El informe policial sobre Infancia Libre se elaboro con declaraciones de padres y datos falseados para inculpar a las madres : Entretenimiento de España
A finales de mayo de 2019, A.C.R. viajo de Granada a Madrid para denunciar ante la unidad de la Policia Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla que su exmujer, E.J.G., actuaba segun el mismo modus operandi que otras que por entonces salian en medios de comunicacion. La detencion de Maria Sevilla (presidenta de la asociacion Infancia Libre) a principios de abril de ese año y la de otras dos mujeres a las que se ligo a la organizacion casi un mes mas tarde coparon de una forma sorprendente los espacios informativos y las tertulias televisivas.
A.C.R. habia sabido por las noticias (o asi lo afirmo) que esa unidad policial estaba elaborando un informe con distintos casos y que se entrevistaba con padres que afirmaban que sus mujeres tambien encajaban en la supuesta trama. En su denuncia ante los agentes, explico que su expareja lo habia denunciado por malos tratos psicologicos hacia su hija y que la menor habia sido atendida por la pediatra de Granada N.P.U., a pesar de que no era su medica de referencia.
Esta pediatra habia sido señalada por la Policia judicial como una de las colaboradoras necesarias de la trama junto a la psiquiatra A.M.R. de Granada y al psiquiatra A.E.N. de Madrid. Segun la Policia, se dedicaban a realizar informes “falsos” y “a medida” para estas madres.
A la salida de A.C.R. del juzgado, habia apostados en la puerta varios reporteros de television esperando poder recoger sus declaraciones. A cara descubierta afirmo que habia ido con varios “padres afectados” a denunciar que no veian a sus hijos pese a no tener ningun tipo de condena (TVE a partir de minuto 36). A lo largo de los siguientes dias, este padre aparecio en diversos medios escritos y en varios programas de television. En algunos a cara descubierta, en otros con su imagen anonimizada.
En ellos conto que hacia mas de tres años que no veia a su hija, que su expareja le habia puesto ocho o nueve denuncias, de las que habia salido absuelto, y que tras unos informes de la pediatra N.P.U. “hechos a la carta”, la revinculacion con su hija se habia frenado. Tras su denuncia, el nombre de su expareja, E.J.G., fue incluido en la investigacion de la Policia judicial. Ya era una supuesta criminal.
Si veia a la niña, pero no consta en el informe
Lo que A.C.R. no conto a la Policia es que en el momento de realizar su denuncia, el, su expareja y su hija estaban inmersos en un proceso de mediacion, ordenado por un auto judicial, cuyas sesiones se producian una vez a la semana. El auto esta fechado el 28 de mayo de 2018, es decir, justo un año antes de que este padre se desplazara a Madrid. La mediacion comenzo solo dos meses despues de que la ordenara el juzgado y seguia en vigor cuando este hombre denuncio a su expareja ante la Policia judicial.
El padre tampoco conto en su denuncia que durante un periodo de tiempo padre e hija se veian en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) decretado por un juzgado y que estas visitas se habian suspendido en varias ocasiones por la negativa de la niña a ver al padre.
Llegaban alli madre e hija en la fecha y hora convenidas, pero la menor “llora en la desvinculacion de la progenitora” y “permanece en las dependencias con sintomatologia ansiosa”, entraba en panico y “verbaliza su negativa a ver al padre”, tal como reflejan algunos informes que periodicamente el propio PEF remitia al juzgado y a los que ha tenido acceso este medio. Estas dificultades fueron las que impulsaron al juzgado a imponer una mediacion.
La mediacion comenzo cuando la niña tenia 12 años y duro cerca de dos. A los 14, la menor se planto y dijo a las psicologas que no queria ver mas a su padre, dijera lo que dijera el juzgado, y que no volveria a las sesiones. En su informe final, las mediadoras recomiendan que la menor vea a su padre una vez al mes, en el momento en el que ella decida, y que las visitas no sean a solas, sino que este acompañada por algun adulto.
Otro detalle que omitio A.C.R. y que no se recoge por la Policia es que en marzo de 2016, cuando su expareja lo denuncia por maltrato psicologico hacia la menor por dejarla encerrada en un coche en un descampado como castigo (el enesimo que sufria la menor, segun testimonio de la madre), la familia vivia en La Zubia (un municipio situado a unos 10 kilometros de Granada capital).
Fue el pediatra de esa localidad quien derivo a la menor a salud mental, donde fue tratada por ansiedad, por lo que la pediatra N.P.U. no estuvo involucrada en la denuncia hacia el padre ni en la retirada de visitas que le impuso un juzgado, ni emitio ningun informe hasta finales de 2016, cuando madre e hija ya se habian trasladado a vivir a Granada. Ninguno de los profesionales que examinaron en ese momento a la menor fueron incluidos en el informe de la Policia, firmado por el entonces jefe de la unidad de la Policia adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo.
Durante el tiempo en que N.P.U. fue su pediatra, elaboro algunos informes siguiendo el protocolo de atencion al maltrato, notificando las sospechas sobre el padre ante el relato y los sintomas que presentaba la niña, asi como su vision contraria como pediatra al informe de la perito del servicio psicosocial del juzgado, que habia puesto el foco sobre una supuesta interferencia de la madre hacia la niña.
Esta perito, M.R.P., tambien acudio a declarar ante la Policia, tal como refleja el oficio policial. La madre la habia denunciado ante el Colegio Oficial de Psicologos de Andalucia por aplicarle un falso Sindrome de Alienacion Parental (SAP).
Lo curioso del informe policial es que no vincula a esta madre como miembro de la asociacion Infancia Libre, sino que la incluye en el oficio solo por el hecho de que la pediatra N.P.U. fuera la medica de su hija. Esta facultativa atiende a una poblacion de unos 1.000 menores en Granada.
Posibles abusos denunciados por el centro hospitalario
La mujer M.V.C. tambien fue incluida en el informe de la Policia. Un par de partes medicos de urgencias del Hospital Materno Infantil de Granada realizados en fechas distintas y firmados por diferentes profesionales alertaron al juzgado sobre posibles abusos sexuales de su hijo y se inicio una investigacion judicial. El primero de los partes esta fechado en diciembre de 2017, cuando el niño tenia 19 meses; refleja arañazos en la zona del menton y debajo de la mandibula tras haber pasado la tarde con su padre. El segundo, con fecha de 5 de julio de 2018, describe una fisura anal.
Cuando este parte fue emitido, la pediatra habitual del niño estaba de vacaciones, por lo que la pediatra de urgencias derivo a la madre a otro centro sanitario que esta a pocos metros del hospital y en el que trabajaba N.P.U. Se trata del unico informe que esta pediatra realiza sobre este menor y lo hizo siguiendo el protocolo despues de que el hospital abriera un procedimiento por posibles abusos sexuales.
Este hecho fue el que impulso a J.J.M.J., el padre, a dirigirse a la Policia judicial a poner una denuncia afirmando que en su caso tambien habia coincidencias en cuanto al supuesto modus operandi. Una unica supuesta coincidencia con otros casos (la misma pediatra) fue suficiente para que la Policia incluyera el nombre de la madre en el informe como supuesta participante en una trama criminal.
Lo que oculta este hombre a la Policia (al menos en el relato del oficio no se recoge) es que, tras la denuncia de los supuestos abusos hacia su hijo, la madre decidio denunciar tambien la violencia de genero que habia sufrido ella mientras duro la relacion, hechos que estaban siendo investigados cuando el acude a la Policia judicial.
Otro de los datos que no aporta el informe es que, tras los partes medicos de lesiones, el juzgado de familia modifico en diciembre de 2018 el regimen de visitas del padre con el menor. Denego la peticion de la madre de retirarle las visitas del niño al padre, pero establecio (en acuerdo con la Fiscalia) un regimen de visitas tuteladas en el PEF y justifico la decision de forma expresa en el auto por no ser “creible la explicacion que al respecto ha dado el padre —que es la madre la causante de las lesiones para privarle de las visitas—”.
La Policia insta al juzgado a detener a una madre de Granada
Otro hombre, M.G.G., se puso en contacto con la Unidad de la Policia Judicial para denunciar que su expareja, R.O.I., no solo empleaba, segun el, un modus operandi similar a las otras mujeres que salian en los medios, sino que habia estado ligada directamente a Infancia Libre.
R.O.I. fue la vicepresidenta de dicha asociacion mientras esta estuvo en activo, entre el 30 de agosto de 2015 (cuando se registra) y mayo de 2017, tal como ha reflejado la Fiscalia que ha investigado el oficio policial. Sin embargo, la denuncia de la madre por presuntos abusos sexuales de la hija que tenian en comun fue presentada en 2014, mucho antes de que se sentaran las bases de la supuesta organizacion criminal.
El informe policial afirma que el padre aporto documentos que constataban que R.O.I. habia incumplido en diversos momentos las visitas con su hija y que fue multada por ello por el juzgado. Tambien afirma Pedro Agudo en el informe que el juzgado de instruccion numero 9 de Granada, “que conoce el asunto por desobediencia y quebrantamiento de los deberes de custodia”, le encargo a esa unidad policial localizar a la madre para su citacion y toma de declaracion en sede judicial. Ademas refleja que en esa comparecencia en el juzgado “se establece de forma provisional, y para dar solucion al quebrantamiento grave que estaba ocurriendo, la guardia y custodia provisional para la tia paterna de [nombre de la hija], con un regimen de visitas restrictivo para [nombre de la madre] en un punto de encuentro familiar”.
En efecto, R.O.I. fue llamada a comparecer ante el juzgado bajo apercibimiento de detencion si no lo hacia. Pero el informe policial omite informacion clave para entender el caso de esta madre y la participacion directa de la Policia judicial para que se llevara a cabo dicha citacion.
El 14 de junio de 2019, el jefe de la unidad de la Policia adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, Pedro Agudo, firma un escrito dirigido al juzgado de instruccion nº 9 de Granada. En el oficio, al que ha tenido acceso Publico, Agudo hace un repaso de las actuaciones llevadas a cabo por su unidad en relacion a la supuesta organizacion criminal, relatando la detencion de tres mujeres a las que liga a dicha trama: la presidenta de Infancia Libre, Maria Sevilla, y otras dos que a lo largo del mes de mayo de ese año fueron puestas a disposicion judicial.
En su escrito al juez, Agudo afirma que en el caso de R.O.I. hay similitudes con los anteriores, realiza un repaso por la historia judicial de esta madre y advierte de que “de forma reiterada y grave” ha desatendido las “distintas advertencias judiciales” y que esta incurriendo en “conductas delictivas”.
Por estos motivos el jefe policial pide al juzgado que “comisione a esta Unidad investigadora para la localizacion, detencion y puesta a disposicion judicial” y que adopte “medidas urgentes en orden a determinar la guarda y custodia de la menor [nombre de la hija], conforme al interes superior de la menor”. El policia le pide al juez que actue con celeridad, puesto que “la unica via de investigacion de este equipo” para localizar a la menor es el lugar en que la niña esta escolarizada, advirtiendo que se acerca el periodo de vacaciones de verano.
El 17 de junio, solo tres dias despues de la fecha del oficio que la Policia envia al juzgado, el juez de dicha instancia notifica a la madre la obligacion de personarse en el juzgado. R.O.I. se presento de forma voluntaria, pero miembros de la Policia judicial (diversos medios citaban a Agudo entre ellos) siguieron sus pasos hasta el juzgado, dando la impresion de que estaba siendo detenida. De hecho asi lo contaron la mayoria de los medios de comunicacion ese dia.
El juez, tal como habia pedido la Policia en su oficio, tomo medidas en relacion a la custodia de la menor. En ese mismo momento retiro la custodia a la madre y se la entrego a la tia paterna en una actuacion que poco mas tarde, en noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Granada considero ilegal, porque el juez instructor “carecia de competencia para acordar las medidas de naturaleza civil que acordo”.
Tanto el informe de la Policia judicial como el oficio que esta unidad envio al juzgado de Granada ocultaron datos clave. Por un lado, que M.G.G. habia sido condenado por violencia hacia la madre. Por otro, que desde 2017 y por sentencia firme, esta tenia concedida la guarda y custodia en exclusiva de la menor y que esa misma sentencia habia archivado una orden de busca y captura por sustraccion contra la madre. La sentencia mencionada decreto que las visitas de la niña con su padre debian ser establecidas de mutuo acuerdo entre los progenitores y presentadas ante el juzgado, pero este documento nunca se presento, ni existe registro de que el padre lo hubiera solicitado.
Finalmente, a mediados de enero de 2020, la justicia devolvio a la madre la custodia de su hija tras siete meses durante los cuales ambas solo pudieron verse cada 15 dias en un punto de encuentro. Siete meses de separacion y sufrimiento pese a que R.O.I. no estuvo nunca en paradero desconocido ni habia incumplido ninguna orden judicial, como afirmaba el oficio policial.
Entre abril y julio de 2019, la unidad de la Policia Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla emprendio una supuesta investigacion para demostrar que un grupo de mujeres de distintos lugares de España (principalmente Granada y Madrid), dos abogados y tres profesionales de la sanidad publica se habian asociado para crear una organizacion criminal: Infancia Libre. El objetivo de esta trama consistia, segun la Policia, en denunciar falsamente a los padres de abusar sexualmente de sus hijas e hijos con el fin de quitarles la custodia y quedarsela ellas en exclusiva.
La supuesta investigacion policial acabo acusando a 22 personas, entre ellas a 17 madres. En enero de 2020 la Fiscalia Provincial de Madrid la archivo por no encontrar ningun indicio de organizacion ilicita. Sin embargo, a dia de hoy los bulos vertidos siguen ocupando espacio en medios de comunicacion, juzgados y debates publicos e influyendo en los procesos judiciales de estas mujeres y de otras madres que no se atreven a denunciar las agresiones sexuales intrafamiliares.
A lo largo de los ultimos cuatro años, ‘Publico’ ha realizado una amplia labor de documentacion sobre este caso e investigado los expedientes de un amplio numero de madres criminalizadas en esta caza de brujas. Comparando la amplia documentacion recabada, la conclusion es clara: el supuesto informe policial estuvo construido exclusivamente a partir de declaraciones de hombres acusados de haber ejercido violencia de genero o violencia sexual hacia sus hijos, con datos y declaraciones falsas o retorcidas que no pasaron por ningun tipo de verificacion o que directamente falsearon la realidad a sabiendas.
Esta actuacion policial tuvo y sigue teniendo serias consecuencias psicologicas y judiciales para las mujeres y sus hijos, asi como para algunos profesionales de la sanidad publica que siguen siendo cuestionados por esta falacia.
Los casos que se recogen en esta informacion son solo tres de los muchos que ‘Publico’ tiene documentados.
NOTA: ‘Publico’ ha decidido utilizar iniciales en todos los casos para respetar la identidad de las personas (algunas de las cuales aun continuan en procedimientos judiciales), aunque algunos de estos nombres se han hecho publicos y han sido aireados por distintos medios de comunicacion.