La sentencia en el caso del hermano de Sanchez servira al Gobierno para medir el alcance del lawfare – Pitirre

Como ya es costumbre, la semana empieza con el aliento contenido en La Moncloa, donde la mirada esta fija en lo que salga de los tribunales. A las citas judiciales que ya estan previstas, el Gobierno suma el temor a una nueva sorpresa, que puede llegar desde la Audiencia Provincial de Badajoz con la sentencia al hermano del presidente Pedro Sanchez. 

El juicio a David Sanchez quedo visto para sentencia el pasado 9 de junio, despues de que la Fiscalia y las defensas pidieran una vez mas su absolucion y la del resto de acusados, que incluyen al expresidente de la Diputacion Miguel Ángel Gallardo, por la ausencia de pruebas sobre el presunto enchufe del hermano de Sanchez en el organismo. El fallo, que se espera para los proximos dias, e incluso horas, podria poner patas arriba al Ejecutivo, que enmarca esta causa, dentro de todas las que le rodean, en el discurso del lawfare. 

La posibilidad de que haya una condena al hermano del presidente se baraja desde hace semanas en Moncloa, donde se ha creado una suerte de manual con tres formas de abordar la oleada de causas judiciales que afectan al PSOE. Eso si, la linea general es la de señalar que el calendario de los ultimos dos meses ha estado lleno de coincidencias. 

Moncloa señala el lawfare en las causas de David Sanchez y Begoña Gomez

El caso de David Sanchez es la gasolina para la teoria de que existe una dinamica judicial, mediatica y politica para hacer caer al Gobierno, de la que se esta aprovechando el Partido Popular. El juicio al hermano del presidente se podria resumir en una denuncia de acusaciones populares de ultraderecha, respaldada en un informe de la UCO, contra un sinfin de testimonios que desmienten que se creara una plaza a medida en la Diputacion de Badajoz. 

La propia Fiscalia señalo en su informe final las “conjeturas” del PP y del resto de acusaciones, y pidio la absolucion de Sanchez y los otros diez encausados al no haber “ninguna prueba” de que se cometieran irregularidades en su acceso al puesto de coordinador de conservatorios, ni tampoco en el nombramiento posterior de su amigo, Luis Carrero. “No hay ninguna prueba de que en ese procedimiento se hayan determinado arbitrariamente estos meritos y que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, en justicia, ilegal; el nombramiento”, expuso la fiscal. 

En ese mismo nivel, el del lawfare, Moncloa enmarca otro de los procedimientos de los que se esperan novedades esta semana. Se trata de la causa contra Begoña Gomez, y el motivo es la polemica instruccion dirigida por el juez Juan Carlos Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid aborda desde este lunes dos recursos, de la Fiscalia y de la propia defensa de la mujer del presidente del Gobierno. La Seccion 23, que ya ha tenido que corregir sobre lo que hacia el magistrado en una veintena de ocasiones durante la instruccion, aborda ahora la decision de enviar a Gomez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabes, a juicio ante un jurado popular. 

De la cautela con Zapatero al rechazo a Ábalos

Al tiempo, existen otros dos frentes judiciales a destacar con un importante matiz diferenciador. La causa abierta contra el expresidente Jose Luis Rodriguez Zapatero en la Audiencia Nacional, por un lado, ha situado el discurso de Moncloa en la confianza tanto por el relato del exdirigente socialista como por el proceso de la Justicia. Tras las explicaciones brindadas en su primera vista ante el juez Jose Luis Calama, Zapatero, en una carta publica posterior, pidio “confianza” y defendio su inocencia y haber actuado en todo momento “con decencia y honradez”.

Desde entonces, Moncloa fijo su respaldo en estas declaraciones y en la trayectoria politica del exdirigente del Gobierno. Fuentes gubernamentales señalaron el pasado mes de junio que el principal investigado en el ‘caso Plus Ultra’ se puso “voluntariamente a disposicion del tribunal una autorizacion universal para que comprobase la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier activo de su titularidad fuera de España”, por lo que, “frente al ruido, juicios paralelos y condenas anticipadas”, defendieron que las investigaciones judiciales “se desarrollen con garantias y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”.

En la otra cara de la moneda, la sentencia firme del ‘caso mascarillas’ por la que el exministro de Transportes Jose Luis Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prision, mientras que su exasesor Koldo Garcia a nueve años, desde el Gobierno asumieron y aceptaron la condena sin ambages. “El que hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso”, dejo en claro el ministro para la Transformacion Digital, Óscar Lopez. “Ni todos los politicos son corruptos, ni todos los jueces son perfectos, ni todos los periodistas son maravillosos”, agrego.

Al tiempo, Moncloa tambien desgrano en una de sus primeras reacciones tras la condena que rechazaban los comportamientos de los acusados por haber atentado contra “la transparencia, merito e integridad”. En terminos similares, desde Ferraz, reafirmaron su “tolerancia cero con la corrupcion, colaboracion total con la Justicia y maxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular”.