España vende armas a una docena de gobiernos que violan los derechos humanos – Pitirre
El material militar fabricado en España atraviesa fronteras y llega hasta distintos puntos del mundo, incluso a aquellos sitios que son señalados como autores de violaciones a los derechos humanos. Mas alla del caso concreto de Israel, el Gobierno mantiene las exportaciones a varios destinos calientes. Los informes oficiales en los que figuran las razones esgrimidas para permitir esos negocios son, a dia de hoy, de caracter secreto.
Segun datos recogidos en el ultimo informe anual de Amnistia Internacional (AI) sobre la situacion de los derechos humanos a nivel mundial, al menos 12 de los paises que aparecen en el ultimo reporte gubernamental de exportaciones de material de defensa o antidisturbios en 2025 son señalados por perseguir, encarcelar o torturar a civiles.
Entre ellos no esta Israel, pero si su principal aliado: en el primer semestre de 2025 se autorizaron 92 licencias de exportacion de material de defensa a EEUU por un importe de 313.372.468 euros. El informe del Gobierno indica que solo el 2,9% fue con destino a las Fuerzas Armadas estadounidenses, mientras que el resto tiene como destino a empresas privadas.
Ademas, se efectuaron exportaciones a EEUU por 21,5 millones de euros, entre los que destacan 10 millones en barcos, 1,4 millones en municion o 1,2 millones en bombas, «todo ello material susceptible de ser utilizado en acciones contrarias al derecho internacional como las llevadas a cabo por EEUU en los ultimos meses», afirma Amnistia Internacional en un analisis sobre los datos del Gobierno español.
El organismo de derechos humanos destaca que ademas de mantener su apoyo a Israel en el genocidio contra Gaza, el Gobierno de Donald Trump «puso fin al acceso al asilo en la frontera y se endurecio drasticamente el control de la inmigracion. Se violaron los derechos de quienes protestaban», indica AI.
La organizacion de derechos humanos resalta que «el uso de medios letales por la policia afectaba desproporcionadamente a la poblacion negra». «El gobierno de Trump implemento una agenda racista y antiinmigrante mediante ordenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Se recurrio a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigracion», afirma.
Socios arabes
El regimen absolutista que ejerce el poder en Arabia Saudi es otro de los grandes clientes de la industria armamentistica española. En el primer semestre de 2025 -ultimo periodo sobre el que el Gobierno español ha ofrecido informacion al Congreso-, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), encargada de analizar las solicitudes de exportacion, autorizo ocho licencias con destino a Arabia Saudi por un importe de 37.536.000 euros.
El informe de AI señala que en 2025 «Arabia Saudi ejecuto a cientos de personas por una amplia variedad delitos, relacionados en especial con las drogas y el ‘terrorismo’. La mayoria de las victimas de ejecucion por delitos de drogas eran nacionales de otros paises, quienes se enfrentaban a obstaculos adicionales para obtener un juicio justo». El documento añade que «muchas de las ejecuciones se llevaron a cabo por ta’zir, delitos para los que la ley no especificaba ninguna pena concreta».
Emiratos Árabes Unidos es otro de los destinos polemicos. En los primeros seis meses de 2025 se autorizaron ocho licencias de material de defensa por importe desconocido y se exportaron vehiculos blindados por 14,4 millones de euros, entre otras operaciones. Segun destaca el informe de AI, el regimen absolutista que dirige Emiratos «mantuvo la pena de muerte y se llevaron a cabo ejecuciones».
En esa misma region esta otro de los clientes de la industria militar española: la monarquia absolutista de Qatar. Amnistia Internacional destaco en su estudio que el año pasado «ontinuaron imponiendose estrictas restricciones a la libertad de expresion y de reunion pacifica», mientras que «las minorias religiosas, las mujeres, los niños y las niñas y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminacion en la ley y en la practica».
Pese a ello, el Gobierno autorizo la exportacion de material antidisturbios a ese pais. El informe oficial no explica cual es el tipo de armamento comercializado.
Persecucion en Bangladesh
En el caso de Bangladesh, la JIMDDU dio su visto bueno a dos licencias de exportacion de material de defensa por un valor de 2.024.732 euros. En ese pais asiatico, segun AI, «la libertad de expresion, asociacion y reunion continuo restringida innecesariamente bajo el gobierno provisional».
Entre otros aspectos, «se sometio a personas, entre las que habia defensores y defensoras de los derechos humanos, a arrestos arbitrarios y hostigamiento por ejercer su derecho a expresarse libremente». Ademas, la crisis humanitaria de las personas refugiadas rohinyas «se agudizo debido a los recortes en la financiacion humanitaria».
Juicios por «terrorismo» en Egipto
El Gobierno español autorizo tambien dos licencias de exportacion de material de defensa a Egipto –bajo el control del regimen autoritario de Abdel Fattah el-Sisi– por importe desconcido. En este pais, apunta AI, «las autoridades llevaron a juicio a miles de personas por delitos relacionados con el terrorismo, en muchos casos unicamente por el ejercicio pacifico de sus derechos humanos» y «se sometio a las ONG a restricciones indebidas que limitaban su acceso a financiacion, lo que mermo sus actividades».
«Se impusieron condenas a muerte, incluso por delitos que no constituian homicidio intencional, tras juicios manifiestamente injustos. Se llevaron a cabo ejecuciones. Persistio la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2025 y en años anteriores», añade el documento de la organizacion de derechos humanos.
Acuerdos con el Gobierno de Erdogan
Turquia es otro de los clientes de la industria armamentistica española. En la primera mitad de 2025 se concretaron exportaciones de material de defensa al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan por 59.589.987 de euros, mientras que se autorizaron otras 32 licencias por un valor de 133.231.227 euros, lo que situa a este pais entre los principales compradores.
Estas operaciones no se han visto afectadas por las violaciones de derechos humanos registradas en el pais. Amnistia Internacional documento que en 2025 «se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposicion politica y otras personas, asi como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial».
«Las victimas de violaciones de derechos humanos, incluidas presuntas torturas y otros malos tratos a manos de autoridades del Estado, seguian enfrentandose a una cultura de impunidad», subraya.
Periodistas asesinados en Filipinas
Las vulneraciones de derechos humanos tambien agitan la vida diaria en Filipinas. En el informe de AI se señala que en 2025 continuaron los homicidios en el contexto de la denominada «guerra contra las drogas», mientras que «cuatro periodistas fueron asesinados y una periodista fue detenida por presuntas violaciones de la legislacion antiterrorista, que tambien se utilizo contra activistas y trabajadores y trabajadoras del ambito del desarrollo».
«Cientos de personas, entre las que habia menores de edad, fueron arrestadas y quedaron detenidas tras las protestas contra la corrupcion en los proyectos de control de las inundaciones. El acoso online de las autoridades creo un clima de temor entre jovenes defensores y defensoras de los derechos humanos», apunta. Pese a estas cuestiones, el Gobierno español concedio tres licencias de exportacion de material de defensa a Filipinas por un valor de 32.326.236 euros.
Juicios sin garantias en Argelia
En el caso de exportaciones de material militar a Argelia, donde en 2025 «se practicaron detenciones arbitrarias, se celebraron juicios sin garantias basados en cargos de terrorismo y otras acusaciones infundadas y se impusieron prohibiciones de viajar para castigar la disidencia pacifica», la Junta Interministerial que regula este comercio dio su visto bueno a tres licencias de exportacion por 385.200.000 euros. El informe del Gobierno detalla que se trata de ocho aviones militares.
Represion en Azerbaiyan y Kazajistan
La Junta tambien autorizo dos licencias de exportacion a Azerbaiyan por un importe de 6.400.000 euros. Al mismo tiempo, segun AI, el gobierno de ese pais «seguia reprimiendo toda forma de disidencia y cientos de personas continuaban en prision por cargos falsos y de motivacion politica».
El informe señala que las ONG independientes y los grupos de base se enfrentaron a fuertes restricciones. Se reprimieron protestas pacificas. La tortura y otros malos tratos, asi como la impunidad de los perpetradores, seguian siendo generalizados. Las mujeres y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminacion, violencia de genero y acoso del Estado».
En el listado de exportaciones autorizadas en el primer semestre de 2025 figuran tambien Kazajistan. Este pais, gobernado por Kasim-Yomart Tokayev, recibira exportaciones de material de defensa español por un importe de 81.460.149 euros en concepto de un avion militar y componentes para la fabricacion de aeronaves militares.
Las autoridades de este pais “siguieron silenciando las voces criticas y reprimiendo la disidencia utilizando para ello los cargos excesivamente amplios de difundir informacion falsa e incitar a la discordia etnica, social, racial y religiosa”, afirma AI. El organismo de derechos humanos denuncia que en 2025 “continuaron las detenciones y los procesamientos de activistas de la sociedad civil y personas corrientes que ejercian su derecho a la protesta pacifica”.
«Las autoridades presionaban cada vez mas a las ONG y los grupos de oposicion politica, acusandolos de usar fondos extranjeros para socavar el pais y sus ‘valores tradicionales’. Se formularon acusaciones parecidas contra personas LGBTI, que seguian sufriendo discriminacion», subraya.
Material antidisturbios para Uzbekistan
En el vecino Uzbekistan tambien tienen interes por la industria militar española. El ultimo informe del Gobierno señala que se autorizaron tres licencias de material de defensa con destino a ese pais por 28.171.648 euros. Ademas, la Junta Interministerial permitio la venta de material antidisturbios para las fuerzas policiales uzbekas por un importe de 38.000 euros.
De acuerdo al estudio realizado por AI, en ese pais se registran violaciones a los derechos humanos. «La libertad de expresion seguia estando amenazada, y activistas y periodistas se enfrentaban a enjuiciamientos por motivos politicos y a restricciones para viajar. Las autoridades continuaron paralizando las reformas para abordar la impunidad de la tortura y otros malos tratos», destaca el documento.
Actas secretas
Las solicitudes de exportacion a estos paises fueron tramitadas por la JIMDDU, entre cuyos integrantes se encuentran representantes de la Secretaria de Estado de Comercio, del Ministerio de Defensa o del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros. Las actas de sus reuniones son secretas, lo que impide conocer cuales son los procedimientos seguidos en cada caso para permitir las operaciones.
A raiz de una consulta de Publico, fuentes de la Secretaria de Estado de Comercio señalaron que «la politica española en materia de exportacion de material de defensa y de seguridad se rige por uno de los marcos mas exigentes y garantistas a nivel internacional» y destacaron que este pais cuenta con la Ley 53/2007, que «establece un sistema especialmente riguroso en terminos de control, transparencia y prevencion de desvios».
Sostienen ademas que «cada operacion es analizada de forma individualizada» por la JIMDDU, que «evalua de manera exhaustiva multiples criterios antes de autorizar cualquier exportacion» y aseguran que «entre ellos, ocupa un lugar central el respeto a los derechos humanos en el pais de destino».
«Criterios objetivos»
La Secretaria de Estado de Comercio sostiene que se realiza «una evaluacion detallada del uso final del material, con el objetivo de garantizar que no sera empleado para la represion interna, la vulneracion de derechos fundamentales o la violencia contra la poblacion civil». «Este analisis se apoya en informacion procedente de organismos internacionales, informes sobre la situacion politica y valoraciones sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos en los paises receptores», afirmaron las fuentes consultadas por este periodico.
Remarcaron ademas que España «aplica plenamente la Posicion Comun 2008/944/PESC de la Union Europea, que establece criterios vinculantes para todos los Estados miembros, asi como otros compromisos internacionales en la materia» y subrayaron que «este sistema permite precisamente lo que exige el derecho internacional: un examen caso por caso, basado en criterios objetivos y en un escrutinio tecnico muy exigente». «No se trata de decisiones automaticas ni generalizadas por paises, sino de evaluaciones individualizadas de cada operacion», añadieron.
Publico solicito los informes sobre las exportaciones autorizadas a los paises señalados por vulnerar los derechos humanos. La Secretaria de Estado de Comercio no remitio esos documentos, al tiempo que aseguro que «el Gobierno remite periodicamente al Parlamento informes publicos sobre las exportaciones autorizadas y realizadas, en los que se recoge de forma agregada toda la actividad en este ambito, conforme a lo previsto en la legislacion vigente».
