El PSOE recurre el archivo de la causa contra Miguel Ángel Rodriguez y pide reabrir la investigacion por la difusion de datos de periodistas

El PSOE ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la reapertura de la investigacion por un presunto delito de revelacion de secretos contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, Miguel Ángel Rodriguez.

La formacion socialista, personada como acusacion popular, impugna el archivo acordado por la jueza Raquel Robles al considerar que la instruccion quedo cerrada de forma prematura, sin agotar diligencias que, a su juicio, resultaban esenciales para esclarecer el origen de la informacion difundida sobre dos periodistas de El Pais.

La magistrada dio por concluida la causa sin tomar declaracion a los agentes de Policia Nacional que inicialmente habian sido citados por su posible relacion con la identificacion de los informadores. Los policias llegaron a ser convocados como testigos, aunque posteriormente se suspendio su comparecencia al plantearse la posibilidad de que tuvieran que declarar como investigados. Antes de resolver esa cuestion, el juzgado acordo el sobreseimiento del procedimiento.

La decision es ahora cuestionada por el PSOE, que fundamenta su recurso en la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la causa seguida contra el fiscal general del Estado. Los socialistas sostienen que la sentencia otorgo relevancia procesal al borrado de comunicaciones electronicas y recuerdan que tanto Miguel Ángel Rodriguez como Alberto Gonzalez Amador admitieron ante el juzgado haber eliminado la conversacion mantenida por WhatsApp en la que este ultimo remitio al jefe de gabinete la fotografia de los dos periodistas, imagen que posteriormente fue difundida junto con sus identidades.

En su escrito, la acusacion subraya la contradiccion entre la posicion mantenida ahora por ambos y los argumentos que, en su dia, defendieron en la investigacion contra el fiscal general. El PSOE recuerda que entonces se sostuvo que la eliminacion de mensajes podia constituir un indicio relevante cuando una persona estaba siendo investigada, mientras que en este procedimiento ambos reconocen haber borrado las comunicaciones objeto de analisis.

Versiones contrapuestas sobre el origen de la fotografia

Uno de los principales puntos de controversia continua siendo la procedencia de la imagen difundida por Miguel Ángel Rodriguez. Durante la investigacion, el director del gabinete de Ayuso ofrecio explicaciones diferentes sobre su origen. En un primer momento aseguro publicamente que la fotografia habia sido enviada directamente por un vecino. Posteriormente, ante la jueza, rectifico y afirmo que el vecino la habia remitido previamente a Alberto Gonzalez Amador, quien posteriormente se la traslado a el.

El empresario ratifico esa version durante su declaracion judicial, defendiendo que la instantanea no procedia de ninguna actuacion policial. Esa explicacion resulta determinante para el procedimiento, ya que, si la imagen hubiese sido facilitada por agentes tras identificar a los periodistas durante un dispositivo policial, podrian concurrir indicios de un presunto delito de revelacion de secretos. En cambio, si la fotografia fue obtenida por un particular ajeno a la actuacion policial, esa tipificacion penal perderia consistencia.

La acusacion cuestiona las pruebas aportadas

El recurso tambien pone en duda la documentacion presentada posteriormente por Gonzalez Amador para respaldar su relato. Segun sostiene el PSOE, el empresario entrego capturas de pantalla cuya autenticidad y contexto no han podido ser verificados durante la instruccion.

La acusacion considera que esos documentos presentan importantes lagunas, ya que no permiten identificar con claridad a los interlocutores, ni acreditar la fecha exacta de las conversaciones o la integridad de los mensajes aportados. A su juicio, ninguno de esos elementos ha sido sometido a comprobaciones periciales que permitan otorgarles valor probatorio.

La identificacion policial, en el centro del recurso

Los socialistas recuerdan igualmente que los dos periodistas afectados, junto con otro compañero presente en el lugar, mantuvieron de forma constante que los datos personales difundidos procedian de la identificacion realizada por agentes de la Policia Nacional cuando desarrollaban su trabajo informativo en las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña y su pareja.

A esa version añaden la existencia de documentacion policial incorporada a la causa que acredita que dicha identificacion llego a producirse, circunstancia que, segun el recurso, justificaria profundizar en la investigacion antes de dar el procedimiento por concluido.

Criticas al cierre anticipado de la instruccion

En su recurso, el PSOE sostiene que la magistrada acordo el archivo sin haber practicado diligencias fundamentales para determinar los hechos. La formacion considera que el juzgado opto por cerrar la investigacion antes de esclarecer cuestiones esenciales, como la declaracion de los agentes implicados o del supuesto vecino al que se atribuye la autoria de la fotografia.

La acusacion popular reprocha ademas que la instruccion se orientara hacia actuaciones favorables a la exoneracion del investigado, mientras se descartaban otras pruebas encaminadas a verificar si existio una filtracion de informacion protegida procedente de actuaciones policiales.

La decision final sobre la reapertura del procedimiento correspondera ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que ya intervino anteriormente en esta causa al ordenar la admision de la querella despues de que el juzgado hubiera rechazado inicialmente iniciar la investigacion.