Los intereses financieros de los jueces ponen a prueba las garantias de imparcialidad del Tribunal de Justicia de la UE – Pitirre

Menos de 100 personas ejercen desde el diminuto Luxemburgo un poder sin igual que les faculta para definir las normas que rigen la vida de 500 millones de ciudadanos. Los miembros del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) pueden obligar a los gobiernos a modificar leyes y forzar a las empresas a desembolsar miles de millones de euros; tambien tienen la ultima palabra sobre la legislacion del mayor bloque comercial del mundo. 

Estos magistrados y expertos estan sujetos a normas muy estrictas para evitar la mas minima sombra de duda sobre sus decisiones. El Codigo de Conducta del tribunal establece que sus miembros deben evitar toda situacion «que pueda dar lugar a un conflicto de intereses (…) o que pueda percibirse como tal». La realidad, sin embargo, es otra. Una investigacion del consorcio internacional Investigate Europe, en la que ha participado Publico, confirma que un numero sorprendente de juristas y magistrados del TJUE tiene vinculos con las mismas empresas sobre las que el tribunal puede regular de forma efectiva. 

Mas del 40% de los actuales jueces y abogados generales han declarado intereses financieros privados, tal y como evidencia un analisis exclusivo de sus documentos de transparencia. Las carteras de los juristas incluyen acciones en los gigantes petroleros Eni y Total, participaciones en amplias operaciones inmobiliarias y de infraestructuras o su presencia en empresas tan conocidas como AstraZeneca, Airbus, Amazon y Boeing. Algunos de los miembros españoles del organo tambien figuran en este listado.

Segun ha descubierto Investigate Europe, en algunos casos los juristas del TJUE trabajaron antes en asuntos relacionados con empresas o competidores en los que tenian intereses economicos, lo que suscita dudas sobre posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para prevenir dichos riesgos. Esta dinamica plantea serias dudas sobre los posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para protegerse frente a tales riesgos.

Los periodistas de Investigate Europe trabajaron durante seis meses en una investigacion en la que han descubierto lagunas llamativas en la informacion publica facilitada por los juristas, asi como un sistema en el que los asuntos de los dos organos que integran el TJUE —el Tribunal de Justicia, la instancia superior, y el Tribunal General, la instancia inferior— se asignan sin control externo. Tambien ha desvelado toda una serie de riesgos para la imparcialidad derivados de los vinculos de los jueces con sus gobiernos nacionales. 

Tras preguntarle Investigate Europe, el presidente del Tribunal General de la UE avanzo que los resultados de la investigacion seran revisados por un comite interno. El Defensor del Pueblo Europeo, por su parte, anuncio que abrira una investigacion despues de que Investigate Europe presentara una denuncia ante este organo administrativo por el hecho de que el tribunal no hubiera hecho publicas las declaraciones patrimoniales historicas de los jueces.  

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«El Tribunal de Justicia de la Union Europea sigue sin cumplir los estandares de transparencia que hoy en dia se esperan de los tribunales supremos», critica Alberto Alemanno, profesor de Derecho de la UE en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC) de Paris y en el Colegio de Europa, que lleva mas de una decada escribiendo sobre transparencia judicial e integridad publica.

Los nombres españoles que figuran en la lista

España tiene derecho a uno de los 27 jueces que componen el Tribunal de Justicia de la UE, igual que el resto de los Estados miembros. Maria Lourdes Arastey Sahun es la jueza española que ocupa ahora ese sillon. El Tribunal General cuenta ademas con dos magistrados por Estado. La cuota española la representan Jose Martin y Perez de Nanclares y Miguel Sampol Pucurull, cuyo nombramiento fue confirmado para el mandato que comenzo en 2025. España tambien dispone tradicionalmente de un puesto permanente entre los abogados generales del Tribunal de Justicia: Manuel Campos Sanchez-Bordona.

Maria Lourdes Arastey Sahun entro a formar parte del Tribunal de Justicia de la UE en 2021. Y ejerce como presidenta de Sala desde el 8 de octubre de 2024. La magistrada tiene acciones en Repsol, tal y como consta en la declaracion de intereses que presento antes de su nombramiento, el 7 de octubre de 2024. En un escrito previo, de octubre de 2021, la jueza no declaro ninguna accion o interes, ni financiero ni inmobiliario. La situacion no cambia mucho en el caso de Jose Martin y Perez de Nanclares. El letrado forma parte del Tribunal General de la UE desde el 26 de septiembre de 2019. Su ultima declaracion lo situa con un fondo de inversion  y otro de pensiones en Caja Rural de Navarra asi como un segundo fondo de pensiones en ING. Ademas, tiene cuentas bancarias en la entidad luxemburguesa Spuerkees y en la caja navarra. El documento de intereses es identico al que presento en 2021.

Miguel Sampol Pucurull tiene una carta de presentacion un poco mas compleja. El magistrado ejerce como presidente de la Sala del Tribunal General de la UE desde septiembre de 2025. Las ultimas declaraciones de intereses que tenia colgadas en el portal de transparencia del organismo –una de 2021, otra de 2023 y la ultima de 2024- recogian acciones en BBVA y en una inmobiliaria familiar, Gestdoc SL. La primera lo situaba ademas como accionista de Prisa y las dos siguientes recogian participaciones en Amazon. Ademas, Sampol Pucurull cambio varias veces su declaracion de intereses. En 2023, puso a nombre de su esposa las acciones de BBVA y Amazon. En 2024, no especifico a quien pertenecian. Y en la ultima, actualizada hace poco mas de un mes, tras las reiteradas solicitudes de informacion de Investigate Europe, volvio a situarlas como un activo de su pareja. El TJUE no ha respondido a las solicitudes de informacion de Investigate Europe para aclarar a quien pertenecen realmente estas participaciones.

Y hay un detalle adicional. Miguel Sampol participo como juez en una resolucion del TGUE sobre un caso que afectaba a UPS y TNT Express, dos de los competidores directos de Amazon en Europa. La Comision Europea prohibio en 2013 la compra por parte de UPS, la mayor empresa de mensajeria del mundo, de su rival holandesa TNT Express, porque restringiria la competencia en la entrega rapida de paquetes pequeños en 15 Estados miembros. UPS demando a las autoridades comunitarias por considerar que el bloqueo a la operacion le habia causado perdidas millonarias y consiguio que se anulara esa decision por vulneracion de sus derechos de defensa. La multinacional reclamo, ademas, una indemnizacion de 1.740 millones. El TGUE rechazo esa pretension de UPS en 2022, con la firma del magistrado Miguel Sampol Pucurrull. 

Manuel Campos Sanchez-Bordona, por su parte, tampoco recoge en su declaracion ninguna participacion o «interes financiero» en empresas o sociedades, ni en España ni en Europa ni en EEUU.

Los casos de las grandes farmaceuticas

Juliane Kokott es una figura destacada del Tribunal de Justicia y una autoridad en derecho de la competencia. La abogada alemana cuenta con una variada cartera de acciones que, segun su ultima declaracion publica, incluye una empresa de infraestructuras ferroviarias, un fondo de inversion en oro fisico y tres grandes firmas farmaceuticas: AstraZeneca, BioNTech y Merck.

No es algo que contravenga las normas del tribunal. El Codigo de Conducta simplemente exige a los magistrados que declaren sus intereses economicos al tomar posesion de su cargo y que actualicen dicha informacion cada tres años o siempre que se produzcan cambios. Deben señalar cualquier posible conflicto cuando se les asigne un caso y, si es necesario, apartarse. 

Pero el TJUE no ofrece ninguna definicion de «conflicto de intereses» en sus directrices. La Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE) lo define como aquella situacion en la que los intereses privados de un funcionario publico «podrian influir indebidamente» en sus responsabilidades. El organismo considera que existe un «conflicto percibido» cuando estos intereses pueden influir en sus funciones, pero en ultima instancia no lo hacen.

En 2019, Kokott recibio un caso que enfrentaba a la empresa farmaceutica francesa Servier con la Comision Europea, en relacion con un tratamiento para la hipertension. Y dos años mas tarde, compro acciones de las tres empresas farmaceuticas. Kokott explico entonces que lo hizo para «contribuir, en una medida muy limitada», al desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. La abogada general emitio su dictamen en el caso Servier en 2022. 

Kokott ha sido llamada a emitir dictamenes sobre al menos ocho casos relacionados con el sector farmaceutico y los dio en cuatro de ellos desde 2016. Los dictamenes de los abogados generales tienen mucho peso y los magistrados los siguen aproximadamente en ocho de cada diez casos para redactar sus sentencias definitivas. 

Investigate Europe se puso en contacto con Kokott, quien afirmo «haber cumplido estrictamente todas las normas pertinentes, (…) en particular las relativas a la imparcialidad y los conflictos de intereses». Y respecto al caso Servier, Kokott señalo que, en ultima instancia, su dictamen no habia sido favorable para la empresa. «Sostuve que los acuerdos alcanzados por el grupo Servier con empresas de medicamentos genericos constituian restricciones a la competencia», explico la letrada. «Esto no beneficia en modo alguno a otro fabricante de medicamentos, como AstraZeneca, y, por tanto, no aumenta el valor de sus acciones», argumento. 

Kokott confirmo asimismo a los periodistas que solo tiene cinco acciones en AstraZeneca, otras cinco en Merck y siete en BioNTech. Y cuando se le pregunto si el hecho de poseer acciones en un sector en el que tambien habia trabajado podia plantear cuestiones de conflicto de intereses, Kokott deslizo: «No comparto esa impresion». La abogada no respondio a las preguntas que Investigate Europe le formulo sobre si el tribunal habia examinado la existencia de un posible conflicto de intereses.

«El hecho de que un jurista apoye al sector farmaceutico en general es problematico, aunque el valor de las acciones sea mas bien simbolico«, advierte una figura juridica de alto nivel familiarizada con el funcionamiento del TJUE que pide permanecer en el anonimato. «Se trata de la percepcion que transmite este tipo de casos, y ahi es donde radica el problema», insiste la misma fuente. Investigate Europe no ha encontrado indicios de que Kokott hubiera obtenido beneficios materiales de ninguno de los casos. Pero la abogada alemana no es la unica cuyos intereses privados se acercan mucho a su trabajo.

Los vinculos con el sector de la banca

En 2023, Geert de Baere formo parte como juez de una sala de cinco magistrados que se pronuncio sobre un asunto relacionado con BNP Paribas. El juez belga del Tribunal General de la UE habia declarado previamente un conflicto de intereses con la filial belga del banco frances, BNP Paribas Fortis. El presidente del Tribunal General, Marc van der Woude, explica a Investigate Europe que De Baere no era accionista de BNP. Pero si tenia alli una cuenta corriente y otra de ahorro, asi como una «cartera de acciones y valores de terceros» gestionada en su nombre. 

De Baere recibio entonces un caso, relacionado con una factura de BNP a una agencia bancaria de la UE y finalmente ganado por el banco, como parte de un conjunto de asuntos que afectaban a mas de 40 entidades financieras. La participacion del magistrado era necesaria para «preservar la coherencia de las sentencias», sostiene Van der Woude. El presidente del Tribunal General reconoce que no examino la situacion de conflicto de intereses cuando se asigno el caso a De Baere, pero afirma que, aun asi, habria aprobado la participacion del juez en el caso.

De Baere no posee acciones en BNP, pero sigue manteniendo una relacion con el banco y esa circunstancia, «desde el punto de vista de la percepcion es problematica», resalta la fuente juridica anonima con conocimiento de los procedimientos del TJUE. «La imparcialidad judicial debe quedar fuera de toda duda», añade Shari Hinds, responsable senior de politicas de Transparency International UE. «Lo que ocurre es que algunos de estos casos dejan preguntas sin respuesta sobre si se tuvieron plenamente en cuenta las consecuencias de los conflictos de intereses percibidos a la hora de asignar los casos», continua.

«El sistema se basa en la autoevaluacion»

Investigate Europe no ha encontrado indicios de que ninguno de estos casos constituya un conflicto de intereses como tal. La investigacion, no obstante, si plantea dudas sobre los controles que lleva a cabo el tribunal a la hora de asignar las causas. «El sistema se basa casi por completo en la autoevaluacion«, asegura el profesor Alberto Alemanno. «La manera de proceder es que cuando un miembro identifica un posible conflicto, tiene que notificarlo al presidente del tribunal, quien tiene ‘debidamente en cuenta’ dicha declaracion a la hora de asignar los asuntos. [El problema es que] no existe ninguna verificacion externa al respecto, ni se publica ningun razonamiento», resalta la misma fuente. 

El tribunal sostiene que tal secretismo es necesario para proteger a los jueces de interferencias externas. Y, por la misma razon, los magistrados deliberan en salas colegiadas en lugar de hacerlo individualmente. Durante la investigacion, el tribunal rechazo las multiples solicitudes de informacion que le envio Investigate Europe, todas ellas relativas a los intereses de los jueces y la toma de decisiones en torno a la asignacion de los casos. El organo alego la necesidad de preservar la confidencialidad de las deliberaciones internas.

El tribunal se nego tambien a facilitar versiones anteriores de las declaraciones de intereses de los jueces, pese a que se trata de documentacion publica. En los dias previos a la publicacion de este articulo, la Defensora del Pueblo de la UE, Teresa Anjinho, aseguro a Investigate Europe que abrira una investigacion sobre la decision de no publicar las declaraciones previas y confirmo que se reunira con el tribunal para tratar el asunto a mediados de septiembre. No obstante, los periodistas pudieron obtener distintas versiones anteriores de las declaraciones de intereses a traves de sitios web de archivos de Internet.

Amplia gama de participaciones en empresas

Asi, Investigate Europe ha constatado a partir de documentos de acceso publico que, en total, 36 magistrados alegaron intereses en 124 entidades, segun sus ultimas declaraciones. Entre las empresas mas destacadas se encuentran los gigantes de los combustibles fosiles Eni, Total y Repsol, la fabricante de medicamentos para adelgazar Novo Nordisk, los titanes de la aviacion Boeing y Airbus, y el gigante tecnologico estadounidense Amazon. 

Los intereses en el sector financiero fueron, con diferencia, los mas comunes. Y abarcaban desde instituciones europeas como Erste Bank, Swedbank y Bank of Valletta hasta el conglomerado estadounidense Berkshire Hathaway, dirigido por el millonario Warren Buffett. La investigacion ha revelado que cinco juristas concentraban la mitad de todos los intereses declarados: la maltesa Ramona Frendo, el estonio Lauri Madise, la finlandesa Tuula Pynnä, Juliane Kokott y el austriaco Andreas Kumin. 

Sin embargo, los detalles sobre el volumen y la naturaleza de las participaciones se omiten casi siempre en las declaraciones publicadas. Investigate Europe ha podido confirmar que casi un tercio de las declaraciones se subieron hace mas de tres años, lo que parece contradecir la propia politica de transparencia del Tribunal de la UE. Poco despues de que Investigate Europe se pusiera en contacto con el TJUE para recabar sus comentarios en los dias previos a la publicacion, volvieron a subirse a la pagina web del organismo mas de 35 declaraciones publicas de juristas, la mayoria de las cuales estaban desactualizadas, con nuevas versiones. Al menos tres seguian sin incluir ninguna fecha en el momento de la publicacion de este articulo. Y en un caso, ademas, ni siquiera se llego a publicar declaracion alguna.

Segun consta en el codigo de conducta del tribunal, existe una version independiente y mas detallada de las declaraciones que se distribuye internamente, pero que no se hace publica. Silje Hermansen, profesora adjunta especializada en politica judicial de la Universidad de Copenhague, cree que el hecho de permitir que los jueces tengan cualquier tipo de participacion accionarial supone un riesgo innecesario para la integridad percibida del tribunal. «Hay que tener en cuenta que, cuando una empresa que cotiza en Bolsa gana un juicio, la noticia suele tener un efecto inmediato en su valor bursatil«, subraya. «El tribunal deberia plantearse una reforma por la que los jueces tengan que vender sus acciones antes de tomar posesion de su cargo. Nunca encontraras a nadie en las instituciones de la UE que cobre mas que estas personas», concluye la profesora danesa. 

El presidente del Tribunal General, Marc van der Woude, explica a Investigate Europe que, en su anterior puesto de trabajo en un bufete de abogados privado, tanto a el como a sus compañeros se les prohibia tener acciones directas. «Estaba absolutamente claro y no habia ninguna ambigüedad», recuerda.

En cambio, otro portavoz del TJUE apunta que «los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia son ciudadanos que tienen una vida privada y, por tanto, deciden por si mismos como desean gestionar sus bienes». Al ser preguntado sobre esta amplia gama de participaciones accionariales, señala que «no hay nada de malo en tener acciones o participaciones, siempre que ello no afecte a la buena administracion de la Justicia». Y argumenta que, hasta la fecha, nunca ha sido necesario recusarse.

Una vida pasada en el terreno politico

Investigate Europe descubrio tambien durante estos meses que muchos jueces, nombrados por sus paises de origen para mandatos renovables de seis años, habian ocupado anteriormente cargos politicos a nivel nacional, lo que, segun algunos expertos, puede suponer un riesgo potencial para la imparcialidad de los casos.

Entre ellos se encuentra el luxemburgues François Biltgen, quien fue ministro durante 14 años, ademas de estrecho aliado del veterano primer ministro Jean-Claude Juncker. En 2023, formo parte -como uno de los cinco jueces de la sala- de un caso de gran repercusion relacionado con la deuda tributaria de Amazon en el Gran Ducado. La Comision Europea queria que Luxemburgo recuperara 250 millones de euros que le habia eximido de pagar en impuestos al gigante estadounidense. Y alego que se le habia otorgado una ventaja competitiva mediante decisiones de la administracion tributaria que se remontaban a la epoca en que Biltgen formaba parte del Gobierno. El tribunal finalmente fallo a favor de Amazon y Luxemburgo. 

Biltgen declaro a Investigate Europe que su participacion no constituia en modo alguno un conflicto de intereses: «No puede haber aqui apariencia alguna de conflicto de intereses, salvo que el concepto de conflicto de intereses se amplie indebidamente». El magistrado alego que la decision impugnada la habian tomado las autoridades fiscales de Luxemburgo y no el propio Gobierno. «Desde que me converti en juez del TJUE, no mantengo ningun contacto oficial con el Partido Socialcristiano [el partido de Juncker]», añadio. «Ademas, nunca he sido objeto de presiones politicas por parte de ninguna entidad politica, ya sea gubernamental o de otro tipo», zanjo.

Silje Hermansen sostiene que no es infrecuente ni va en contra de las normas que los jueces formen parte de un tribunal que se pronuncie sobre un asunto que afecte a su pais de origen, asi como tampoco se contemplan restricciones a que participen antiguos politicos. El tribunal intenta garantizar, con todo, que los magistrados no actuen como ponentes para evitar cualquier riesgo de parcialidad nacional. En esta funcion crucial, un juez elabora un borrador de sentencia sobre el que deliberan sus colegas.  

Pero Investigate Europe ha descubierto que, entre 2018 y 2024, los jueces ejercieron de ponentes en unas 30 ocasiones en asuntos que afectaban directamente a su pais de origen, tal y como revela el analisis de una base de datos recopilada por IUROPA, un proyecto de investigacion que realiza un seguimiento de los asuntos del TJUE.

El «deber de lealtad»

Los magistrados del TJUE tienen «un deber de lealtad hacia el Estado que los nombro, y son esos mismos Estados los que tienen la facultad de renovar sus mandatos», indica Carles Aules-Blancher, investigador de la Universidad de Yale. El ha estudiado la percepcion de parcialidad en el tribunal y considera que los mandatos renovables de seis años son una especie de «espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los jueces y que deberia abolirse en favor de mandatos mas largos».

En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos modifico sus propias normas de nombramiento precisamente por este motivo, introduciendo mandatos de nueve años no renovables para los jueces. «No encontraras ni un solo tribunal constitucional o supremo en toda Europa en el que los jueces tengan mandatos renovables», avisa una destacada figura del ambito juridico que pide permanecer en el anonimato. «Te puedo asegurar que, un año antes de que finalice su mandato, cunde la ansiedad entre los jueces. Y aumenta el numero de viajes que hacen para reunirse con ministros o con quien sea necesario, porque quieren seguir en el cargo», insiste la fuente.

Los activistas llevan mucho tiempo criticando el proceso de seleccion de los jueces, en el que los candidatos son ratificados a puerta cerrada por un comite poco conocido que lleva por nombre Comite 255. Este organo esta compuesto por siete juristas europeos, muchas veces antiguos miembros del TJUE. En 2024, Politico informo de que un alto cargo de la FIFA formaba parte del Comite 255, pese a que el tribunal estaba tramitando multiples casos relacionados con el organismo rector del futbol mundial. 

Koen Lenaerts, presidente del TJUE, defendio durante una entrevista en 2020 que un juez no debia tener «el mas minimo interes personal» en un asunto. «Esa imparcialidad es tambien una cuestion de percepcion: ninguna de las partes debe albergar ninguna duda razonable sobre la imparcialidad del juez».