La preocupacion por la inmigracion asciende en España tras la prioridad nacional de Vox y la campaña contra la regularizacion del PP – Pitirre

La preocupacion por la migracion crece en nuestro pais coincidiendo con los discursos de PP y Vox en esta materia. De un lado, la prioridad nacional de la ultraderecha, y de otro, la campaña reciente contra la regularizacion que ha llevado a cabo el principal partido de la oposicion.

Relacion directa o no con los datos que vierte el barometro de este mes de julio, el organismo de Jose Felix Tezanos muestra que este asunto pasa a ser la segunda preocupacion de los españoles, solo por detras de la vivienda. Asciende, por lo tanto, un puesto.

Seguido de ella, lo que mas preocupa a la ciudadania son “los problemas politicos en general” (18,7%), la “corrupcion” (17,8%) y, muy de cerca, la “crisis economica» (17,3%). El asunto de la migracion es citado en el 23,4% de los encuestados.

Vox impone al PP su prioridad nacional

Vox ha conseguido imponer sus postulados en materia de migracion al Partido Popular. Asi ha quedado reflejado en las ultimas horas en la Comunidad Valenciana, donde la extrema derecha no ha cedido respecto de su prioridad nacional, aspecto imperante para la aprobacion de los presupuestos.

Un asunto, el de la prioridad nacional, que tambien ha estado muy presente en Andalucia, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, necesitaba de los votos favorables de Vox para ser investido nuevamente como maximo responsable andaluz.

Y no solo en la region del sur, sino que el principio de los de Santiago Abascal se ha incluido tambien en los pactos de gobernabilidad del resto de autonomias en los que la derecha ha ganado; estos son: Extremadura, Aragon o Castilla y Leon, ademas de la mencionada.

Todos estos territorios incluyen la oposicion frontal a la politica migratoria del Gobierno de Pedro Sanchez, asi como el rechazo de sus medidas en terminos de vivienda. La critica a la fiscalidad verde y las medidas orientadas a las familias son otras claves de los diferentes pactos, que contemplan muchos puntos en comun y alguna que otra pequeña excepcion en funcion del territorio.

Los ‘populares’, en todos los frentes contra la regularizacion extraordinaria

Entretanto, la regulacion extraordinaria de personas migrantes sigue adelante con un Partido Popular lanzado en tromba contra ella y que hace una semana activo una ofensiva en el Congreso de los Diputados. Cabe destacar que la medida nacio al amparo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por mas de 700.000 firmas y que la Iglesia Catolica, entre otras organizaciones sociales, la han bendecido.

Los de Alberto Nuñez Feijoo, sin embargo, han puesto en foco en la gestion del procesos y en el sistema administrativo, empleando terminos para ir contra el Ejecutivo progresista como “improvisacion” o “colapso” en las oficinas de tramitacion desde que el pasado 16 de abril empezara el procedimiento.

El PP registro una proposicion no de ley (PNL) en la que sostienen que Moncloa mantiene una “preocupante opacidad” sobre el estado de ejecucion del Plan Nacional de implementacion del Pacto Europeo sobre Migracion y Asilo y sobre los recursos destinados a cumplir las nuevas obligaciones fijadas por la Union Europea.

Los populares tambien reclaman un plan especifico que garantice financiacion suficiente coordinacion institucional y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en frontera. Asi como disponer de los medios necesarios para los procedimientos de triaje, asilo o retorno.  La formacion conservadora registro igualmente una bateria de 22 preguntas acerca de la medida al Ejecutivo para su respuesta.  

No obstante, el PP ha dirigido su guerra contra la regularizacion en distintos frentes. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, acudio hace unos meses a los tribunales, aunque finalmente el Tribunal Supremo rechazo la paralizacion que exigia.

Asimismo, Aragon y la Comunidad Valenciana habian presentado recursos contra el decreto que regula este procedimiento extraordinario. Las comunidades consideraban que la medida podria entrar en contradiccion con el nuevo marco europeo en materia de migracion y habian defendido la necesidad de que el Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) aclarara si la regularizacion se ajustaba o no al Derecho de la Union.

Finalmente, el TS decidio no elevarlo a las autoridades europeas, lo que supone que el litigio seguira, por ahora, su recurrido en la jurisdiccion de nuestro pais, evitando que sea Luxemburgo quien analice en esta fase si la medida encaja o no con el marco comunitario.