Los abusos sexuales a menores crecieron en los ultimos años en Guatemala ante la inaccion del Gobierno de Giammattei : Internacional de
Esta publicacion es parte de la colaboracion con la alianza de periodismo colaborativo otrasmiradas.info
Jimena vive en Quetzaltenango, una ciudad a 200 kilometros de la capital de Guatemala. Cuando tenia seis años, su abuelo paterno la violo.
La agresion la dejo en shock y con daños en su cuerpo. Fue trasladada al Hospital Regional de Occidente. La madre denuncio el hecho en el Ministerio Publico. Tres años despues, Jimena esta lejos de su agresor, quien goza de libertad. Nunca se le proceso penalmente.
Ni ella ni su madre tienen apoyo economico del padre, quien le recrimina haber denunciado al abuelo. Tampoco han recibido terapia psicologica. Nadie le dijo a la mama donde podia acceder a un servicio gratuito.
***
Cuando Ernesto tenia cinco años, su padre lo dejo solo con su tio. Este lo agredio sexualmente. Al enterarse, su madre tomo a Ernesto y se escapo. Su padre nunca lo entendio. Insistia en dejar a Ernesto solo con su agresor.
La madre denuncio el caso en el Ministerio Publico. No solo fue la agresion que sufrio su hijo, sino la que ella recibio por parte del padre de Ernesto. Una vez mas, la justicia no llego. Ernesto tampoco recibio terapia psicologica. En el servicio de salud publica nadie le dijo a la madre que podia acceder a una.
En cambio, el padre de Ernesto si logro que un juzgado de familia le otorgase la custodia del niño. Su madre se nego. Pidio ayuda a una organizacion no gubernamental que le gestiono apoyo psicologico y proteccion fuera de Guatemala. Ernesto tambien vivia en Quetzaltenango. Ahora crece en otro pais que le dio asilo, porque el y su madre recibieron amenazas de muerte tras denunciar la violencia sufrida.
***
Alejandra tiene 11 años. Cuando tenia nueve, fue violada por un primo. Su madre lo denuncio en el Ministerio Publico. Ninguna de las dos sabe que paso despues de la denuncia.
Alejandra vive en el Valle de Palajunoj, un area rural de Quetzaltenango. No sabia lo que era la violencia sexual hasta entonces.
***
Sentada en una de las sillas de la sede de la Coordinadora Institucional de Promocion por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), Elena Ruiz Bejarano, directora general de la organizacion, hace un balance de los avances en estos años.
Segun los datos de Ciprodeni, los monitoreos que realizan y las historias que escuchan, en los ultimos cinco años hubo un retroceso en la atencion y prevencion de la violencia contra la niñez en Guatemala. Especificamente de violencia sexual. Para Ruiz Bejarano este retroceso es el resultado de las deficiencias en la atencion de salud a las victimas de abusos, a las que se suma la lentitud en la justicia.
El 14 de enero de 2024, el presidente Alejandro Giammattei termino su periodo de cuatro años. Durante este tiempo, segun los datos oficiales, asi como los de organizaciones y especialistas consultadas por Ocote para este especial de Otras Miradas, aumentaron los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Los casos de violencia sexual tambien se incrementaron despues del primer año de Giammattei. Jimena, Ernesto y Alejandra la sufrieron durante el mandato del expresidente.
Las fallas se pueden explicar en cinco puntos: una politica que no se implemento como estaba planeada; la falta de acceso real a la atencion en salud fisica y mental; la falta y la deficiencia de los programas sociales; no hubo campañas de prevencion; y el Congreso bloqueo o ignoro las iniciativas de ley al respecto.
La Politica Publica que quedo en papel mojado
En 2019, se creo la Politica Publica contra la Violencia Sexual en Guatemala. El documento incluyo varios puntos que debian concretarse en una primera etapa de cinco años (de 2020 a 2024); cuatro de estos durante el Gobierno de Giammattei. Segun analistas consultadas, la mayoria de los objetivos no se han cumplido.
Para esta primera etapa, se establecio que tendrian que hacerse capacitaciones y estudios, crear una mesa de trabajo para la prevencion de la violencia, asegurar servicios efectivos y garantizar recursos economicos.
El punto de partida seria conocer las actitudes sociales frente a la violencia sexual y como la ciudadania tolera estas agresiones. Esto tendria que haberse hecho a traves de estudios e informes que, hasta la fecha, no se han realizado. Estaban a cargo de la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotacion y Trata de Personas (SVET) y la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM). Segun el documento, eran la base de toda la politica propuesta.
La falta de asignacion de un presupuesto especifico para cumplir la politica es otro vacio. Cada institucion involucrada debia asignar fondos para ello. Tampoco lo hicieron.
Aunque instituciones como la SVET y el Ministerio de Gobernacion aseguran avances —principalmente, capacitaciones, charlas y conformacion de mesas de trabajo— los resultados no son alentadores, sobre todo si atendemos a las metas propuestas por la propia politica. Entre estas, esta una reduccion del 5% en el numero de embarazos en niñas menores de 14 años.
Sin embargo, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, en los ultimos cuatro años, aumentaron. Pasaron de 2.157, en 2019, a 2.272, en 2022.
La politica tambien plantea reducir la violencia sexual en un 2% en los primeros cinco años.
De 2019 a 2020, de acuerdo con los datos que registra la Ciprodeni, hubo una disminucion en los casos, pero despues del primer año del Gobierno de Giammattei, de nuevo, las cifras comenzaron a subir.
De 2020 a 2021, el incremento fue de 1.155 casos mas. Los datos de la Ciprodeni estan basados en la informacion que les proporciona el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En total, los casos de violencia sexual a menores de edad registrados durante el periodo de gobierno de Giammattei es de 20 254, aunque los datos del ultimo año no estan completos.
Aunque la mayoria de las violaciones las sufren niñas de 13, 14 y 15 años, durante el gobierno de Giammattei tambien hubo un aumento de agresiones a niñas de tres, cuatro y cinco años. Pasaron de 356 casos, en 2020, a 453, en 2021.
Ciprodeni considera que la reduccion de 2020 se debe al encierro provocado por la pandemia de COVID-19. No es que se hayan producido menos abusos, es que las victimas no tuvieron facilidades para denunciar. Ademas, en todo caso, el confinamiento hizo que las victimas pasaran mas tiempo con sus agresores. Asi, la violencia se acentuo sin medidas de prevencion por parte del gobierno.
«Hay un claro retroceso. Presentamos informes del pais a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ni siquiera hemos tenido una linea de trabajo clara para la prevencion en el pais. Se capacita a los funcionarios, a los servidores publicos y esta bien, pero la prevencion va mas alla. Debe llegar a los territorios, a los Cocodes (Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural), debemos ir a los departamentos y a las municipalidades para empezar un engranaje desde los municipios», recuerda Ruiz Bejarano, de Ciprodeni.
Haroldo Oquendo Reyes, representante legal de la Asociacion Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi), lamenta que «hay un retraso total, en terminos de una politica que existe y que deberia implementarse. No paso nada. No hubo ninguna respuesta. Lamentable, sobre todo desde el Ministerio de Gobernacion. La SVET tuvo capacitaciones, pero muy poca incidencia. En violencia sexual, no te puedo mentir: no hay ningun avance».
Consultamos al Ministerio de Gobernacion sobre este señalamiento. La institucion respondio que, durante 2023, la Unidad para la Prevencion Comunitaria de la Violencia asumio un papel de liderazgo para implementar la politica publica y articulo mesas de trabajo para generar un plan de accion. Ahora el plan esta en proceso de revision para ejecutarse.
Ademas, de acuerdo con el ministerio, de 2018 a 2023, se llevaron a cabos actividades de educacion integral en sexualidad para prevenir embarazos en niñas y adolescentes, que llegaron a 91.021 jovenes.
Un acceso nulo a la atencion en salud fisica y mental
En los cuatro años del Gobierno de Giammattei, de los 20.254 casos registrados de violencia sexual contra menores de edad, el 16% no recibio atencion medica fisica ni psicologica, de acuerdo a la informacion facilitada por Ciprodeni, que se basa en la del Ministerio de Salud.
En todo caso, los especialistas advierten de que el ministerio no garantiza esta atencion. Para hacernos una idea de esto, solicitamos por medio de la Unidad de Acceso a la Informacion Publica, las cifras de kits de emergencia de las 72 horas para victimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud no proporciono los datos por edad, pero en los totales de cada año se evidencia que, a partir de 2020, se entregaron menos insumos.
En cuanto a los antirretrovirales para la prevencion del VIH en victimas de violencia sexual, el ministerio redujo su entrega, pasando de 1.299 pacientes a solo 925, entre el año 2019 y el 2020.
«No es justo ni logico que venga una niña, victima de violencia sexual, desde Quiche, porque en Quiche no tenian el kit de las 72 horas. La trasladan a Ciudad de Guatemala porque aqui si habia kits. Es como una triple vulneracion. Debemos organizar una ruta adecuada desde el territorio local para que no tenga que subir hasta lo nacional y que en todo ese proceso la victima no sufra otra vulneracion», exige Bejarano, directora de Ciprodeni.
Para las niñas y adolescentes que entran en un proceso penal hay un breve acompañamiento psicologico. Pero, independientemente de esto, el Ministerio de Salud debe encargarse de las terapias a todas ellas.
Lo hace a traves de las Clinicas Especializadas de Atencion a Victimas de Violencia Sexual, que atienden a personas adultas y menores de 18 años. Hasta 2019, habia 42 de estas clinicas en Guatemala. Durante el periodo de Giammattei unicamente se sumo una mas, segun la respuesta del Ministerio de Salud a una solicitud de informacion publica.
La atencion no estuvo ni esta disponible para todas las victimas. De los 340 municipios de Guatemala, solo en 42 hay una clinica para atender a sobrevivientes de violencia.
Por otro lado, el Ministerio de Salud cuenta con apenas 380 psicologos, un promedio de solo tres por cada 100 mil habitantes. Estos profesionales se concentran en las cabeceras departamentales y municipales.
Para acceder a la salud mental, las victimas deben viajar a estas cabeceras, pero no siempre pueden, asi que suelen abandonar el tratamiento.
Oquendo Reyes, representante legal de Conacmi, explica que muchas de las sobrevivientes de violencia viven en comunidades lejanas. «Para pasar por el proceso terapeutico tendrian que gastar un dinero que no tienen. La psicologa esta para ofrecer procesos terapeuticos, pero no puede llegar. Entonces, se pierde».
La otra opcion son las organizaciones no gubernamentales, como Conacmi, que atienden de 300 a 350 casos anuales. «Uno de los casos que hemos visto es el de una niña abusada sexualmente durante varios años. Cuando iniciamos el proceso terapeutico necesitamos que este la mama. Resulta que la mama tambien fue objeto de abuso y, cuando investigamos, tambien la abuela. Una historia transgeneracional donde no han recibido ayuda. Necesitamos trabajar con las victimas, apoyarlas, iniciar procesos terapeuticos y garantizar la restitucion de ese derecho que les fue violentado», dice Oquendo Reyes.
En la capital de Guatemala, para las victimas de violencia sexual la situacion es complicada, pero en los otros departamentos se agudiza. En los municipios alejados a Ciudad de Guatemala hay mas victimas que no hablan español y esto es un obstaculo mas para acceder a los servicios, porque la mayoria de las psicologas no hablan idiomas mayas, garifunas y xincas.
«No se trata solo de que haya personal; debe ser pertinente, conocer el contexto y ser bilingüe. Muchas veces se contrata, pero no se toma en cuenta el contexto de la poblacion. En un municipio de Quetzaltenango, por ejemplo, fue contratado un hombre (psicologo). La mayoria de las victimas de violencia sexual son mujeres y la poblacion es mayormente indigena. Las victimas nos dicen que no tienen confianza de ir», cuenta Telma Suchi, facilitadora tecnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar) en Quetzaltenango.
El Programa Vida que no llego a todas las niñas
El Programa Vida del Ministerio de Desarrollo Social supone, sobre el papel, una alternativa para que las niñas victimas de violacion, a las que obligan a ser madres, tengan recursos para subsistir. Se les obliga porque el aborto en Guatemala esta penado por ley.
Durante los cuatro años que goberno Giammattei, el programa apenas logro atender al 7% de ellas, aunque, de 2021 a 2022, el presupuesto tuvo un ligero aumento. Para 2024 sera igual a 2023: se dispondra de 1,5 millones de quetzales (0,18 millones de euros).
“Al Programa Vida no se le asigno el presupuesto que correspondia para poder atender a estas niñas y adolescentes que son victimas de violencia sexual”, cuestiona Suchi, del Osar. “Adicionalmente, no se les admite en este programa hasta que el caso esta judicializado, de lo contrario no pueden ingresar. Yo creo que ahi hay una limitante bastante significativa”, recalca.
En las cifras de partos de niñas de 10 a 14 años el Osar señala un aumento durante los cuatro años del gobierno de Giammattei.
La educacion integral en sexualidad es una de las vias para prevenir la violencia sexual. Pero, durante el Gobierno de Alejandro Giammattei quedo aun mas estancada. Por escrito, el Ministerio de Educacion respondio a Ocote que, durante el periodo de 2013 a 2019, implemento la educacion integral en sexualidad con fondos de cooperacion, en el marco de convenios interinstitucionales. La inversion fue de 4,6 millones de quetzales (0,55 millones de euros).
Durante el periodo de 2020 a 2022 no se conto con fondos de cooperacion internacional ni fondos nacionales. Por lo tanto, no se implemento adecuadamente. En el ultimo año del gobierno de Giammattei, 2023, se asignaron fondos para la educacion en valores y sexualidad de mas de un millon de quetzales (mas de 0,12 millones de euros).
No hubo campañas y la unica decia: «No mas violencia sexual»
Carolina Escobar Sarti es escritora, investigadora social y directora de Asociacion Alianza Guatemala, una entidad que trabaja con niñas y adolescentes victimas de violencia sexual y trata de personas.
Sarti observa que, mas alla de una campaña, no hay informacion continua del Estado alrededor de la violencia sexual. Percibe una resistencia del partido Vamos, la organizacion politica del expresidente Alejandro Giammattei, en hablar de temas como genero, educacion integral en sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos.
La SVET indico a Ocote que conto con 52 materiales para campañas y difusion sobre violencia sexual. Entre estos solo habia un video y cuatro productos radiales, uno en español y otro en q’eqchi’.
La mayoria —47— son impresos y de estos solo hay tres en idiomas indigenas. Estos materiales fueron usados para playeras, lapiceros, afiches, blocks de notas, bolsas, accesorios para celulares… La mayoria con la frase: «No mas violencia sexual».
Algo que, segun las organizaciones y especialistas, fue insuficiente.
Las iniciativas de ley que no importaron en el Congreso
Las leyes para victimas de violencia sexual o para prevenir la violencia sexual que llegaron al Congreso durante el periodo 2020-2024 se quedaron estancadas. Una de estas fue la Ley Angelina, creada a partir del caso de una niña violada por el capataz de la finca donde vivia. Ella tenia 12 años. Quedo embarazada y tuvo gemelas. Fue inscrita en el programa Vida, pero no recibio la ayuda. Su agresor esta libre porque tiene medida sustitutiva.
La iniciativa 6090 pretende una reforma al articulo 264 del Codigo Procesal Penal para que los acusados de violar a niñas menores de 14 años no tengan medida sustitutiva, como el arresto domiciliario, y continuen en prision preventiva. Fue presentada en 2022 y, aun, no avanza.
Otra de las iniciativas es la Ley de Educacion Integral en Sexualidad que ingreso al Organismo Legislativo con el numero 6157 en octubre de 2022. No ha pasado ni la primera lectura.
La Ley Marco de Reparacion Transformadora para Las Niñas y Adolescentes Victimas de Violencia Sexual, que propone politicas de reparacion para las victimas, llego al Congreso en octubre de 2020 y se suma a las iniciativas engavetadas y que aun no avanzan a la primera lectura.
¿Que hara el nuevo gobierno de Arevalo?
En el informe que el expresidente Alejandro Giammattei presento con los logros de su ultimo año en el Gobierno, no estaba mencionada si quiera la respuesta a la violencia sexual contra menores de edad.
“Tristemente encontramos graves retrocesos. Hablamos de quienes denuncian, pero tambien hay muchos que no pueden hacerlo. Hay casos que no salen a la luz en las denuncias, no estan en los numeros. El subregistro es inmenso“, alerta Ninfa Alarcon, responsable del programa de derechos de niñez y adolescencia del area de cultura de paz de la ODHA (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala).
El 14 de enero de 2024, asumio en Guatemala el Gobierno de Bernardo Arevalo y Karin Herrera. En las propuestas de cambios para los primeros 100 dias de su Gobierno se incluye la prevencion de la violencia sexual, explotacion y trata de personas, que sera responsabilidad, especificamente de la vicepresidencia, en coordinacion con las municipalidades.
Ocote consulto con los ministerios de Salud, Educacion y Gobernacion para conocer las acciones que tienen previstas para atender esta problematica. Despues de siete dias de espera, Salud y Educacion no respondieron. Gobernacion si lo hizo, a traves de su departamento de Comunicacion Social.
Desde el ministerio aseguran que, a traves de la Unidad para la Prevencion Comunitaria de la Violencia (UPCV), se fortaleceran los mecanismos de coordinacion interinstitucional para contrarrestar la violencia sexual que afecta a la niñez. Lo pretenden lograr por medio de talleres de prevencion en la comunidad educativa y poblacion en general.
El ministerio señalo 13 acciones que pasan por revisar las estrategias existentes, identificando sus limitaciones y deficiencias, asi como fortalecer campañas de sensibilizacion (especialmente con material educativo), denuncia y atencion a la victima, y promover la colaboracion entre entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sectores educativos.
El 17 de enero de 2024 la vicepresidenta juramento a Danissa Ramirez como secretaria ejecutiva de la SVET (de la que habia sido subsecretaria). Ocote contacto con Karen Enrriquez, asistente de la Secretaria, para conocer la postura de la SVET y las acciones que tomara para reducir la violencia sexual infantil, pero indico que Ramirez estaba muy ocupada y pronto atenderia a las consultas, algo que, al cierre de edicion de este texto, no habia sucedido.