Oficina del Contralor revela deficiencias en las operaciones fiscales del Negociado de Energia : Noticias de Puerto Rico
Entre julio de 2015 y junio de 2019, el Negociado de Energia de Puerto Rico pago $36,000 a un contratista por la suscripcion mensual de una aplicacion electronica que nunca se desarrollo ni utilizo, lo que resulto en un gasto publico injustificado, revelo hoy, miercoles, la Oficina del Contralor en un informe de auditoria sobre las operaciones fiscales del ente regulador independiente.
Segun el informe, el Negociado carecia del componente administrativo para la utilizacion de la aplicacion, con la que se atenderian las requisiciones y ordenes de compra. El contratista debia ofrecer la aplicacion y sus modulos para 10 usuarios, y recibiria un pago mensual de $750 por la suscripcion. Los encargados del area administrativa del Negociado certificaban que los servicios se recibian conforme a lo estipulado en el contrato.
La auditoria revelo, sin embargo, que solo un usuario –un ayudante administrativo– tuvo acceso a la aplicacion en una etapa inicial, hasta cesar sus funciones en el Negociado en junio de 2015. Desde entonces y hasta agosto de 2019, ningun otro empleado tuvo acceso a la herramienta, por lo que se solicito la cancelacion de la suscripcion.
“El Negociado invirtio recursos por $36,000 que no habian tenido utilidad ni redundaron en beneficio de este ni del interes publico”, expuso la contralora Yesmin Valdivieso en el documento de 20 paginas.
Relacionado con lo anterior, la auditoria tambien revelo que el contratista –no identificado–, ademas de cobrar por la aplicacion en su facturacion, incluyo el servicio en sus propuestas de contrato entre los años fiscales 2015-16 y 2018-19, sin informarle al Negociado que la herramienta no estaba siendo utilizada. Lo anterior impidio que el ente regulador independiente tomara decisiones informadas previo a la formalizacion de dichos contratos.
Por entender que esta situacion es contraria al deber de lealtad del contratista y a su obligacion continua de divulgar cualquier interes que pudiese afectar al Negociado, lo que constituiria incumplimiento con obligaciones y responsabilidades eticas, la Oficina del Contralor la refirio al Departamento de Justicia. Hasta el pasado 22 de noviembre, no se habia recibido notificacion de Justicia al respecto.
Ademas, Valdivieso recomendo al Negociado “evaluar si se debe instar una accion de recobro” por los $36,000 pagados al contratista por suscripciones mensuales de la aplicacion entre julio de 2015 y junio de 2019.
Otros hallazgos
Como parte de la auditoria, que cubrio el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, la Oficina del Contralor examino 10 contratos de servicios profesionales y consultivos y sus 11 enmiendas, por $2,453,916.
Se encontro que, para cuatro de esos contratos, el Negociado otorgo enmiendas de caracter retroactivo, lo que esta prohibido por ley, mediante las que se pago $48,308 en exceso al balance original y $91 por gastos no establecidos.
“Los presidentes que fungieron en el Negociado se apartaron de las disposiciones citadas y no protegieron los intereses del Negociado, al formalizar las enmiendas de los contratos con caracter retroactivo por la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios”, dijo Valdivieso en referencia a las presuntas acciones de Agustin Carbo Lugo y Jose H. Roman Morales, expresidente y ex presidente interino, respectivamente, del ente regulador independiente.
En dos de los cuatro contratos, se indica en el informe, las enmiendas extendieron las vigencias e incrementaron la compensacion a pagar, pero no incluyeron servicios adicionales. En las transacciones, se identifico un fraccionamiento “para obviar el cumplimiento” con la obtencion previa de la autorizacion de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Secretaria de la Gobernacion para las contrataciones en exceso de $10,000 en un mismo año fiscal.
“Los funcionarios que fungieron como directores de la Oficina de Asesoria Legal utilizaron el fraccionamiento para evadir el requisito inicial impuesto por la Ley 3-2017 y la reglamentacion aplicable, para adelantar la contratacion antes de que la OGP y la Secretaria de la Gobernacion la autorizaran. La Secretaria de la Gobernacion y la OGP no tuvieron la oportunidad de evaluar a tiempo y autorizar el contrato para formalizacion de este”, expuso Valdivieso, quien recomendo, igualmente, el recobro de los $48,308 por servicios pagados mediante enmiendas con caracter retroactivo y los $91 pagados por gastos no establecidos en el contrato.
Como tercer hallazgo, la auditoria revelo que el Negociado desembolso $110,660 por servicios rendidos no descritos en los contratos.
Especificamente, el ente regulador independiente pago $59,760 a un contratista que invirtio 747 o el 80% de sus horas, entre 2017 y 2018, en la redaccion de borradores de reglamentos internos, en lugar de brindar asesoramiento en asuntos de administracion publica. Para el mismo periodo, se contrato una compañia para analisis de propuestas legislativas y cabildero que, en cambio, utilizo 636.25 o el 67% de sus horas en tareas administrativas, inventarios y otras tareas no relacionadas con los servicios descritos, para un total de $50,900.
Aunque el marco legal vigente establece que los contratos deben precisar los servicios y obligaciones requeridos, Valdivieso destaco la aprobacion de facturas de trabajos no descritos. Recomendo, por lo tanto, asegurarse de que los funcionarios que certifican dichas facturas en el Negociado “cuenten con el conocimiento adecuado”.
El cuarto y ultimo hallazgo apunta a que, en cinco de los 10 contratos profesionales y consultivos examinados, no se solicito la Certificacion de Deuda (Modelo SC 6096) a los contratistas con responsabilidad contributiva en la isla, antes de efectuar el ultimo pago para liquidarles. Los pagos se efectuaron del 12 de septiembre de 2017 al 11 de junio de 2019, y correspondieron a cinco facturas por $49,942.
“Los contratistas que tengan deudas con el Departamento de Hacienda no pueden cumplir con las mismas y estas no puedan ser recobradas”, dijo Valdivieso, quien apunto a una falta de “supervision eficaz” en el Negociado y encomendo que se les requiera a los contratistas el Modelo SC 6096 antes de efectuarseles el ultimo pago.
A partir de los hallazgos, Valdivieso vertio una opinion cualificada de las operaciones fiscales del Negociado. Esta se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
Responde el Negociado
En entrevista con este medio, la directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora de Servicio Publico –a la que adscrito el Negociado–, Carmen Serrano, indico que acogeran todas las recomendaciones de Valdivieso.
Menciono, por ejemplo, que, tras recibir el borrador de la auditoria, enviaron cartas de recobro y, hasta ahora, han recuperado $578. Informo, de paso, que se hara una consulta a la Oficina del Contralor sobre la informacion de todos los contratistas, ya que no fue incluida en el informe.
Serrano argumento que “gran parte de las actuaciones” destacadas en la auditoria “fueron realizadas bajo las administraciones pasadas”, y que fue bajo la actual presidencia de Edison Aviles Deliz que, entre otras cosas, se creo una estructura organizacional en el Negociado y se cancelo el contrato de la aplicacion que nunca se utilizo.
“Cuando llegamos (en 2018), habia funciones que todas las hacia una misma persona y eso conllevo a muchos errores. Montamos una estructura y todo paso a la Junta, que cuenta con un preinterventor, pagador y todo lo que conlleva una agencia de gobierno”, dijo.
Agrego que “todo el personal” de Finanzas y demas areas que manejan contratos ha tomado cursos de la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General, entre otras dependencias, para regirse adecuadamente y evitar situaciones como las identificadas en la auditoria.
Asimismo, indico, se instruyo a los contratistas a detallar sus tareas, aun en la etapa inicial de propuesta; y a que Finanzas reciba copia de los contratos para asegurar que las facturas coinciden con el trabajo realizado. Tambien, se les esta pidiendo a los contratistas que sometan el Modelo SC 6096 junto a su ultima factura.
“Hemos sido bien rigurosos y vamos a seguir las recomendaciones. Las vamos a acoger todas y vamos a proceder conforme a ley y reglamento y conforme a derecho. Y si hay alguien que debamos referir a las agencias pertinentes, lo vamos a hacer”, puntualizo Serrano.
El informe de auditoria recoge expresiones de Carbo Lugo Roman Morales.
