La ONU advierte que España esta «incumpliendo sus obligaciones» de investigar los crimenes del franquismo – Pitirre

La Organizacion de las Naciones Unidas lanza un aviso a España por incumplir su deuda con la memoria historica. Cuatro relatores de la ONU concluyeron en febrero que nuestro pais «estaria incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos» por la falta de investigacion sobre los crimenes del franquismo. La ONU pone el foco en el archivo de querellas relacionadas con las atrocidades de la dictadura, como asesinatos.

Las asociaciones de derechos humanos y memoria Iridia y CEAQUA presentaron una queja sobre las trabas para investigar hasta 18 casos presentados en los tribunales desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria de 2022. La respuesta la firman el Relator Especial sobre la promocion de la verdad, la justicia, la reparacion y las garantias de no repeticion, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas.

Inciden en su «seria preocupacion» por esta situacion, y recuerdan que «mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crimenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos» cometidas durante la dictadura y los años posteriores, esta «incumpliendo sus obligaciones«. Asimismo, piden al Gobierno que transmita esta observacion a los tribunales, que son los que estan bloqueando estas investigaciones, «a fin de que puedan tener en cuenta los estandares internacionales» que deben aplicar.

Los tribunales se amparan en la Ley de Amnistia de 1977

El pasado 26 de marzo, el Congreso convalido una reforma de la Ley de Memoria Democratica de 2022 que extendia el estatus de victima del franquismo a los asesinados, mutilados y torturados en los ultimos años de la dictadura y los primeros de la Transicion —de 1968 a 1978—, ampliando para esos casos las indemnizaciones. Sin embargo, esto no ha servido para esquivar los impedimentos legales para investigar estos crimenes, como por ejemplo la Ley de Amnistia de 1977, a pesar de que la norma de 2022 impulso la creacion de una fiscalia especializada en este tipo de casos.

Este fue el caso de la denuncia por el asesinato de Teofilo del Valle, un joven trabajador del textil que mato a tiros la Policia Armada —el antecedente franquista de la Policia Nacional— en una manifestacion obrera en Elda (Alicante) el 24 de febrero de 1976, y que esta considerado como la primera victima de la represion durante la Transicion. Tras presentarse la querella, se llamo a declarar a Rodolfo Martin Villa, entonces ministro del Interior y responsable de ese cuerpo policial, y se propuso su imputacion.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante archivo la causa hace apenas una semana, amparandose en la Amnistia de 1977, que extiende el perdon a los delitos politicos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, por lo que Martin Villa quedaria excluido. En 2024, despues de que se archivara otra causa por las torturas a Julio Pacheco, el Tribunal Constitucional advirtio de que la Ley de Memoria de 2022 no cambiaba el escenario, que es lo que ahora denuncia la ONU.

Los relatores recuerdan que «el derecho internacional no permite la aplicacion de plazos de prescripcion o causales de extincion de la accion penal, tales como las amnistias» en el caso de los crimenes de lesa humanidad, y que los estandares «estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar» ese tipo de actos. Hacerlo, como advierten que esta permitiendo España a sus tribunales, impide «el acceso de las victimas a un recurso efectivo».

El Gobierno admite que no tiene datos

La respuesta del Gobierno ha sido admitir que no tienen datos sobre por que no hay investigaciones judiciales sobre esos 18 casos denunciados por las asociaciones. Fue en abril, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores aclaro que la estadistica judicial no desglosa los datos sobre esta cuestion, y que los unicos disponibles —de la Memoria Anual de la Fiscalia 2025— muestran que se iniciaron diez expedientes de seguimiento por querellas de crimenes durante el franquismo por parte de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democratica.

El Ejecutivo explica que los tribunales inadmiten o dan carpetazo a estas causas «basandose en normativas penales internas» y por la doctrina del Tribunal Constitucional. Ademas, tratan de quitarse de encima las acusaciones de la ONU argumentando que la Fiscalia ha promovido las investigaciones, por ejemplo, con «la consolidacion» de 49 fiscales especializados, el «combate procesal» contra los archivos automaticos de las causas o el impulso de «diligencias de investigacion preprocesal» cuando se hallan restos humanos en fosas comunes que muestran signos de violencia.