Un millar de casos de desaparicion forzada en Peru estan en riesgo por una fiscal general investigada por corrupcion : Internacional de
La fiscal general de Peru, Patricia Benavides, en el cargo desde julio de 2022 y afin a la presidenta Dina Boluarte, tiene por costumbre anular los nombramientos de fiscales provisionales para prorrogarlos por un tiempo corto, sometiendo a los magistrados a la incertidumbre laboral y asi minar su independencia. Esto se traduce en continuos cambios en los equipos fiscales de casos emblematicos de violacion de derechos humanos y de corrupcion.
Esa forma de gestionar el Ministerio Publico, advierten los expertos, afecta a la gestion de las pruebas recolectadas y los juicios relacionados con crimenes perpetrados por militares en el periodo 1980-2000, durante la guerra interna entre el Estado y el grupo maoista Sendero Luminoso.
Pero tambien afecta a las investigaciones de los 50 asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas del orden en manifestaciones antigubernamentales entre diciembre y marzo ultimos. Patricia Benavides es una aliada de la coalicion autoritaria gobernante que encabeza Dina Boluarte y esta bajo investigacion por tres casos de corrupcion.
Peru vivio bajo el terror durante 20 años, cuando Sendero Luminoso emprendio una guerra contra el Estado, y las Fuerzas Armadas y la Policia respondieron con tacticas de tierra arrasada, torturas y masacres. Un documento desclasificado esta semana por el Gobierno de Estados Unidos señala que, a mediados de los años ochenta del siglo pasado, el Ejecutivo dispuso destruir cualquier intento de llegar a la verdad sobre las masacres cometidas por el Ejercito.
En consecuencia, hubo mas de 21.918 personas desaparecidas en 20 años de violencia. La busqueda en fosas y otros enterramientos, desde 2003, ha dado como resultado el hallazgo de restos pertenecientes a 910 personas.
Desde que Benavides asumio como fiscal general, no fueron atendidos los pedidos de presupuesto del Equipo Forense Especializado, que sin insumos quimicos no puede identificar los restos oseos de cientos de victimas de desaparicion forzada, y tomar muestras de ADN de los familiares.
El 11 de agosto pasado, Benavides anuncio que proveeria fondos para que, hasta fin de año, el equipo forense identifique los restos de 400 personas, mientras que las 500 restantes quedarian para el proximo año.
Pero la realidad es otra. Los productos que necesitan los laboratorios forenses tardan un par de meses en llegar a los almacenes, y entre noviembre y diciembre no podran identificar 400 muestras. Esa meta se podria haber alcanzado si hubieran tenido insumos desde marzo.
La impresion de quienes estan en contacto con los forenses es que les han restringido recursos para que no avancen en la identificacion de restos, que en ciertos casos son evidencia de carpetas fiscales, para poder entregarlos a los familiares.
En julio, la fiscal general anuncio que cumplira una recomendacion de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, e informo que dotaria un presupuesto de 26 millones de dolares para crear fiscalias de derechos humanos e interculturalidad.
La fiscal ha creado esos despachos, pero en distritos donde no ocurrieron la mayoria de los crimenes del periodo 1980-2000. Tampoco donde los cometidos las fuerzas del orden desde que asumio Dina Boluarte como presidenta, destaca el exfiscal supremo Victor Cubas Villanueva, el magistrado que investigo el caso de los nueve estudiantes, y un profesor de la Universidad La Cantuta, desaparecidos en 1992 por un destacamento militar creado por el regimen de Alberto Fujimori.
Segun Cubas, una convocatoria para 288 empleados en dichos despachos -la mitad de ellos medicos-, llega tarde porque ya han sido elaborados los peritajes sobre los crimenes cometidos entre diciembre y marzo por policias y militares: “Es un festival de nombramientos, de captacion de personal provisional que no se justifica en esos distritos fiscales: van a estar en los pasadizos sin hacer nada”, apunta el jurista.
El Ministerio Publico no tiene locales en las ciudades donde ha creado las nuevas fiscalias
El exfiscal advierte de otro “inconveniente” sobre el destino del presupuesto. El Ministerio Publico no tiene locales en las ciudades donde ha creado las nuevas fiscalias. “Va a tener que gastar en alquilar ambientes, equipar, comprar mobiliario, camionetas, equipos informaticos y de comunicaciones. Ello puede dar lugar a malversar fondos”, explica a Publico.
Gisela Ortiz, familiar de uno de los estudiantes desaparecidos en la Universidad La Cantuta –uno de los crimenes mas emblematicos de la era Fujimori–, señala para este reportaje que hace cinco meses esperan la continuacion de la busqueda de restos en un terreno al este de Lima, donde los militares enterraron y quemaron algunos de los cuerpos.
“La diligencia debio reiniciarse en marzo pero esta pendiente por falta de presupuesto del Ministerio Publico. En estos dos ultimos meses han muerto dos de los familiares de las victimas”, precisa Ortiz.
Sin garantias para investigacion fiscal
Desde inicios de agosto, Benavides retiro a tres fiscales del Equipo Especial del ‘Caso Cabitos’ y la semana pasada el fiscal principal fue notificado de su traslado a otro despacho.
Dicho equipo investigaba unos 370 casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas entre 1983 y 1992 en el cuartel principal del Ejercito en la capital de Ayacucho, mas conocido como Los Cabitos, en la region con mas victimas en el periodo de violencia 1980-2000.
Ahora las pesquisas estaran a cargo de personas que no conocen los casos y que saben que su continuidad en los puestos depende de estar alineado con la fiscal Benavides, quien se ha colocado a favor de las fuerzas del orden cuando cometieron entre diciembre y marzo asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de 50 personas.
La fiscal general dejo que se perdieran evidencias, coloco como cabeza del subsistema de derechos humanos a una fiscal neofita en ese rubro y traslado a Lima todas las carpetas de investigacion fiscal desde los distritos donde ocurrieron los hechos, para que un equipo tambien amateur, que ella designo, la asumiera.
Solo una de las fiscales de ese equipo tenia experiencia en indagar violaciones de derechos humanos. El resto, incluida la jefa, ha recibido capacitacion via internet para estas tareas.
“Estas situaciones de incertidumbre que genera la fiscal con sus decisiones administrativas y politicas, son muy preocupantes. Quitarle las investigaciones a fiscales que conocen de derechos humanos para darselas a fiscales nuevos, designados a dedo -no sabemos con que objetivos- nos hace desconfiar y nos pone en alerta”, comenta Ortiz.
“Todo parece indicar que estaria empezando el desmantelamiento del sistema de investigaciones de derechos humanos que nacio tras el informe de la Comision de la Verdad”, anota el profesor de antropologia de la Universidad de Rutgers e investigador de la violencia en el periodo 1980-2000, Isaias Rojas, a raiz de estos hechos recientes.
El exfiscal Cubas destaca que lo ocurrido con el equipo especial de fiscales del ‘Caso Cabitos’ atenta contra garantias que la Constitucion señala para el trabajo de los fiscales: la independencia para investigar y la inamovilidad en el cargo, independientemente de si son provisionales o titulares.
“La fiscal Benavides ademas hace unos meses saco una resolucion para dar por concluidos nombramientos de fiscales de otro caso emblematico y luego los vuelve a nombrar hasta fines de septiembre, manteniendolos en la incertidumbre.
Lo grave es que con ello atenta contra el ejercicio independiente de la funcion”, sostiene el tambien profesor universitario de Derecho. Cubas se referia a magistrados que investigan a la mafia de los Cuellos Blancos, formada por jueces, fiscales, otros operadores del sistema de justicia y empresarios, que hasta 2018 intercambiaban decisiones judiciales a cambio de dinero o nombramientos en cargos.
En otro caso complejo y largo, la matanza de presos del penal de El Fronton cometida por la Marina de Guerra (como se llama en Peru a la Armada) en 1986, el abogado Carlos Rivera tambien lamenta que cambiaron al fiscal. “En pleno juicio oral han cambiado al fiscal superior, que desconoce mucho del caso pese a que es un juicio duro, y habiamos pedido que designe a un fiscal con experiencia”, refiere Rivera.
Fiscal general bajo investigacion
El organismo que nombra y sanciona a los magistrados en Peru, la Junta Nacional de Justicia, investiga desde hace un año a la fiscal general por tres causas.
Benavides, tan pronto llego al cargo, retiro de la investigacion a la fiscal Bersabeth Revilla que indagaba sobre los sobornos que habria cobrado su hermana jueza, Enma Benavides, a capos del narco para liberarlos. Reemplazo a Revilla por un fiscal de su confianza. La fiscal general hizo esa modificacion pese a que cuando hizo el examen para ascender, preguntada por el caso de su hermana, dijo que jamas interferiria si llegara a ser fiscal general.
Otro motivo de indagacion que podria traducirse en un proceso disciplinario y sancionador contra la fiscal general es una condecoracion que ella acepto este año de manos del alcalde de Lima, el ultraderechista Rafael Lopez Aliaga, quien afronta una investigacion fiscal por lavado de activos.
Adicionalmente, la Junta Nacional de Justicia la investiga por sus llamadas telefonicas con un empresario miembro de la red de corrupcion conocida como ‘Cuellos Blancos’.
Pero una jueza no titular ha concedido este martes una medida cautelar a favor de la fiscal general Benavides con un argumento insostenible y ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia que cese las investigaciones.
El exfiscal Cubas señala que hay varios peligros “al ejercer la funcion fiscal fuera de control”. Esa es la situacion que vive Peru desde hace meses debido a la falta de independencia de poderes y con un regimen negacionista de las violaciones de derechos humanos. Una linea liderada por el fujimorismo con el respaldo del empresariado y los jefes militares y policiales.
La fuerza politica de los negacionistas del regimen de Boluarte es tal que este martes, durante una caminata por el Dia Internacional de Victimas de Desaparicion Forzada, Javier Roca, padre de Martin Roca, estudiante universitario torturado y desaparecido en una sede del Ejercito durante el gobierno de Fujimori, fue categorico.
“Pese a la sentencia que hallo culpables a Nadal Paiva y Oliveros Perez, no estan presos. No los estan buscando, estan protegidos. La ley no es igual para todos: quien tiene poder aqui roba y mata”.