidencia de las elites limeñas que predominan y clausuran la posibilidad de cambios.

Castillo perdio una oportunidad para cambiar Peru. Tal vez nunca pudo por sus propias limitaciones, la de las izquierdas peruanas, y el diseño que ata de manos al Ejecutivo. Pero lo acontecido a partir del 7 de diciembre cambio el rumbo de la nacion andina y nadie sabe como puede terminar. Por un lado, las elites disparan desde lo alto de su fortaleza limeña-virreinal para conservar su dominio; por el otro, se desarrollan un conjunto de protestas, movilizaciones, bloqueos, con dificultad de direccion politica en las calles y una incertidumbre en cuanto a su perspectiva electoral.

La crisis tambien reabrio fantasmas de divisiones nacionales que tienen antecedentes historicos

Algo a su vez quedo claro: lo impredecible de las protestas. Las movilizaciones en curso en nueve regiones desde el 4 de enero, con 33 carreteras bloqueadas, dan cuenta de la profundidad de las demandas y divisiones geograficas. Uno de los lugares centrales es la llamada macrozona sur, con especial fuerza en Puno, frontera con Bolivia, de mayoria aimara. No resulta casual que la derecha ataque nuevamente en estos dias al expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien acusan de “atentar contra la integridad” de Peru. La crisis tambien reabrio fantasmas de divisiones nacionales que tienen antecedentes historicos.

La vacancia de Castillo desato problemas irresueltos que vienen de muy lejos. Una caja de pandora que involucra dimensiones territoriales, culturales y sociales, una rabia de una gran parte del pais historicamente olvidado que esta en las calles con una agenda politica. Nadie sabe hoy cual puede ser la desembocadura, si tal vez una salida autoritaria de derecha, una ruptura del dique para abrir un necesario proceso constituyente o la permanencia de una crisis con picos cronicos en el marco de un sistema agotado y defendido a capa y metralla por las elites limeñas.

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