El decreto de vivienda llega al Congreso sin los apoyos suficientes para prorrogar el alquiler de 2,6 millones de personas – Pitirre

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anuncio las medidas para hacer frente a la crisis por la guerra de Iran. La crisis en el Consejo de Ministros se resolvio aquel viernes con dos reales decretos ley, uno de ellos el de la prorroga de los alquileres que forzo Sumar, y que este martes llega al Congreso de los Diputados.

Despues de cuarenta dias en vigor, esta previsto que el texto decaiga en la Camara Baja. A la espera de que se produzca una sorpresa de ultima hora a lo largo de la mañana, PP, Vox y Junts van a votar en contra de que siga vigente la posibilidad de solicitar la congelacion del alquiler para 2,6 millones de personas, segun el calculo del Sindicato de Inquilinas. Esta organizacion es una de las que mas ha presionado, tanto para que se aprobara la medida como para que los partidos que la van a tumbar, al menos, se enfrenten a sus propios votantes y les digan claramente que van a permitir que se les pueda dejar en la calle en uno de los momentos mas tensos a nivel economico.

Este domingo lo hicieron frente a la sede del Partido Popular, pero llevan presionando desde que se aprobo el decreto, por ejemplo enviando 70.000 cartas a los diputados de la derecha que pretenden tumbar el decreto, recordandoles que tambien los inquilinos que hay entre los suyos se veran afectados, y que dos de cada tres votantes del PP apoyan la prorroga, segun una encuesta del Ateneo del Dato.

El Sindicato ha estado animando a los inquilinos a beneficiarse del decreto antes de que llegue la cita de este martes en el Congreso, aunque desde el mismo 20 de marzo advierten de que su alcance no es suficiente. Ese dia, celebraron su aprobacion como un logro propio, aunque lamentaron que no era «una congelacion real», ademas de que la medida «no aplicaria a contratos de habitacion o contratos temporales«, como alerto su portavoz Valeria Racu. Entre sus exigencias para paliar la crisis de los alquileres estaba tambien recuperar la moratoria antidesahucios, la prohibicion de echar a la calle y cortar suministros a vulnerables, que PP, Vox y Junts tambien tumbaron por considerar que fomenta la okupacion.

Junts reafirma su ‘no’ a pesar del acercamiento de Sumar

A horas de que se produzca la votacion, el PP sigue en un ‘no’ rotundo. Esto deja la pelota en el tejado de Junts, cuyo apoyo complico la misma lider de Sumar, Yolanda Diaz, cuando califico a los de Puigdemont como una organizacion «clasista» y «racista». Si ya eran tensas las relaciones con el Gobierno, los catalanes tienen ahora en su mano el destino de un decreto clave para la parte de Sumar, que dirige las negociaciones y se niega a darse por vencida.

En ese sentido, este lunes, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anuncio que las negociaciones con Junts seguian en marcha, y abrio la puerta a conceder algunas de las exigencias de la derecha catalana para convencerles. Lo hizo en una entrevista en La Hora de la 1, pero unas horas mas tarde el titular de Cultura y tambien de Sumar, Ernest Urtasun se reafirmo en que las vias que Junts pone encima de la mesa, «no deben ser un obstaculo» para negociar el decreto.

Lo que habian puesto encima de la mesa es, por un lado, bonificar a los caseros a los que se les pida la prorroga del alquiler con deducciones fiscales, una medida que va en contra de las exigencias de los Sindicatos de Inquilinas, que rechazan de plano las ayudas a los propietarios como forma de atajar la crisis de la vivienda. El propio Urtasun admitia que esta concesion va en contra del propio ideario de Sumar: «No son nuestro modelo», decia, aunque «estamos dispuestos a transitarlas».

La otra exigencia de Junts es el «IVA franquiciado«, que parte de una mocion de los de Puigdemont para librar de ese impuesto para los pequeños autonomos, que el Gobierno ya apoyo como moneda de cambio. Fue en marzo, cuando PSOE y Sumar votaron a favor en el Congreso de esa PNL (proposicion no de ley) no vinculante de Junts para eliminar el IVA a los autonomos que facturen menos de 85.000 euros al año, que ahora abren la puerta a convertir en realidad. Urtasun se escudaba en que Sumar si esta «de acuerdo» con esa medida, y recordaba que no es mas que la transposicion de una directiva europea.

Pero mientras Bustinduy y Urtasun celebraban en publico que «hay tiempo» de que los de Puigdemont se lo piensen, Junts reafirma que votaran en contra. Las fuentes del partido consultadas por este medio son claras: «El Gobierno sabe lo que planteamos. No debemos negociar nada ni estamos negociando nada«, aseguran. Sobre el acercamiento de Sumar, creen que «acreditan que han entendido que defiende Junts y que estan dispuestos a ejecutarlo», y pone la pelota en el tejado del PSOE: «¿Seguira sin aceptar que no tiene mayoria y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta trasera?», se preguntan.

Donde tambien han hablado es en el PP, «la unica fuerza politica que se ha negado» a negociar, segun Urtasun. Fuentes populares  aseguran que no desvelan su posicion hasta los debates, aunque se refieren a las declaraciones de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que mantuvo este sabado que rechazan el Real Decreto-ley y pidieron al Gobierno «que reflexione» en una entrevista en RNE.

Sumar presiona al PSOE

Una vez pase la votacion, sea cual sea el resultado, en sectores de Sumar habra una reflexion sobre el apoyo del PSOE a sus iniciativas. Los de Yolanda Diaz han hecho extensiva su presion a PP y Junts a la parte socialista del Gobierno, a la que han pedido una y otra vez que colabore en las negociaciones. La ultima vez este lunes, cuando Urtasun les lanzo un nuevo «llamamiento». Fuentes de Ferraz aseguran que ellos tambien han participado en la negociacion, y que no dan por perdido el decreto a pesar del ‘no’ que ha mantenido Junts.

Pero lo cierto es que, desde el mismo 20 de marzo, se noto el gusto del PSOE por este decreto. Empezando porque ese dia los miembros de Sumar se negaron a sentarse en el Consejo de Ministros para forzar a que el texto, directamente, existiera. Lo consiguieron, pero Pedro Sanchez lo menciono en apenas un minuto, despues de dedicarle unos treinta a desgranar el otro decreto, el de las medidas anticrisis, que se aprobo unos dias despues en el Congreso. Desde entonces, el presidente dejo claro que si Sumar queria que su decreto saliera adelante, era cosa suya, dejandoles solos ante un ‘no’ anticipado el primer dia por PP, Vox y Junts.

La caida del decreto abre el escenario judicial

La sesion en el Congreso de los Diputados comienza a las 15:00 horas, y tras varios debates se procedera a la votacion, en la que esta previsto que decaiga el decreto. Hasta ese momento, todavia pueden solicitar la prorroga aquellos inquilinos cuyo contrato expire antes del 31 de diciembre de 2027, mediante una peticion por escrito a sus caseros. El texto, ademas, limita al 2% del precio actual la actualizacion anual de los contratos, en sustitucion de lo que pueda subir el IPC (indice de precios al consumo) por la crisis derivada de la guerra en Iran.

Urtasun recordaba tambien que el decreto puede suponer para algunos inquilinos, entre los que hay muchos que votan al PP, un ahorro de hasta 2.000 euros cada año, partiendo de la base de que para muchos otros la medida supone directamente no perder la casa en la que estan en alquiler al poder prorrogar su contrato dos años mas. Ademas, en algunas ciudades con los precios tensionados, el ahorro puede aumentar a «entre 600 y 700 euros al mes«, segun el ministro.

La posibilidad de acogerse a el existe para mas de un millon de contratos, segun los datos que ha ido aportando el Sindicato de Inquilinas en sus comunicados. Sin embargo, pasada la votacion se abrira un nuevo escenario: el judicial. Y es que, si el decreto decae, seran los tribunales los que tengan que decidir sobre aquellas solicitudes de prorroga que se hayan pedido durante estos cuarenta dias, pero que no se hayan tramitado todavia.

Y aqui es donde esta otro de los puntos de tension entre el PSOE y Sumar, con la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodriguez, admitiendo que seria un escenario juridico «inedito», y diciendo que espera que la Justicia se ponga «siempre del lado del derecho a la vivienda», pero no dando pie a que se vaya a tomar ninguna medida para dar garantias juridicas a quienes se vean en esta situacion.