Sumar presiona al PSOE para cerrar el curso con un ‘macro decreto’ de vivienda – Pitirre

Se acerca un final de curso que el Gobierno afronta con la determinacion -o casi necesidad- de reivindicar su accion legislativa. El aluvion de causas judiciales que rodea al Partido Socialista y la debilidad parlamentaria de la coalicion con Sumar, exigen a Moncloa un espaldarazo para afrontar con argumentos el tiempo que le quede a la legislatura. En ese sentido, Sumar lo apuesta todo a la carta de la vivienda, y presiona a su socio para irse de vacaciones con los deberes hechos. 

El objetivo es que del ultimo Consejo de Ministros antes del paron veraniego, el proximo 29 de julio, salga un ‘macro decreto’ de vivienda que aglutine varios de los proyectos pendientes de la coalicion progresista. Entre ellos estan la prorroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que ya tumbo el Congreso de los Diputados en abril con los votos en contra del PP, Vox y Junts. 

Convencer a la derecha nacionalista, que ya pide un adelanto electoral si el Gobierno no legisla, es el principal escollo. Por ello, a esa norma se sumaran otros de los textos que pretenden contentar al amplio espectro de socios de investidura. El Gobierno pretende conceder a Junts y el PNV las bonificaciones fiscales a los caseros, mientras que la izquierda alternativa nacional, con Podemos a la cabeza de las criticas, presiona para incluir medidas como la regulacion de los alquileres de temporada y de habitaciones. Ambas fuerzas son imprescindibles para que el decreto se apruebe en el Congreso en septiembre. 

¿Que medidas iran en el macro decreto de vivienda?

El totem de este texto es el mismo que ya tumbo la Camara Baja en abril: la prorroga extraordinaria de los contratos de alquiler. El Gobierno aprobo en marzo la posibilidad de renovar automaticamente por dos años los contratos que expiraran antes del 31 de diciembre de 2027, que incluia ademas el tope al 2% de la revalorizacion anual de los precios. Durante los cuarenta dias que aguanto en vigor, casi un millon de personas enviaron a sus caseros la solicitud. 

Junts voto en contra de este decreto, siguiendo el argumento de la derecha nacional de que fomenta la okupacion. Ahora, segun anuncio el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; no solo se quiere recuperar la medida, sino que se quiere extender un año mas el periodo de expiracion de los contratos, hasta finales de 2028. Esto ira en el primer bloque del decreto, que incluira otras “medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler” como la regulacion de los alquileres de temporada y de habitacion o la obligatoriedad de que los contratos se hagan por escrito. El segundo bloque, de “medidas para movilizar vivienda asequible”, incluiria el IVA al 21% para los pisos turisticos. 

Sin embargo, todo esto choca con lo que se ha aceptado incluir en el ‘macro decreto’ para convertir el voto de Junts en positivo. Los de Puigdemont pedian bonificaciones fiscales, que el Gobierno pretende conceder a los caseros que bajen el precio del alquiler. Los de Puigdemont quieren tambien una deduccion del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual, que incluyeron en una mocion presentada en abril. 

Esto, no obstante, rompe el equilibrio con el otro lado del espectro, el de Podemos. Los de Ione Belarra ya anticiparon que no piensan apoyar los beneficios fiscales de Junts, lo que complica el puzle que trata de armar el Gobierno. Los morados quieren, en cambio, que el macro decreto recupere la prohibicion de desahuciar a personas vulnerables, pero de nuevo ahi hay desequilibrios, porque el Ejecutivo se abrio a aprobarla incluyendo la salvedad del PNV de esta no se aplique a los pequeños propietarios. 

Los socios de Gobierno reman a una

Encajar las piezas no sera tarea facil, pues a los equilibrios con los socios se suman las negociaciones entre los ministerios de cada formacion que conforma el Ejecutivo. En este caso, el tira y afloja lo personifican, por el lado socialista, la titular de Vivienda, Isabel Rodriguez, reticente a soltar cuerda ante la izquierda; y Bustinduy por el de Sumar, que se hizo cargo a principios de año del devenir de la prorroga de los alquileres y las cesiones necesarias para sacarla adelante. 

El tono entre ambos partidos ha llegado a ser muy duro en lo que tiene que ver con vivienda. El Real decreto salio del Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo, en el que se aprobo tambien el texto con las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Proximo. Sumar tuvo que presionar al PSOE para que incluyera medidas de vivienda, hasta el punto de que sus ministros amenazaron con no sentarse en la mesa de Moncloa aquella mañana. 

Finalmente, Pedro Sanchez anuncio todo el paquete dividido en dos textos, y dejo en manos de Bustinduy el futuro del segundo, que termino por decaer en el Congreso tras cuarenta dias en vigor. Desde Sumar llamaron a una “movilizacion social” por la vivienda, en palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, pero el tono contra el socio mayoritario fue contenido. Ahora, con ambos partidos conscientes de la delicada situacion de la legislatura, la idea general es la de remar todos a una, segun fuentes de Moncloa.