Apartan a un juez federal de Moron por desoir a un tribunal superior en un conflicto ambiental : Noticias de Argentina
La causa que inicio una vecina de la localidad bonaerense de Avellaneda contra dos frigorificos industriales linderos a su domicilio dio un giro inesperado. Luego de sortear un complejo proceso judicial, la mujer logro que la Camara Federal de San Martin clausurara la actividad de ambas compañias denunciadas por funcionar sin permisos ambientales, acopiar grandes cantidades de amoniaco en un barrio residencial y volcar contaminantes industriales junto a restos de sangre, tejido y grasa animal provocando olores nauseabundos. Pero la medida duro solo tres semanas. Cuando el caso volvio al juzgado original, el magistrado a cargo habilito nuevamente a ambas empresas y termino siendo apartado por desoir a un tribunal superior.
Se trata del juez federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Moron, Jorge Ernesto Rodriguez, quien tiene competencia especial en los 14 municipios bonaerenses involucrados en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, zona de vuelco de efluentes de los dos frigorificos denunciados.
La denunciante es una licenciada en quimica que vive en el municipio de Avellaneda, pegada al predio donde funcionan “Internacional de Congelados SA” y “Agro Patagonico SA”, los dos frigorificos contra los que inicio una accion preventiva de daño ambiental.
El 28 de noviembre pasado, la Sala I de la Camara Federal de San Martin habia ordenado una medida cautelar que clausuro ambas firmas. Pero tres semanas despues, el 19 de diciembre siguiente, el juez federal Rodriguez volvio a habilitar el funcionamiento de ambas empresas.
Para llegar a esa sentencia, el juez Rodriguez dio por valido un documento presentado por los frigorificos donde la Municipalidad de Avellaneda explica que las demoras en la expedicion del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) se debian a un “problema” del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires.
El magistrado tambien avalo el planteo de los demandados que pidieron volver a ser habilitados por el daño economico irreparable que representaba la suspension del uso de maquinaria ya que refrigeraban mas de 1.500.000 kilos de mercaderia perecedera y que peligraban unos 60 puestos de trabajo.
El juez Rodriguez hizo lugar a esos planteos y levanto la clausura, aunque sostuvo la suspension tanto del vuelco de efluentes liquidos industriales como del acopio o manipulacion de amoniaco anhidro, encomendando su verificacion a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Tambien fijo un deposito de 5 millones de pesos en forma de garantia.
Ilegal
La vecina de Avellaneda apelo el fallo por “arbitrario” y cuestiono al juez Rodriguez por modificar una medida cautelar sin que las empresas denunciadas hayan regularizado lo que exigio la Camara Federal, como el Certificado de Aptitud Ambiental, y porque ademas no le corrio traslado de esa decision.
La sentencia tambien fue cuestionada porque revoco la clausura con la sola presentacion de documentacion por parte de los frigorificos sin “verificar su autenticidad con ningun otro medio de prueba”.
Al respecto, la vecina esgrimio que esos documentos eran “claramente ilegales” y que lo informado por el Municipio de Avellaneda era “totalmente falso” por ser insostenible que esas empresas puedan funcionar sin Certificado de Aptitud Ambiental.
La mujer agrego que el permiso no les fue concedido porque ambos frigorificos se encuentran emplazados en una zona residencial y comercial que no es “apta” para la radicacion de ese tipo de industrias.
En ese sentido menciono que para refrigerar la carne animal que se procesa en esos frigorificos se utiliza amoniaco anhidro, “un gas con olor irritante y sofocante que es toxico y corrosivo en contacto con el tejido humano”.
La vecina agrego que el almacenamiento de grandes volumenes de ese gas en aparatos sometidos a presion implica un riesgo de incidente grave y por eso esas industrias no pueden instalarse en areas urbanas.
Asimismo, apelo la decision del juez Rodriguez por considerar que el magistrado “creo una falsa dicotomia entre ambiente y bienes materiales privados”, siendo que podria haber fijado “un plazo razonable” para que reubiquen o vendan la mercaderia perecedera, y tambien prohibir el ingreso de nueva materia prima que necesita mantenerse con los sistemas de refrigeracion funcionando.
Apartado
Los cuestionamientos al fallo de Rodriguez fueron escuchados por los camaristas que tuvieron en cuenta una sancion contra los frigorificos a partir de una inspeccion que detecto el vertido “de liquido de color y olor sanguinolento al cordon cuneta (destino pluvial)” y que las muestras superaron los limites tolerados por la ley de efluentes liquidos DBO, DQO y fosforo. Tambien mencionaron que ante la duda, los jueces deben resolver de manera tal que favorezcan la proteccion y conservacion del medio ambiente.
Ante ello, la Sala I de la Camara Federal de San Martin decidio apartar al juez Rodriguez del caso, revocar su decision y reanudar la medida cautelar de clausura sobre los frigorificos, designar a un nuevo magistrado por sorteo para que continue a cargo de la accion de amparo ambiental y dar aviso a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion sobre su comportamiento.
En ese sentido, los camaristas ordenaron que se remitan copias al Maximo Tribunal de Justicia para comunicarles que “la intervencion del juez apartado obedece a la competencia asignada en la sentencia conocida como Causa Mendoza”.
Se trata de un fallo historico dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en 2008 que asigno a ese juzgado de Moron una competencia especifica para que atienda todas las denuncias ambientales contra empresas por contaminacion del Riachuelo o la Cuenca Matanza o que involucren su saneamiento.
Por un ambiente sano
El abogado que representa a la vecina de Avellaneda, Fabian Maggi, celebro la decision de la Camara Federal al referir que el juez desplazado venia actuando “sin respetar la verdadera dimension del derecho humano a un ambiente sano”.
Segun el letrado, los camaristas tomaron la “extrema decision de apartarlo” porque lograron verificar que el magistrado incurria en demoras y decisiones judiciales que no aplican los principios elementales del derecho ambiental.
“Esperamos que el proximo juez que ocupe su lugar le imprima la celeridad necesaria para rapidamente alcanzar el objetivo ambiental que persigue esta accion, mas aun en causas judiciales que estan relacionadas con el fallo Mendoza, que desde 2008 persigue sanear la cuenca Matanza Riachuelo y aun hoy existen empresas que continuan volcando efluentes industriales contaminados”, concluyo.