La regularizacion de inmigrantes entra en su fase decisiva tras superar todos los calculos – Pitirre

La regularizacion extraordinaria de personas migrantes en España llega a su primera gran meta con unas cifras que han superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. El plazo para presentar solicitudes concluye este martes 30 de junio, despues de un proceso que comenzo el pasado 16 de abril y que ha permitido a cientos de miles de personas iniciar los tramites para obtener una autorizacion de residencia y trabajo.

Segun los datos conocidos hasta ahora, las peticiones registradas rondan ya los 1,3 millones, una cifra muy superior a las aproximadamente 500.000 personas que el Ejecutivo calculo en un primer momento que podrian acogerse a esta via extraordinaria. Tal y como recoge ‘El Pais’, e mediados de junio, el sistema ya acumulaba unas 900.000 solicitudes, de las cuales cerca de 360.000 habian sido admitidas a tramite. Ese primer paso permite a los solicitantes residir y trabajar de manera provisional mientras la Administracion resuelve su expediente.

La medida, aprobada mediante real decreto, esta dirigida a personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar una permanencia continuada minima y que no tengan antecedentes penales. Tambien incluye a solicitantes de proteccion internacional anteriores a esa fecha. El cierre del plazo no supone, por tanto, el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa: la de la revision, comprobacion y resolucion individual de cada expediente.

El verdadero reto empieza ahora

La avalancha de solicitudes coloca ahora el foco sobre las oficinas de Extranjeria y sobre la capacidad del Estado para gestionar un volumen administrativo de enorme magnitud. El Gobierno dispone de un plazo de tres meses para resolver cada expediente, aunque algunas autorizaciones definitivas ya han comenzado a concederse. La cuestion clave sera si la Administracion cuenta con medios suficientes para evitar retrasos que puedan dejar en el limbo a miles de personas durante meses.

Las organizaciones sociales que han acompañado este proceso advierten de que el exito de la regularizacion no se medira unicamente por el numero de solicitudes presentadas, sino por la agilidad y las garantias con las que se resuelvan. Colectivos de apoyo a la poblacion migrante, entidades humanitarias y plataformas ciudadanas llevan años reclamando una respuesta estable a una realidad que consideran estructural: la existencia de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en España, participan en su economia y sostienen sectores esenciales, pero lo hacen sin papeles y, en muchos casos, sin derechos laborales efectivos.

La regularizacion tiene tambien una lectura economica evidente. Muchas de las personas que han solicitado acogerse al proceso ya trabajaban en sectores como los cuidados, el empleo domestico, la hosteleria, la agricultura, la construccion o el reparto. La diferencia es que, si sus expedientes son aprobados, podran hacerlo con contrato, cotizaciones y mayor proteccion juridica. Para el Estado, esto puede traducirse en un aumento de ingresos para la Seguridad Social y en una reduccion de la economia sumergida.

El volumen de solicitudes revela, ademas, una realidad incomoda para quienes han negado durante años la dimension de la irregularidad administrativa en España. Buena parte de estas personas no acaban de llegar: ya vivian aqui, ya trabajaban aqui y ya formaban parte del tejido social del pais. La regularizacion no crea esa realidad, sino que la reconoce. Y al reconocerla, abre la puerta a que miles de familias salgan de la precariedad y puedan construir un proyecto vital con mayor estabilidad.

La medida tambien ha generado criticas desde la derecha y la extrema derecha, que han insistido en el supuesto “efecto llamada”. Sin embargo, el diseño del procedimiento limita el acceso a quienes ya estaban en España antes de una fecha concreta, precisamente para evitar que se convierta en una via abierta e indefinida. Frente a ese discurso, las entidades sociales defienden que regularizar no significa premiar la irregularidad, sino ordenar una situacion que ya existe y que, sin respuesta administrativa, alimenta abusos laborales, exclusion social y vulnerabilidad.

A partir de ahora, la atencion se centrara en la tramitacion. La Administracion debera comprobar documentacion, acreditar permanencias, revisar antecedentes, requerir posibles subsanaciones y dictar resoluciones. No todas las solicitudes seran aprobadas, pero el volumen registrado confirma que la demanda era muy superior a la prevista.

España encara asi una de las mayores operaciones de regularizacion de su historia reciente. Para el Gobierno, el desafio sera demostrar que puede gestionar con eficacia una medida de gran impacto social. Para mas de un millon de solicitantes, el resultado sera mucho mas que un tramite: puede marcar la diferencia entre seguir atrapados en la economia informal o acceder, por fin, a una vida con derechos reconocidos, empleo regular y plena integracion en la sociedad española.