Comision senatorial avanza el requisito de subasta para el recogido de basura en los municipios : Noticias de Puerto Rico
Tras los casos de corrupcion relacionados a la otorgacion de contratos para el manejo de los residuos solidos en cinco municipios, la Comision de Asuntos Municipales del Senado se apresta a aprobar finalmente el informe de un proyecto de ley para requerir que los alcaldes o alcaldesas tengan que celebrar subastas publicas para este servicio, ya que desde la decada de 1990 esta industria ha estado exenta de ese control fiscal.
Entre el 2019 y 2020, cuando se discutia el Codigo Municipal, miembros de la Legislatura intentaron hacer ese cambio de politica publica. Pero el Senado presidido entonces por Thomas Rivera Schatz se opuso a ello en las negociaciones con la Camara de Representantes, segun dos fuentes conocedoras de las conversaciones y segun lo valida el tracto legislativo.
Previo incluso a las acusaciones y acuerdos de culpabilidad de cuatro alcaldes populares y tres novoprogresistas, parte de la delegacion legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) intento requerir que los contratos millonarios para el manejo de los residuos solidos en Puerto Rico se otorgaran mediante subasta publica. Pero la Asamblea Legislativa echo para atras ese cambio ante la presion de un grupo de alcaldes, entre los cuales el convicto Ángel Perez Otero jugo un rol fundamental, segun se desprende documentos oficiales en poder de este medio.
Cuatro años despues de esa discusion, los alcaldes y alcaldesas siguen escogiendo las empresas que recogeran los residuos que disponen los residentes y comerciantes sin regulacion ni requisito en ley, a pesar de que en diciembre de 2021 las autoridades federales develaron un mega esquema de sobornos y concusion en los contratos concedidos para este servicio y la pavimentacion de carreteras en seis municipios: Aguas Buenas, Cataño, Guayama, Guaynabo, Humacao y Trujillo Alto.
“Lo que estamos pidiendo es llenar esa laguna (en la ley), pues no se entiende por que se exceptua de subasta publica uno de los gastos mas altos de los municipios”, expreso Juan Jose Santiago Nieves, presidente de la comision cameral de Autonomia Municipal y quien es hijo del alcalde de Comerio, Jose “Josian” Santiago.
Este cuatrienio, se presentaron dos medidas para adoptar mayores controles en la otorgacion de estos contratos, una promovida por el representante novoprogresista, Jose “Che” Perez Cordero, de la autoria de 15 representantes de su partido. La otra es de la autoria del presidente de la Camara, Rafael Hernandez Montañez y el representante popular, Santiago Nieves.
La Camara de Representantes aprobo un proyecto sustitutivo en mayo de 2022, pero desde entonces ha estado engavetado en la Comision de Asuntos Municipales del Senado.
La presidenta de la comision senatorial, Migdalia Gonzalez Arroyo, confirmo a este diario que convoco a una reunion ejecutiva este jueves, para bajar a votacion el informe, un paso necesario para que se pueda calendarizar la votacion sobre la medida en la sesion.
“Entendemos que el gobernador lo va a firmar porque atiende esa laguna de que un alcalde escoja con el dedo a la compañia de residuos solidos que prestara el servicio, algo que esta directamente atado a los casos recientes (de corrupcion)”, añadio Santiago Nieves.
Esfuerzos socavados
Esfuerzos similares habian sido socavados en el cuatrienio anterior. En agosto de 2019, la entonces senadora Margarita Nolasco Santiago y el entonces presidente Rivera Schatz radicaron el Proyecto del Senado 1333 para crear el Codigo Municipal de Puerto Rico. En su origen, esta medida requeria que los contratos de desperdicios solidos fueran a subasta publica, distinto a lo que establecia la antigua Ley de Municipios Autonomos.
“En mi oficina, se trabajo el proyecto original. Lo que hicimos fue recoger las 19 leyes que habia concerniente a los municipios y organizarlas por tema en un mismo lugar…siempre se consultaba a los alcaldes. Participaron (en la redaccion) varios de mis asesores y varios asesores del presidente”, comento Nolasco quien dijo no recordar detalles especificos en torno a los residuos solidos.
“No se decirte que jugo ahi”, contesto sobre el cambio.
Nolasco fue sucedida por el exsenador Nelson Cruz Santiago, cuando renuncio el mismo mes de agosto de 2019 para dirigir la Administracion de Compensaciones por Accidentes Automovilisticos (ACAA). Cuando la medida salio de la comision, un año despues, ya se habia enmendado para reincorporar el lenguaje que excluye del requisito de subasta publica cualquier prestacion de servicios de manejo de desperdicios solidos.
El informe positivo documenta los señalamientos que los alcaldes le hicieron llegar al Senado, pero ningun comentario incluido aborda explicitamente el cambio para esta industria.
Cruz indico a este medio que ese cambio ocurrio luego que su comision estudiara el tracto de cuando se aprobo la Ley de Municipios Autonomos en 1991 bajo el gobierno de Rafael Hernandez Colon. Alego que, en ese entonces, cuando se dañaba un camion de recogido de basura y se atrasaba el servicio, los alcaldes denunciaban que la gente les llevaba las bolsas con residuos de comida y otros materiales a la alcaldia.
“Se dejo abierto para que los alcaldes pudieran escoger otra compañia para que diera el servicio y se facturara por las casas a las que se recogio en esos dias. Esa fue la razon por la cual se dejo de esa manera. Fuimos articulo por articulo, se busco experiencias de los alcaldes y el tracto legislativo en ese entonces. Jamas pensamos que esto iba a ser materia de controversia en un futuro”, alego el exsenador, quien confeso que habia repasado el asunto en anticipacion a posibles cuestionamientos tras los arrestos y acusaciones.
“Todas esas enmiendas se trabajaron en conjunto con la Federacion y Asociacion de Alcaldes… Nunca recibi nada de ‘Cano’ (Felix Delgado) ni Ángel Perez ni de ninguno de los que salieron (acusados)”, insistio Cruz Santiago.
Aunque la Camara de Representantes elimino la exencion, el lenguaje se reincorporo en el comite de conferencia en el que participaron los expresidentes Rivera Schatz y Carlos Mendez Nuñez, asi como los exlegisladores Cruz Santiago, Reinaldo Vargas Rodriguez, Hector Martinez Maldonado y Antonio Soto Torres. De hecho, Vargas Rodriguez era el presidente de la comision cameral y resulto uno de los alcaldes acusados, tras asumir las riendas del Municipio de Humacao en 2021.
Cuando el proyecto estaba ante la Camara de Representantes, la Federacion de Alcaldes, entonces presidida por Carlos Molina Rodriguez, habia presentado una ponencia de 20 paginas, en la que decia que para la evaluacion del proyecto de ley nombraron un comite tecnico.
Molina Rodriguez agrego: “En especial, reconozco y agradezco la ayuda del Alcalde de Guaynabo (Perez Otero) y todo su equipo de asesor (sic) quienes han sido pieza esencial en las recomendaciones y señalamientos de esta medida legislativa”.
Sobre este asunto, el representante Eddie Charbonier Chinea recordo que “habia una diferencia entre los legisladores que querian ser mas estrictos y los alcaldes que presionaban para tener mas flexibilidad”. “A mi no me llamaban para presionar para ese tema porque yo tengo mi propia estructura electoral, no dependo de ningun alcalde, pero hay otros compañeros que dependen de la estructura electoral de sus alcaldes”, comento.
Similarmente, el representante Perez Cordero comento en entrevista con este diario: “Se nos hizo una representacion de que este era un servicio esencial y pasar por todo un proceso burocratico podia causar un problema de salubridad o seguridad”.
Los alcaldes no fueron los unicos que se expresaron en contra del requisito de subasta publica. Los ejecutivos de la compañia Consolidated Waste se opusieron a cierto lenguaje y pidieron que se les excluyera de los procesos de subasta publica.
Santamaria jugaba doble bando
Al tiempo en que se discutia este proyecto, Santamaria Torres jugaba doble bando: asesor legislativo mediante la firma Law Affairs y contratista municipal para los servicios de recogido de residuos solidos. Su empresa Waste Collection tenia vigentes $86 millones en contratos con Arecibo, Cataño, Cidra, Aguas Buenas, Trujillo Alto, Toa Baja, Loiza, Naguabo y Yauco.
Segun la prueba de fiscalia en el juicio contra Perez Otero, Santamaria Torres habia expresado al entonces alcalde interes en el contrato para la estacion de trasbordo de residuos solidos en Guaynabo.
“En ningun momento, (los alcaldes de) Guaynabo ni Cataño tuvieron interferencia en cuanto a ese asunto ni tampoco el señor Oscar Santamaria. Por lo menos, en la comision, no permiti ninguna persona extraña a los ejecutivos municipales que insertaran ninguna propuesta”, asevero Cruz Santiago.
Santamaria Torres no tuvo contrato con el Senado en el cuatrienio anterior. Durante ese periodo, su firma, Law Affairs, tenia contratos vigentes para asesorar a los representantes Ángel Bulerin Ramos y Jose “Pichy” Torres Zamora. este medio encontro, al evaluar las facturas presentadas por Law Affairs, que la empresa cobro por analizar ese proyecto de ley. Como parte del informe de la labor realizada, Santamaria Torres certifico que, en el mes de junio de 2020, su empresa dedico 20 horas a labores relacionadas al analisis del Codigo Municipal. Esto significo el cobro de $2,000 por las gestiones realizadas durante cuatro dias.
La descripcion lleva las iniciales MAG, en referencia a que fueron tareas realizadas por la licenciada Michelle Anglero Gonzalez. Entre el 2 y 3 de junio de 2020, la abogada dedico 15 horas a investigar, leer y analizar el proyecto de ley, asi como redactar un memorando de derecho con analisis de la medida, “en preparacion para la vista publica de la Comision de Asuntos Municipales de la Camara de Representantes”, entre otras tareas.
Anglero Gonzalez dedico tambien dos horas al monitoreo de la sesion ordinaria y al “intercambio de mensajes de texto con el Vicepresidente (Torres Zamora) sobre el tramite legislativo y seguimiento al P. del S. 1333″ y otros tres proyectos de ley, segun las facturas.