¿Que significa defender la vivienda publica? El circuito publico-privado de la vivienda social – Pitirre

Aunque la pregunta pueda parecer muy obvia para todo el espectro de la izquierda socialdemocrata y un irritante estorbo discursivo social para el sector mas liberal de nuestra politica, cabe pensar que no hay nada obvio en su significado cuando dentro de los programas politicos de los partidos parlamentarios es quiza uno de los pocos elementos comunes que cabe encontrar, desde un polo al otro del estrato electoral. Todos defienden aumentar la inversion en la construccion de mas vivienda publica, aunque en todo lo demas puedan tener intereses contrarios. ¿No deberia causarnos algun tipo de sospecha que, bajo este lema, que todos damos por sentado como socialmente beneficioso, tanto un partido como el contrario usen este eslogan del mismo modo? En este articulo nos vamos a centrar en reflexionar que significa realmente defender la vivienda publica cuando la reivindican los politicos profesionales y que debe significar cuando la defendemos nosotros como sociedad. Porque igual, a base de no pensar en ello, resulta que el mismo lema ha servido a propositos radicalmente diferentes cuando lo dicen ellos y cuando lo decimos nosotros. Igual sucede que a lo que se refieren los politicos con mas vivienda publica acaba resultando un ahondamiento en la crisis de vivienda, en la venta masiva de suelo publico y en la depauperacion y expulsion de las poblaciones que se acogen a los regimenes sociales, que el Estado tramposamente auspicia. Igual esta reflexion nos deja ver un elemento esencial que debemos tener en cuenta como sociedad (o al menos como clase trabajadora, si entendemos que no todos los estratos de la sociedad tienen los mismos intereses) a la hora de elevar demandas al Gobierno, que bajo el marco del neoliberalismo, el interes nacional (eminentemente el lucro economico y electoral) y el interes social, son contrarios e incompatibles. Con ello en mente nos percatamos que para que una demanda con genuino beneficio social comun sea llevada a cabo, no debe ser pedida a los gobiernos de turno, sino que debe ser forzada por medio de la propuesta a que se cumpla como designio de la ciudadania, por mucho que al estado le resulte perjudicial en sus intereses privados.

Asi pues, “mas vivienda publica” es una proclama equivoca que puede servir a mas de un interes y bajo la cual pueden convivir intereses sumamente contradictorios. Por un lado, podria pensarse en terminos liberales que la solucion pasa por invertir en ladrillo para posteriormente etiquetarlo como publico y asi eliminar la mancha de connotaciones que a la izquierda repelen, como contribuir a la logica de la oferta y la demanda para bajar el precio de la vivienda. El asentamiento de este mantra proviene de la herencia politica del franquismo inmobiliario, explicando como siendo el sexto pais de la OCDE con mas viviendas construidas (casi 500 por cada mil habitantes) el precio de la vivienda sigue la tendencia de subida absurda y deshumanizada que lleva. Tan sencillo como que construir un nuevo carril en una carretera no soluciona los atascos. El ambito de la solucion pasa mas por decisiones fiscales, legislativas y, en ultimo termino, politicas, mas que por la mera cuestion constructiva que jamas dejara de servir a logicas economicistas. El mantra del ladrillo es evidente que proviene de un vicio de tiempos pasados y de una deliberada ignorancia de lo que supuso la crisis de 2007, el mayor atasco inmobiliario de la historia del pais. Igual el problema es simplemente anterior a la construccion, en la medida en la que el foco problematico esta en el uso y sentido de la vivienda que inspira su construccion. Uso y mercantilizacion y el modo en como las medidas del gobierno favorecen el negocio especulativo, la inversion privada externa, el turismo barato e implican la sustitucion de las rentas mas bajas de los nucleos urbanos. Si con este mantra estamos favoreciendo estas ultimas consecuencias, mas nos vale pensar de donde viene, por que lo seguimos creyendo y por que celebramos que los politicos lo mantengan como una estrategia de propaganda electoral eficaz.

Si nos creemos este mantra es porque vivimos propagandisticamente la celebracion del exito del boom inmobiliario franquista. Éxito del que vive aun la mayoria propietaria de este pais o, por lo menos, los que sobrevivieron con propiedad a la crisis de 2008. Este “milagro inmobiliario” que nos enseño a automatizar que el problema de la vivienda es uno de oferta y demanda y que la solucion siempre es la de construir mas nos ha cegado completamente a la hora de entender de manera realista la crisis de vivienda que hoy acecha a todo pais capitalista en mayor o menor grado. Elementos como la turistificacion del mercado inmobiliario, la demanda autoinducida por grandes inversores externos, los fenomenos especulativos y el aumento de la desigualdad social (uno de sus principales factores es la percepcion de una o mas rentas derivadas de un alquiler) son elementos que una cuestion de oferta y demanda de la economia clasica no llega a entender y por lo que la solucion franquista no deja de fracasar.

Hay que recordar que la construccion inmobiliaria masiva del desarrollismo franquista no pudo ser posible sin la subvencion directa de las constructoras privadas, los mayores beneficiados del milagro de la vivienda en España. Con ello, España afianzo un pacto con el que hoy nos estrangulamos, la dependencia de la financiacion privada externa. En 1954, se creo la figura de la vivienda de proteccion oficial como elemento central de la intervencion estatal en materia de vivienda publica y, en 1957, el reciente Ministerio de Vivienda creaba el plan de urgencia social para paliar el chabolismo y mitigar los excesos del exodo rural desregulado. Entre sus medidas estaba la construccion de sesenta mil viviendas para crear poblados de absorcion que abastecieran la demanda de los inmigrantes españoles en Madrid (como lo fue El Ruedo, hoy en vias de privatizarse). Dada la incapacidad economica de llevar ello a cabo desde el Estado, se busco subvencionar a la iniciativa privada como sustento de la construccion de vivienda publica en España.

Desde este episodio historico es desde donde hay que comenzar a fundar la sospecha de que implica realmente la defensa de la vivienda publica, cuando desde su fundacion gubernamental ha sido completamente dependiente de la intervencion privada. En la medida en la que la colaboracion publico-privada es esencial en el establecimiento del statu quo y responsable inmediato de nuestra situacion, quiza convenga desembarazarse de una vez de la ingenuidad de que el Estado y “lo publico” sigan obedeciendo a los intereses de la clase trabajadora y sea, para los demas que son propietarios, un asunto que truena sin molestar desde la comodidad de su casa ya pagada. El sentido de la politica inmobiliaria franquista era asentar una clase media fuerte, que era lo que pedia la coyuntura economica occidental despues de la segunda guerra mundial. Con ello, ademas, tambien se disolvia con el mismo golpe incentivos claves del movimiento obrero, para lo que era fundamental garantizar el acceso con minimos costes estatales a la vivienda. Esa subvencion privada quitaba cargas fiscales al Estado, pero consolidaba una elite constructiva del ladrillo, la financiacion privada externa y la mania gubernamental de la privatizacion compulsiva, que aun vemos en izquierda y derecha parlamentaria. Sin embargo, todo este movimiento ya anticipaba la crisis de 2008 en la medida en que, a traves de la hipoteca, se redirigio la mayor parte de la renta al pago de la vivienda, lo cual hacia dependiente a un gran sector de la poblacion del precio de la vivienda y degradaba el Estado del Bienestar, haciendolo mucho mas debil a los alisios macroeconomicos.

En este sentido lo distintivo respecto de Europa en las politicas de vivienda española, es que, mientras el norte aposto por una vivienda social mayormente basada en el alquiler, el Gobierno español penso en un parque de vivienda social orientada hacia los propietarios. Por este motivo resulta razonable (al menos para algunos, que confunden razon con rentabilidad) que la vivienda de proteccion expire temporalmente de su cualificacion y quede en manos del Estado su salida al mercado competitivo. Asi, finalmente, tras 15 años de proteccion oficial ya puede venir un posible propietario, con mas dinero que el anterior inquilino, que pueda pagarla al precio de mercado. Ese dinero que salio del bolsillo de los españoles y que acaba repartido entre una inmobiliaria, un banco, una constructora y el propietario que despues la ponga en alquiler.

A traves de la figura del VPO se obliga a los promotores privados a construir un pequeño porcentaje de sus viviendas a un precio menor a cambio de subvenciones publicas y beneficios fiscales. Ello solo ha sido usado de pantalla para cubrir electoralmente un falso altruismo social con la transferencia de grandes sumas de dinero publico a promotores inmobiliarios privados. Tan solo cabe pensar en lo absurdo de su pretendida funcion social en el mismo momento en que, tras su perdida de la proteccion oficial, esa misma vivienda contribuye inmediatamente a procesos especulativos despues de haberse integrado en el mercado. La explicacion pasa por asumir que estas viviendas nunca estuvieron fuera del mercado, que la proteccion en su precio provenia de impuestos que alimentaban los beneficios fiscales de entidades privadas que posteriormente obtendria la oportunidad de compensar la inversion sobre la promocion construida.

La despatrimonializacion del suelo publico a cambio de mas ladrillo para construir es evidente con la venta sistematica de vivienda publica por parte de todos los ultimos gobiernos. Si esto es lo que se quiere significar con la defensa de un parque de vivienda publica, tengase en cuenta que solo ahonda en la parte del problema de la vivienda que afecta a los que mas dificil lo tienen para acceder a un hogar. Entender seriamente que significa defender la vivienda publica es entender que defender al Estado como algo ajeno y salvador respecto de los grandes tenedores privados es ignorar su estrecha compenetracion historica, que hoy esta mas vigente que nunca. Es entender que defender el Estado frente a las empresas en un contexto neoliberal es no atender a que el Estado funciona como otra empresa, que cada pequeño propietario que alquila su segunda vivienda funciona como una empresa. Igual la defensa de lo publico tiene que ver con negar al Estado sus propios intereses y forzarle, por medio de la lucha colectiva, a que su vivienda sea efectivamente publica y su vivienda social sea efectivamente social, cosa que salta a la vista que no es el caso en Madrid.