el negocio inmobiliario de la Iglesia que ha dejado en la calle a personas sin recursos – Pitirre
«¿Como puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los debiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interes economico?». Es la pregunta que hicieron llegar al papa Leon XIV los inquilinos afectados por la fundacion Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervencion en el Congreso. No olvidaron citar un versiculo de Isaias: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitareis vosotros solos en medio de la tierra?».
El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontifice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable». En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les esta «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turisticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habria librado la institucion eclesiastica.
«Movidos por la obtencion de lucro inmediato, la VOT esta subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo», exponen. En cuanto a la Fundacion Fusara, dependiente del Arzobispado de Madrid, han querido que el Santo Padre sepa que los inquilinos de 13 edificios que estaban en su posesion estan recibiendo ordenes de desahucio despues de que se confirmara su venta a un fondo buitre. «Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinamicas de especulacion y se pueda comportar como un fondo mas», lamentan.
Caso Fundaciones
Es uno de los mayores escandalos inmobiliarios relacionados con la Iglesia en España. La Fundacion de Santamarca y de San Ramon y San Antonio (Fusara) ha financiado durante decadas parte de su labor de ayuda a «los niños pobres» con las rentas de 14 bloques que le fueron donados por una herencia. En 2019, todos menos uno fueron vendidos a Tapiamar a traves de una serie de sociedades pantalla, por un precio muy por debajo de mercado y en unas circunstancias que acabaron siendo investigadas en los tribunales.
En cuanto los arrendatarios conocieron la operacion, se organizaron y actuaron como acusacion popular en la causa. Seis años despues, fundacion y fondo han llegado a un acuerdo extrajudicial por el que se ha hecho efectivo el traspaso de las viviendas. Esta ultima decision ha provocado la aplicacion de la doctrina Botin al grupo de afectados y su expulsion del proceso. La ultima baza que les queda es el Constitucional, al que han presentado un recurso de amparo este mes de junio.
«Si nos lo admiten y nos dan la razon, se anularian las actuaciones que levantaron las medidas cautelares que evitaban la venta y volveriamos a entrar en la causa. Si esto no pasa, habran ganado ellos», resume Monica Sevil, que, ademas de inquilina, es una de las abogadas contra Fusara. Las protestas de los vecinos y el inquilinato, con las pancartas de los «buitres con sotana», son ya mas que conocidas. Esta es la segunda vez que se dirigen a un papa, la primera, con Francisco al frente del Vaticano, consiguieron que se tomaran «cartas en el asunto» y que Fusara se convirtiera en acusacion particular.
«Nosotros calculamos que, vendidos piso por por piso, los inmuebles hoy en dia tienen un valor de 258 millones y los estan vendiendo por 99. Es una estafa en mayusculas«, sentencia la letrada. Cree que la venta perjudica a las cuentas de la fundacion y va en contra de los origenes de esta fundacion, creada en 1914 para financiar un orfanato de niños pobres en Madrid. «Su fundadora, Antonia Gonzalez y Perez dejo en su testamento muy clara esta finalidad», sostiene, «por eso a nosotros se nos habia comunicado que estos bienes eran invendibles y, de hecho, es lo que hemos visto que pone en los estatutos».
La abogada asegura que ya ha llegado a todos los vecinos una notificacion informandoles de que sus contratos no se van a renovar. Segun cuenta, los primeros desalojos podrian ocurrir en cuestion de semanas: «Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el dia 30 de junio se tienen que ir».
La investigacion en torno a estos bloques acabo fusionandose en una macrocausa conocida como el «caso fundaciones». En este proceso tambien se puso bajo la lupa la venta de una parroquia y una residencia de la Fundacion Santisima Virgen y San Celedonio a la Universidad Nebrija. Ademas, las pesquisas salpicaron a la Fundacion Molina Padilla por la venta de otros dos bloques de viviendas en la calle Nuñez de Balboa.
Este medio ha tratado de recabar el testimonio, tanto de Fusara, como de Hopewell (esta empresa ha comprado los inmuebles a Tapiamar hace aproximadamente un mes). Se ha preguntado a dichas entidades sobre el futuro de los edificios vendidos y de sus inquilinos, asi como los motivos que derivaron en la firma del acuerdo extrajudicial.
De igual manera, Publico se ha dirigido al Arzobispado de Madrid para conocer cual es su responsabilidad respecto a los movimientos de este tipo de fundaciones y su opinion ante la misiva enviada al maximo responsable de la Santa Sede. A la fecha en la que se publica este articulo no ha obtenido respuesta, si bien esta ultima entidad se ha pronunciado recientemente sobre el caso Fusara.
Esta misma circunscripcion territorial catolica, en diciembre de 2025, hizo publica una comunicacion tras conocer que algunas victimas del caso Fusara se habian puesto en contacto con parroquias madrileñas. En dicho texto señala que «la fundacion no forma parte del arzobispado ni depende de el» y que el arzobispo de Madrid ocupa la presidencia de su patronato «por expreso deseo de sus fundadoras».
Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el dia 30 de junio se tienen que ir
Tambien recuerdan que los responsables de la operacion de 2019, judicializada, han dejado sus cargos. «En 2024 se nombro un equipo totalmente renovado, con controles internos y auditoria externa. Este equipo consiguio revertir la compra irregular de unos terrenos y recuperar parte del dinero perdido, mejorando la situacion economica», añaden. A este respecto, indican que el acuerdo entre ambas partas de finales de 2025 se ha producido con la intencion de «garantizar la continuidad de los colegios y residencias, y evitando que la fundacion tuviera que cerrar antes de que hubiera sentencia firme».
Esta institucion ha desarrollado recientemente un documento con su «politica de inversiones financieras». En el insisten en que todas las inversiones de la diocesis deberan seguir «un marco etico, evitando practicas contrarias a la dignidad humana». Ademas, las inversiones se realizaran «a traves de fondos de inversion y no se utilizaran instrumentos financieros complejos o de dificil comprension».
Desahuciado por una orden franciscana
«A Dios rezando y con la VOT desahuciando», era uno de los lemas que cantaron los activistas en las hasta cuatro ocasiones en las que lograron frenar el desahucio de Mariano Ordaz. A la quinta, finalmente, se produjo. Ahora, este jubilado de 67 años que llevaba viviendo en el mismo portal del barrio de Embajadores desde que nacio, duerme en un albergue compartiendo habitacion con otras tres personas. Su historia esta detallada en la carta que Leon XIV recogio de manos de la diputada Veronica Barbero.
«Mariano Ordaz vive en un albergue porque la VOT se nego a renovarle su contrato y, lo mas grave de todo, se nego a negociar una solucion cuando son propietarios de mas de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir con la funcion benefica de la Iglesia», señalan los redactores de dicho documento.
Esta orden franciscana cuenta con varias propiedades en el centro de la capital, desde pisos a locales o edificios enteros. Una de sus posesiones mas iconicas es el Hospital VOT de San Francisco de Asis, a poca distancia de la manzana donde vivia Ordaz. Segun denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, hay afectados de varios bloques que se estan organizando para denunciar desperfectos en sus viviendas y subidas de alquiler excesivas.
Aunque los responsables inmobiliarios de la VOT no han respondido a las preguntas de Publico relacionadas con estas nuevas protestas de sus inquilinos, si aportaron su version sobre el desahucio de Mariano en un comunicado remitido a la prensa. La asociacion considera que ofrecieron facilidades en el pago de la renta y se le dio al arrendatario tiempo suficiente para encontrar una solucion. Ademas, entienden que, por este motivo, deben ser las administraciones quienes se encarguen de ayudarle, ya que, tanto su situacion economica como personal «ya son ajenas al objeto de esta Asociacion privada, sin animo de lucro, que debe velar por el cumplimiento de sus fines estatutariamente previstos».
¿Hasta donde llega el negocio inmobiliario de la Iglesia?
«Es dificil de calcular. Digamos que todo lo que sabemos es la peccata minuta y hay muchas cosas de sus negocios que se nos escapan. Esta todo el tema de las inversiones en fondos, las ventas que realizan, el turismo…», comenta Jose Maria Rosell Tous, portavoz de la Coordinadora Recuperando, encargada de investigar y denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia.
Junto a situaciones como las anteriores, donde los bienes acaban en manos de organizaciones religiosas gracias a donaciones y herencias, otra de las grandes fuentes de obtencion de patrimonio inmobiliario para las diocesis han sido las inmatriculaciones. «Las donaciones nos pueden parecer bien o mal, pero son legales. Lo que es indigno es que hayan podido durante tantos años adueñarse de un suelo que no es suyo y que luego, ademas, se lucren vendiendolo», añade Rosell.
Esta asociacion calcula que entre 1964 y 2014 (mientras la ley lo permitia) la Iglesia puso a su nombre unos 100.000 bienes. Las comunidades que mas han sufrido las inmatriculaciones son Castilla y Leon y Navarra. En esta ultima, hay 3.000 notas simples, que corresponden a «unas 5.000» inmatriculaciones. «Aproximadamente un 20% son bienes de culto, pero el resto no. El resto son jardines, huertos, frontones, fincas rusticas, viviendas… «, explica Cristina Contreras, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
Uno de los casos en los que se implico esta asociacion hace unos años fue el desahucio de Felicia, una anciana de casi 90 años a la que el Arzobispado de Pamplona acabo echando de la casa parroquial en la que estuvo 30 años viviendo. «Nos han llegado historias parecidas y las tenemos en un registro, pero a Felicia la estuvimos acompañando. Era un desahucio legal, pero era una mujer muy mayor. Le dijeron que tenian que hacer unas obras y que luego volveria. Era mentira. No volvio nunca y la casa sigue vacia y abandonada», afirma.
Le dijeron que tenian que hacer unas obras y que luego volveria. Era mentira. No volvio nunca y la casa sigue vacia y abandonada
Rosell señala problemas parecidos con otras casas parroquiales o «casas de rectores». Uno de los primeros ejemplos que le vienen a la mente es el conflicto que hubo en 2019 en Coya, Asturias. El pueblo intento alquilar esta vivienda a una familia con pocos recursos, pero fue entonces cuando descubrio la realidad: el Arzobispado de Oviedo la habia inmatriculado en 1964 y su intencion era venderla.
«Es un caso que se repite con frecuencia. Son inmuebles que construyeron los ayuntamientos o los propios vecinos, igual que se construia la casa del maestro o de un funcionario. Es decir, no eran de la Iglesia, se les cedieron. Luego las inmatricularon y muchas las venden o las alquilan. Es un tema bastante masivo», explica.
«Habria que reflexionar sobre el tema fiscal. A mi no me gustaria ser el alcalde de Toledo porque practicamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiastica y no pagan IBI»
El catedratico en Derecho Constitucional de la Universidad Publica de Navarra, Alejandro Lopez Gutierrez, cree que las posibilidades de recuperar ese patrimonio son minimas, porque se hicieron al amparo de la legislacion vigente. Sin embargo, resalta como una «victoria» haber conseguido revertir este privilegio y señala otra serie de asignaturas pendientes en esta materia: «Habria que reflexionar sobre el tema fiscal. A mi no me gustaria ser el alcalde de Toledo porque practicamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiastica y no pagan IBI, y es muy dificil prestar servicios si la mitad de tu ciudad no paga».
En segundo lugar, el catedratico apunta como su principal «campo de batalla» las casas de los ministros de culto. «Son decenas de miles de personas cuyas residencias no pagan el impuesto de bienes inmuebles y disfrutan de un regimen fiscal mejor que el de los funcionarios publicos, todo esto en un pais en que ninguna confesion tiene caracter estatal», afirma. Por otro lado, Lopez Gutierrez señala que tambien existe un plano moral: «Quiza deberian predicar con el ejemplo, quiza estan desahuciando a personas que pueden estar en una situacion comprometida».
Mas alla de estos activos locales, los datos aportados por la propia Conferencia Episcopal confirman que, tras ella, se encuentra uno de los mayores patrimonios inmobiliarios del pais. Segun la Memoria de Actividades presentada por la Conferencia Episcopal en 2025, la institucion destino 9,13 millones de euros correspondientes al ejercicio anterior para el desarrollo de 842 proyectos inmobiliarios, tanto de construccion como de conservacion y rehabilitacion. Ademas, a traves de la gestion de su patrimonio inmobiliario, financiero y de otras actividades, la Iglesia obtuvo unos ingresos de 168,3 millones de euros.
La asociacion Europa Laica pone en duda la transparencia de estas cifras y considera que se esta ocultando «la magnitud de los beneficios derivados de su entramado patrimonial y empresarial para que la ciudadania no sea consciente de la cantidad de impuestos que deja de aportar por estos conceptos». Ademas, desde la organizacion creen que, por los datos recabados, «es muy dificil catalogarla como una entidad sin animo de lucro».
