La filtracion de los datos personales de Zapatero vulnera la jurisprudencia española y europea – Pitirre

La agenda diaria se esta viendo especialmente condicionada por la frenetica actividad que se esta dando en los juzgados españoles, sobre todo en lo referido a la cantidad de personalidades del mundo politico que estan debiendo de acudir a las distintas instancias judiciales a prestar declaracion, bien sea en calidad de testigos o de investigados. La actualidad relativa a los tribunales ha cobrado enorme peso en los ultimos años en España, bien sea por casos de corrupcion que han hecho llevarse las manos a la cabeza a muchos por su magnitud, como por la manera en la que determinados magistrados gestionan las causas de las que se encargan. La polemica viene rodeando de manera continuada al ambito juridico, donde las actuaciones tanto de los imputados como de algunos jueces estan siendo especialmente notorias y dejando numerosos titulares.

La cantidad de casos que se estan juzgando de manera simultanea en estos ultimos meses puede llevar tanto a sentir una falta de contexto como confundir unas causas con otras. Todas vienen recabando gran atencion mediatica y, sobre todo, teniendo enorme peso en el discurso politico. Esto ultimo es algo que viene siendo enormemente cuestionado, ya que existe una gran controversia en torno al protagonismo que algunos jueces estan adquiriendo por sus actuaciones, siendo señalados por parecer que traten de influir en la opinion publica o afectar a determinados partidos, asi como habiendo un juego de filtraciones a la prensa que condiciona el transcurso de los procesos judiciales y se tornan elementos arrojadizos. 

En lo referido a ello, especial polemica esta despertando en los ultimos dias la filtracion de distintos datos personales de Jose Luis Rodriguez Zapatero, quien esta siendo investigado en el ‘Caso Plus Ultra’. Los registros policiales recabaron diferentes elementos para investigar las actividades por las que se ponia en duda si el expresidente podria haber cometido algun delito. Asi, se incautaron tanto agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros, como se procedio a la clonacion de varios dispositivos moviles, como el telefono de de Gertrudis Alcazar, asistente de Zapatero desde hace mas de dos decadas.

La informacion recabada por los agentes ha sido utilizada en el procedimiento judicial para esclarecer los hechos puestos en duda. No obstante, lejos de quedar unicamente en los tribunales, a la prensa han llegado miles de mensajes privados que intercambio durante los ultimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025. Un hecho este que viene despertando gran debate sobre los limites que existen en este tipo de casos, una dicotomia entre el derecho a la informacion, el derecho a la presuncion de inocencia, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. 

De esta manera, ante este acontecimiento, vienen dandose distintas conversaciones en las cuales se pone sobre la mesa si se han podido vulnerar los derechos de Jose Luis Rodriguez Zapatero. Incluso el, tal y como confirmaron fuertes de su entorno a este medio, esta estudiando denunciar esta filtracion y tratar de conocer de donde partio, si del juez Calama o de la propia UDEF.

Entre toda esta secuencia de numerosas declaraciones publicas que vienen dandose en relacion a este suceso, el secretario de organizacion del Partido Socialista de Leon, Javier Cendon, remarcaba que «filtrar y utilizar datos personales o comunicaciones de expresidentes, dirigentes o politicos en activo no es una anecdota: es intimidacion politica y erosiona el pluralismo democratico». No solo eso, sino que apuntaba a una infraccion legal. 

La filtracion masiva de datos personales y comunicaciones del presidente Zapatero vulnera la Ley Organica 7/2021 y la durisima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre vida privada y proteccion de datos

El Plural.com ha querido saber si esta apreciacion de Javier Cendon podria llegar a anticipar un recorrido en los tribunales y, para ello, ha consultado a Joaquin Urias, quien fuera Letrado del Tribunal Constitucional, para entrar mas en detalle y tambien al magistrado emerito del Tribunal Supremo, Jose Antonio Martin Pallin.

Segun señala el Urias, existen distintos preceptos en el Codigo Penal que castigan la revelacion de varios tipos de secretos. De esta manera, señala que, por ejemplo, uno castiga hechos como revelar un sumario declarado secreto, asi como hay otros penas hechos como revelar secretos de la intimidad de las personas y otros actos. «Esto pasa, por ejemplo, con las declaraciones, cuando se filtran los audios y los videos de alguien que ha ido a declarar como testigo, con lo cual lo hacen aparecer ante la opinion publica como como si fuera culpable cuando realmente simplemente esta como testigo», relata. 

Urias define esto como algo especialmente grave y que «atenta contra la Constitucion y contra la funcion que tienen los jueces de garantizar los derechos fundamentales». Tal y como detalla, cuando se interceptan comunicaciones telefonicas o cuando se entra en un dispositivo movil o en un ordenador se esta accediendo a la intimidad de las personas con el permiso del magistrado, pero ese permiso, segun recalca, esta motivado por una investigacion.

Es una vulneracion flagrante de la Constitucion en la que la garantia judicial ya no sirve para proteger el derecho

«Eso quiere decir que el permiso del juez solo cubre las cosas relacionadas con la investigacion. Normalmente cuando son unas escuchas, el juez que esta vigilando la instruccion ordena que se destruya antes de que siquiera pueda llegar a nadie, se destruyan todos los datos que pueden afectar a la intimidad de alguien», explica Urias. No obstante, apunta que en España se esta dando una situacion por la cual «cuando la policia, por orden de un juez, accede a un dispositivo movil, los agentes cogen todo lo que hay en el dispositivo movil, incluso cosas intimas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que se esta investigando». En este sentido, afirma que, en ocasiones, algunos jueces, y refiriendose al caso de Zapatero, «algunos jueces lo envian a las partes».

«El juez ha permitido que acusaciones particulares como Hazte Oir reciban mil paginas de la agenda de Jose Luis Rodriguez Zapatero, referidas a su vida personal, a cuando iba al peluquero, a las conversaciones, a si compraba flores a su mujer… Esas son conversaciones privadas y es el juez el que ha dado la orden de que se envien a las partes, aunque no tienen nada que ver», describe. 

Son unos hechos que cuentan con unas importantes consecuencias por las cuales Urias entiende que «no nos sirve de nada que despues el juez nos diga a ver quien lo ha difundido». De esta manera, remarcar que «nunca tenia que haber llegado a las partes porque se vulnera la intimidad por el mero hecho de que las partes que estan personadas, sobre todo en España, que hay acusacion popular, puedan tener acceso a esos datos de la vida privada. Entonces eso es realmente lo mas grave de las filtraciones». 

Por su parte, Jose Antonio Martin Pallin pone el foco sobre los registros y escuchas previamente a ser autorizados por parte del juez. Tal y como señala, son actuaciones que, segun la jurisprudencia presente en la mayoria de los paises europeos, han de aplicarse de manera excepcional y cuando no haya otros medios para comprobar determinados hechos, pues segun la normativa constituye una importante invasion de la intimidad personal.

Ademas de ello, tambien apunta que la filtracion de las conversaciones y anotaciones en la agenda de Zapatero podria derivar en la nulidad del caso, ya que explica que este tipo de actuaciones deben de ir acompañadas por una clausura de reserva por parte del juez. Es una clausura que marca que una vez realizados los registros y las escuchas, se ha de destruir todo lo que no este relacionado con el motivo de la investigacion. 

Por ultimo, remarca que debe de abrirse una investigacion para esclarecer como ha llegado a la prensa esta informacion. Indica que este ha sido uno de los acontecimientos mas graves que ha presenciado a lo largo de su trayectoria profesional y que considera que se ha de actuar, ya que parece que podria haberse cometido un delito.