hospitales autonomicos que no pagan el alquiler a su casero, la Seguridad Social – Pitirre
El 1 de enero de 2002 culmino la transferencia de la sanidad publica española a las comunidades autonomas, tras una durisima negociacion del Ejecutivo de Jose Maria Aznar con 10 de ellas, la mitad gobernadas por el PSOE. Las otras siete –Catalunya, Pais Vasco, Navarra, Andalucia, Galicia, Canarias y Pais Valencià– habian empezado a asumir competencias sanitarias ya en 1981. Ese traspaso, que liquido el Insalud, fue la mayor transferencia de recursos financieros –10.200 millones de euros– y materiales –139.564 empleados publicos– del Gobierno a las comunidades autonomas jamas ejecutada.
En el paquete se incluyeron tambien miles de inmuebles. Ademas de 83 hospitales, cientos de centros de salud y de especialidades, asi como edificios administrativos, pasaron a manos de las comunidades autonomas. Un asunto en principio menor que, sin embargo, ha terminado convertido, 25 años despues, en un autentico absurdo entre administraciones. Porque los inmuebles no fueron ni regalados ni vendidos, sino «adscritos» a las comunidades autonomas: su dueño sigue siendo la Tesoreria General de la Seguridad Social, aunque los usan las comunidades, pero a modo de inquilinos que no pagan alquiler. Si deben hacerse cargo de su mantenimiento, sufragar las reformas necesarias y abonar los impuestos a los que esten obligados. El proceso tuvo una irregularidad añadida: los edificios, imitando al gato de Schrödinger, figuran al mismo tiempo en el balance de la Seguridad Social y en los de las respectivas comunidades autonomas.
Los reales decretos de traspaso del Insalud no dejan lugar a dudas de que los inmuebles transferidos siguen siendo patrimonio de la Seguridad Social, porque han sido financiados mediante cotizaciones de los trabajadores, y deben mantenerse en su balance. Asi lo ha repetido el Tribunal de Cuentas a lo largo de los años. Tambien la Intervencion General del Estado. Y, por ejemplo, la Intervencion de la Comunidad de Madrid, que reprochaba al Hospital Universitario Fundacion Alcorcon en 2023 que incluyera en su propio balance el valor del inmueble donde se ubica el centro sanitario, 65,58 millones de euros. Lo tachaba de «sobrevaloracion» y recordaba que llevaba años advirtiendo a los gestores del hospital sobre ella. Tambien criticaba que, en todo ese tiempo, Alcorcon no hubiera sido capaz de aportar documento alguno que acreditara la «adscripcion oficial» del edificio al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). En tanto el hospital y la Seguridad Social no firmen las «actas de entrega y recepcion de mobiliario, equipo y material inventariable», explicaba, no quedara «debidamente acreditada la efectividad del traspaso y debe considerarse que el inmueble aun pertenece a la Tesoreria General de la Seguridad Social».
En sus alegaciones, el hospital contesto que esa documentacion, «en caso de que exista», no esta en su poder, «y dado el tiempo transcurrido, 20 años, es muy improbable que se pudiese localizar«. Ademas, como prueba de la adscripcion, reproduce un justificante de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Alcorcon, por importe de 610.587,36 euros, abonados por la Comunidad de Madrid. Concluye el hospital invitando a la Intervencion a solicitar «al organo correspondiente», que evita mencionar, los documentos que acrediten «plenamente» la adscripcion del inmueble al Sermas. Segun ha podido saber Publico, esa misma falta de actas y documentos la han sufrido otras comunidades autonomas donde surgio la controversia. Es decir, con el traspaso de las competencias sanitarias se produjo una descentralizacion de facto que, sin embargo, nunca se escrituro. Casi como si la sanidad autonomica viviera de okupa en edificios de la Seguridad Social.
Por ejemplo, en parecida situacion al Hospital de Alcorcon quedaron, tras las transferencias, otras fundaciones publicas creadas por el Insalud, como las de los hospitales de Manacor y Son Llatzer (Balears) y el Hospital de Calahorra (La Rioja).
Administraciones que se pasan la pelota
Publico ha preguntado a las administraciones implicadas por este conflicto burocratico-contable, pero todas desvian el tiro. «La Tesoreria General de la Seguridad Social no tiene capacidad ni competencia para ello [solucionar el problema], ya que, aunque sea la propietaria, nunca ha hecho uso de los inmuebles», justifica el ministerio de Elma Saiz. El Hospital de Alcorcon se ha limitado a responder que su actividad «se desarrolla cumpliendo la normativa vigente». Y el Instituto Nacional de Gestion Sanitaria (Ingesa), sucesor del Insalud y dependiente del Ministerio de Sanidad, explica que ya ha pedido que se de de baja en su balance el inmueble del Hospital de Alcorcon, por lo que traslada la responsabilidad a la Seguridad Social. El Ingesa rechaza que los inmuebles del difunto Insalud figuren en su balance, ya que sus competencias se reducen ahora a gestionar la sanidad de Ceuta y Melilla. Tambien el Inserso y el Instituto Social de la Marina (ISM) transfirieron inmuebles a las comunidades autonomas siguiendo el mismo modelo de adscripcion.
De hecho, mas del 30% del patrimonio inmobiliario de la Tesoreria de la Seguridad Social se encuentra «transferido o adscrito» a favor de otras administraciones, como revela su mas reciente informe estadistico y de gestion. Esas administraciones deben devolver los inmuebles si no los utilizan o cambian su uso. Asi que en 2024 la Tesoreria abrio 15 expedientes de reversion de edificios transferidos a las comunidades autonomas y tramito otros 13 de depuracion de situaciones juridicas irregulares, que en algunos casos tambien han terminado en la reversion de los edificios a la Seguridad Social. Siete de ellos eran «inmuebles ocupados sin titulo».
En cualquier caso, el balance del Ingesa incluye ahora inmuebles con un valor historico –tasado en su fecha de construccion–de 2.316 millones de euros, segun figura en las Cuentas Consolidadas de la Seguridad Social de 2024. Su cartera se compone de mas de un millar de edificios. No obstante, su valor real, actualizado, puede mas que triplicar ese importe.
¿Pagar una compensacion?
La solucion al embrollo legal no es sencilla, porque ni la Seguridad Social puede permitirse hacer semejante recorte en su patrimonio –que es negativo desde 2017 por los deficits acumulados entre 2010 y 2023– regalando los edificios a las comunidades autonomas, ni estas se los van a comprar. Ademas, el Tribunal de Cuentas se ha pasado años pidiendo que el Estado abone una compensacion a la Seguridad Social por esos inmuebles que posee, pero de los que no ha podido disponer –para alquilarlos o venderlos, por ejemplo–. En un informe de fiscalizacion sobre la evolucion del patrimonio y presupuesto de la Seguridad Social en 2018, el Tribunal de Cuentas advierte de que esa compensacion tiene un importe dificil de cuantificar, por la antigüedad de los datos necesarios para calcularlo y por la imposibilidad de determinar el coste de oportunidad, los recursos adicionales que la Seguridad Social dejo de percibir al no poder disponer de los edificios. Pero en ese año, solo el valor contable de los inmuebles transferidos ascendia a 3.781 millones de euros, asegura.
En 2011, la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de Jose Luis Rodriguez Zapatero fue aprobada con el apoyo de CiU, que consiguio asi incluir en el texto toda una tanda de enmiendas. Una de ellas pedia el traspaso de la titularidad de los antiguos edificios del Insalud a las comunidades autonomas. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, hablaba entonces de unos 600 inmuebles, valorados en 9.300 millones de euros, cuya propiedad pasaria a aquellos gobiernos regionales que lo solicitaran. Antes, el Estado, cuyo patrimonio esta separado del patrimonio de la Seguridad Social, deberia haber recibido esos inmuebles como pago de la deuda que esta arrastra por los prestamos que recibio entre 1992 y 1999. A continuacion, el Estado deberia traspasarlos definitivamente a las comunidades autonomas que asi lo solicitaran. Segun Granado, la Seguridad Social era propietaria entonces de una docena de hospitales vacios.
Esa via de solucion no estuvo abierta mucho tiempo. En diciembre de 2013, el Gobierno del PP aprovecho la Ley de Presupuestos para derogar la disposicion adicional con la que se habia incluido la enmienda de CiU en la reforma de las pensiones de 2011. En ese corto espacio de tiempo ninguna comunidad autonoma solicito la propiedad de los inmuebles de cuyo uso disfrutan. Tampoco se ha pagado ninguna compensacion a la Seguridad Social.
Siete años despues, el Pacto de Toledo, la comision parlamentaria encargada de mejorar el sistema de las pensiones, pidio en una de sus ultimas recomendaciones que se permitiera a las comunidades autonomas adquirir la «plena titularidad dominical» de estos inmuebles adscritos tras la transferencia del Insalud, pero «sin ocasionar menoscabo alguno en los derechos economico-patrimoniales de la Seguridad Social».
Separar el suelo del vuelo
Pero, de momento, el unico movimiento para intentar legalizar este absurdo administrativo ha sido añadir un parrafo en una de las normas de reconocimiento y valoracion (NRV) de la Adaptacion del Plan General de Contabilidad Publica a las entidades de la Seguridad Social. En el se establece expresamente que los inmuebles adscritos a las comunidades autonomas tras el traspaso del Insalud deberan figurar solo en el balance de la Seguridad Social, que sigue siendo su propietario.
Pero la controversia dista de estar cerrada. El Tribunal de Cuentas afea ahora a la Seguridad Social que no registre el valor de los terrenos separadamente del valor de las construcciones que constituyen parte de ese patrimonio inmobiliario que se reparte con las comunidades autonomas. Se trata de suelos y edificios por un importe total de 403 millones de euros, de los que 208,6 millones corresponden al Ingesa y otros 153,5 millones al Imserso. Ambas cifras estan infravaloradas, advierte el tribunal, porque en algunos casos el terreno no esta contabilizado y en otros lo esta junto con el edificio. Y eso supone un problema: mientras los terrenos tienen una vida util ilimitada y no se amortizan, los edificios si pierden valor y son amortizables; hay que separar el suelo del vuelo y la Seguridad Social no lo ha hecho en muchos casos. A partir de 2019, el Hospital de Puerta de Hierro si incluyo los 18 millones de euros en que valoro los terrenos –185.645 metros cuadrados– donde se construyo el centro, cedidos por el Ayuntamiento de Majadahonda. El edificio se incorporo al balance con un importe de 180 millones. Otro tanto hizo el Hospital Infanta Leonor. Aunque inaugurado en 2008, incluye entre sus edificios el Hospital Virgen de la Torre, transferido a la Comunidad de Madrid en 2002. Los terrenos, valorados en 6,7 millones de euros, fueron una cesion municipal gratuita. La construccion se taso en 110,58 millones.
El Hospital de Alcorcon tambien ha registrado ambos conceptos de forma independiente. Los terrenos donde se levanta el edificio pertenecen a la Comunidad de Madrid, que los cedio en su dia a la Tesoreria General de la Seguridad Social para construir el hospital. Su valor de tasacion –el de mercado en 1998, fecha de inicio de su actividad– es de 17,73 millones de euros, segun consta en las cuentas de 2024. En ellas, el Hospital de Alcorcon pone negro sobre blanco que no paga «importe alguno» a la Seguridad Social por el uso del edificio.
