luz verde al Acuerdo Marco alcanzado en 2022 – Pitirre

El Gobierno ha dado un paso definitivo en la aplicacion de la jornada laboral de 35 horas semanales para los trabajadores de la Administracion General del Estado (AGE). La medida, que afecta a unos 250.000 empleados publicos, ha quedado oficializada este miercoles tras la publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE) de la resolucion aprobada por el Ministerio de Funcion Publica, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El texto recoge el compromiso sellado el pasado 27 de marzo y supone una reduccion de dos horas y media en la jornada semanal respecto al esquema vigente hasta ahora. La nueva normativa entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion, aunque establece un plazo de un mes para que los distintos organismos y entidades publicas adapten sus calendarios laborales a la nueva realidad.

La implantacion de las 35 horas en la AGE corrige una situacion que los sindicatos venian denunciando desde hace años como un agravio comparativo. Mientras la mayoria de administraciones autonomicas y buena parte de las locales ya habian recuperado esta jornada, los empleados de la Administracion central seguian sujetos a un regimen mas amplio. El compromiso de revertir esta situacion ya estaba recogido en el Acuerdo Marco para una Administracion del siglo XXI, firmado en 2022, aunque su desarrollo quedo bloqueado durante meses hasta reactivarse en noviembre dentro de un nuevo pacto salarial.

La resolucion establece que la jornada general sera de 35 horas semanales de trabajo efectivo en computo anual, lo que equivale a 1.533 horas al año. Este nuevo marco se aplicara a todo el personal dependiente de la Administracion central, incluyendo finalmente a colectivos que en un primer momento habian quedado fuera, como los trabajadores de instituciones penitenciarias o los empleados de sanidad y educacion en Ceuta y Melilla. No obstante, en estos ambitos la aplicacion concreta debera negociarse de manera especifica.

El acuerdo tambien pone el acento en la necesidad de garantizar la calidad de los servicios publicos pese a la reduccion de la jornada. Para ello, los distintos departamentos deberan adoptar las medidas organizativas necesarias, especialmente en aquellos servicios con atencion directa a la ciudadania o con sistemas de turnos. En este sentido, el Gobierno se compromete a orientar la planificacion de recursos humanos y las ofertas de empleo publico para reforzar la capacidad de respuesta de la Administracion.

En cuanto a los detalles concretos del horario, la resolucion introduce cambios respecto a la normativa anterior, vigente desde 2019. El horario fijo de mañana pasa a ser de 9:00 a 14:00 horas, en lugar de las 14:30 anteriores, sumando asi 25 horas semanales. El resto del tiempo hasta completar la jornada se realizara en horario flexible, que podra distribuirse entre las 7:00 y las 9:00 y entre las 14:00 y las 18:00 de lunes a jueves, asi como los viernes en una franja mas reducida.

Asimismo, el horario fijo de mañana y tarde se acorta hasta las 16:30 horas, frente a las 18:00 que regian anteriormente, y el turno de tarde se amplia hasta las 20:00. Por su parte, la jornada intensiva de verano se mantiene sin cambios, con seis horas y media diarias entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.

Otro de los aspectos destacados es la ampliacion de la flexibilidad horaria para facilitar la conciliacion. Los empleados publicos con responsabilidades familiares —como el cuidado de menores de 12 años, personas dependientes o familiares con enfermedades graves— podran adaptar su jornada con hasta una hora diaria de flexibilidad. Esta posibilidad se extiende tambien al cuidado de personas dependientes convivientes, incluso sin vinculo familiar.

En paralelo, el personal con regimen de especial dedicacion vera reducida su jornada de 40 a 37 horas y media semanales, alineandose asi con el nuevo esquema general.

La recuperacion de las 35 horas supone tambien el cierre de un ciclo iniciado en los años noventa, cuando esta jornada comenzo a implantarse en las administraciones publicas. Su desarrollo se vio interrumpido en 2012, en plena crisis economica, cuando el Gobierno de entonces establecio con caracter general las 37 horas y media. La restriccion se elimino en 2018, permitiendo a distintas administraciones recuperar progresivamente la jornada reducida.

Actualmente, la mayoria de comunidades autonomas ya han implantado las 35 horas, aunque todavia existen excepciones. En el ambito municipal, la situacion es mas desigual: cerca de cuatro de cada diez grandes ayuntamientos aun no han adoptado esta medida.