La fabula del general de los ‘falsos positivos’ en Colombia : Internacional de
En los albores del Plan Colombia, por octubre de 1999, el entonces brigadier general del Ejercito, Mario Montoya, llego a la Base de Tres Esquinas con la mision de establecer la sede de la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, diseñada por EEUU. La estructura era iniciativa estadounidense y, por primera vez, el Ejercito, la Armada y las Fuerzas Aereas colombianas no iban a competir entre si en la guerra contrainsurgente surgida en 1955, sino a coordinarse y cooperar.
Un mes antes, un coronel jefe de la mision militar de EEUU habia comenzado a coordinar la ayuda militar de este pais con la comandancia del Ejercito de Colombia. Ese año se habian restablecido las relaciones militares despues del parentesis del Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), cuya campaña fue financiada generosamente por el cartel de Cali y la Casa Blanca rompio lazos.
Andres Pastrana gano las presidenciales de 1998 porque anuncio un dialogo de paz con las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En campaña, se tomo una foto con el mismisimo comandante de esa guerrilla campesina, el desconfiado estratega militar innato Manuel Marulanda, tambien conocido como ‘Tirofijo’, a quien Pastrana le concedio la desmilitarizacion de 42.000 kilometros cuadrados en torno al lugar de los dialogos en la region del Caguan.
Antes de tomar posesion el 7 de agosto, Pastrana recorrio Europa con su propuesta de organizar un Plan Marshall para Colombia. La UE estaba entusiasmada. Pero al llegar con la misma propuesta al Departamento de Estado en Washington, alli le dijeron, palabras mas, palabras menos: “No, señor Pastrana. Lo que usted tiene que haces es esto”.
Y le entregaron, redactado en ingles, el Plan Colombia, una estrategia de guerra masiva contrainsurgente que convirtio al pais sudamericano en el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo, despues de Egipto e Israel.
El dialogo en el Caguan (que se llevo a cabo en medio de la guerra, fuera de la zona despejada) se volvio un compas de espera para dar tiempo a que el Plan Colombia fuera aprobado por el Congreso de EEUU y a la industria armamentista para fabricar equipos (sobre todo helicopteros) adaptados, por primera vez, al combate en los Andes y las selvas colombianas.
Todo comenzo con la ‘Triple A’
Mario Montoya, como toda la alta oficialidad colombiana, no era un desconocido para los estadounidenses. Cumplio adiestramiento en varias instituciones militares norteamericanas, incluidos el Fuerte Knox y la polemica Escuela de las Americas, donde tambien fue instructor invitado.
Montoya recibio adiestramiento por EEUU en la Escuela de las Americas
En 1978, siendo teniente, formo parte del BINCI, el siniestro Batallon de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano. Precisamente se relaciona a Montoya con el surgimiento alli, entre 1978 y 1979, de un grupo inspirado en el golpismo argentino y que, segun informes estadounidenses, fue autorizado por el entonces comandante del Ejercito de Colombia, general Jorge Robledo Pulido.
Se trata de la Alianza Anticomunista Americana (AAA o Triple A), que cometio atentados contra medios criticos que denunciaban violaciones de los derechos humanos, entre ellos el semanario comunistaVoz, la revista quincenal Alternativa y el vespertino El Bogotano.
Ademas, amenazo a politicos opositores y asesino a quienes consideraba poblacion de apoyo de las guerrillas. Era el Gobierno del represor Julio Cesar Turbay.
La tarea del BINCI: “Contener la infiltracion comunista, bloquear la importacion de propaganda subversiva”, segun detalla un cable diplomatico estadounidense de 1979 que, en tono justificatorio, atribuia a la Triple A la “frustracion” de un sector militar por la falta de resultados y vaticinaba que permaneceria activa a menos que las fuerzas armadas tuvieran exito por otros medios.
Fueron tan graves los escandalos por violaciones de los derechos humanos que el BINCI fue disuelto, aunque se reencarno en 1986 como Brigada 20, a su vez desmantelada por identicas razones en mayo de 1998 a instancias de EEUU. Montoya llego a director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto siendo coronel y, como superior, se le considera responsable de los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por la Brigada 20.
En el año 2000, ya brigadier general, Mario Montoya comandaba la mencionada Fuerza de Tarea Conjunta del Sur con la mision de combatir a las FARC en los departamentos selvaticos de Caqueta y Putumayo y en el occidente del Amazonas. Atendia en la base militar de Santana, en Putumayo, cerca de la ciudad de Puerto Asis, de unos 45.000 habitantes.
Coraje en Putumayo
Tres organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos (el Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo CAJAR, el jesuita CINEP y la Asociacion Minga) habian comenzado a viajar con regularidad al Putumayo porque, como relato a Publico un protagonista de esta historia, “la estrategia paramilitar de las fuerzas armadas habia trasladado al Putumayo mas de 700 paramilitares de Cordoba y Uraba”, regiones costeras del Caribe, al otro extremo del pais.
Descuartizaban a sus victimas, incluso vivas. “No se podia enterrar a nadie entero”.
En enero de 1998 estaban instalados en la hacienda Villa Sandra, propiedad cedida por un conocido narcotraficante. En un mes mataron a 45 personas. Alias ‘Betun’, exjefe paramilitar de esos hombres, confeso en 2009 que enterraron en fosas a unas 800 personas. Siempre descuartizaban a sus victimas, a veces estando vivas. “No se podia enterrar a nadie entero”, dijo entonces ‘Betun’.
El informe de Human Rights Watch La Sexta Division, de 2001, dio cuenta de que por aquel entonces los paramilitares sellaban la lealtad de los oficiales con atractivas sumas de dinero: cada capitan recibia entre 2.000 y 3.000 dolares al mes; los mayores, 2.500; los tenientes, 1.500. A los coroneles les pagaban tambien, aunque no directamente.
El alcalde de Puerto Asis Nestor Hernandez, el personero (delegado municipal del Ministerio Publico) German Martinez, un capitan de la Policia y otro ciudadano denunciaron con coraje la invasion de escuadrones de la muerte y pidieron escolta para los defensores de los derechos humanos.
En Puerto Asis tuvo lugar un consejo de seguridad, es decir, una reunion entre autoridades civiles, militares, policiales, organismos de control e invitados a dedo. Montoya asistio por derecho propio, como responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur.
Ese mismo dia asesinaron a un gobernador indigena que iba a dar su testimonio ante el consejo de seguridad. “Yo les pedi a los cuatro (civiles) que no hablaran para no exponer sus vidas. Total, yo hable”, rememoro para Publico en una entrevista en abril 2022 el defensor de derechos humanos Luis Guillermo Perez, cofundador del CAJAR.
“Estaba el coronel Gabriel Diaz, que era el comandante de la brigada militar, o sea, el encargado directo de manejar a los paramilitares y de los crimenes que estaban perpetrando. Entonces, yo hable contra Diaz”. El abogado Perez les dijo a los presentes que ese coronel no merecia portar el uniforme nacional y que era un cobarde, al igual que todos los que asesinaban a personas inermes.
“El general Montoya, muy diplomaticamente, dijo: Doctor Perez, usted ha dicho cosas gravisimas en este consejo de seguridad. Yo lo invito a que venga a desayunar mañana en mi base militar, en Santana [canton militar de la Vigesima Septima Brigada de Selva, con jurisdiccion en Puerto Asis y Puerto Caicedo, en el Putumayo]; y alla conversamos con tranquilidad. Tenga la seguridad de que, si yo llego a encontrar que hay respaldo en lo que usted esta diciendo, tomare todas las medidas del caso“.
Leones en el Amazonas
Al dia siguiente, Perez y sus dos colegas Diana Sanchez, de Minga, y Teofilo Vasquez, del CINEP, tuvieron dificultades para conseguir un taxi que los llevara hasta Santana, a 14 kilometros de Puerto Asis: “Todos se asustaban. Los taxistas nos decian que mataban a la gente que llevaban de pasajeros; o mataban gente en la carretera y despues los obligaban a ellos, ¡a los propios taxistas!, a cargar los cuerpos y botarlos (deshacerse de ellos). Y luego no les pagaban y les dejaban los carros ensangrentados. Nadie nos queria llevar”. Hasta que le ofrecieron el triple de dinero a uno de ellos y acepto.
“Fue una empresa criminal”, denuncian los defensores de los derechos humanos
A la entrada de la base militar los esperaba el coronel Gabriel Diaz: “Se puso a llorar, me decia que no le arruinara su carrera militar, que estaba en curso de ascenso y que yo se lo iba a dañar. Yo le dije: No vengo a discutir con usted. Usted tiene que rendir cuentas ante la Justicia. Aqui se han cometido muchos crimenes bajo su responsabilidad“.
Entonces, aparecio a lo lejos el general Mario Montoya. Los hizo pasar a su oficina, donde estaba servido el desayuno con zumo, huevo, frutas…
“No nos habiamos sentado y el estaba al otro lado de la mesa. Y me dice: Antes de empezar, doctor Perez, quiero contarle una anecdota. Espero que me la escuche bien y la comprenda bien porque se la conte a un amigo empresario, no me entendio y tuve que llevarle flores al cementerio“. Lo escucharon de pie:
“Mire, un flautista se vino para el Amazonas. Traia su camara fotografica, iba tomandoles fotos a los micos, a las mariposas, a las serpientes. Estaba muy tranquilo y muy feliz, el flautista. Y de repente, le aparecio un leon. Y el leon iba a atacar al flautista, y a este se le ocurrio tocar la flauta y comenzo a tocar una melodia. El leon se calmo al ritmo de la musica. Entonces, el flautista toco a Mozart, a Beethoven y luego empezo a tocar salsa y todos los leones de la jungla llegaron a la fiesta y empezaron a bailar, todos, alrededor del flautista. Felices. Cuando de repente salto un leon y se trago al flautista. Era un leon sordo.
El general Montoya agrego: “Doctor Perez, hay muchos sordos de este lado del rio y del otro lado del rio. Tenga cuidado”.
– ¿Usted ha oido hablar, general Montoya, de Carla del Ponte? La fiscal del Tribunal Penal para Yugoslavia, conformado por las Naciones Unidas. ¿Se entero usted de que hace cuatro dias la fiscal Carla del Ponte dicto una orden internacional de detencion contra un general serbio?
– ¡No, no se!
– Si, general Montoya, fue contra un general serbio que tenia muchos leones sordos en sus tropas.
Perez penso que el comentario iba a causarle gracia al general. Que se iba a tornar amable y seguidamente los invitaria a sentarse a la mesa, pero fue al contrario. Montoya se enfurecio.
– ¿A mi? ¡A mi que tribunal me va a llevar!
– Pues general Montoya, si usted es responsable tambien de esos crimenes, tenga la seguridad de que va a terminar siendo juzgado en un tribunal.
Salieron inmediatamente de la base mientras unos soldados que miraban asustados trataban de calmar al general. El acuerdo con el taxi era de ida y vuelta incluyendo la espera.
Esto fue aun antes del Gobierno Uribe (2002-2010), cuando Montoya quedo envuelto en crimenes de lesa humanidad y crimenes de guerra que incluyen cientos de asesinatos.
La imputacion a Montoya
El pasado 30 de agosto, la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP), un tribunal independiente nacido del acuerdo con las FARC, le imputo al general 130 falsos positivos cometidos en el oriente de Antioquia en solo dos años.
Esta subregion concentra 501 asesinados del total de 1.613 perpetrados en todo el departamento de Antioquia, poco mas de una cuarta parte de los 6.402 ejecutados civiles inocentes, muchos campesinos, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008, todo documentado por la JEP.
Falsos positivos es como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales en una modalidad nunca imaginada por los defensores de la Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Los militares fueron afinando la tecnica.
“Yo era secretario general de la FIDH, lo fui durante nueve años. Empece a hacer las denuncias en 2003”, prosiguio Perez en su charla con Publico, en relacion precisamente a los falsos positivos que se estaban reportando en el oriente antioqueño, por los cuales la JEP ha imputado a al general Montoya por crimenes de guerra y de lesa humanidad.
Lo cercan las confesiones de 64 militares —desde soldados hasta generales— ante la JEP. Lo tienen sitiado los testimonios de cientos de victimas y las evidencias recolectadas durante años por defensores de los derechos humanos que apoyan a los familiares de los asesinados.
Desde los tiempos de la ‘Triple A’ (de la que nada se volvio a saber) existian los falsos positivos, es decir, se produjeron durante mas de dos decadas, y las victimas eran sobre todo campesinos de zonas con presencia guerrillera que los militares consideraban insurgentes. Muchos fueron desaparecidos, torturados y ejecutados.
Era la teoria del enemigo interno de quitarle el agua al pez, es decir, separar a la guerrilla de su poblacion de apoyo. “Habia que desplazar a las comunidades, repoblar el territorio con gente afin al proyecto paramilitar y asi ir ganando territorio”, describio Perez.
Matar inocentes a cambio de pagas y permisos
La practica de los falsos positivos se disparo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a medida que el propio presidente daba publicamente ordenes de “exterminio” contra sus archienemigas FARC.
De pronto, los ejecutados comenzaron a ser personas sin conexion alguna con la sociedad civil organizada, siempre muy humildes, ajenos por completo al debate politico o las reivindicaciones sociales. Sus familias los echaban de menos pero no sabian a quien recurrir para buscarlos.
Como la estudiante de 13 años Erika Viviana Castañeda, asesinada por militares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael, oriente antioqueño. Fue reportada como guerrillera de las FARC ultimada en combate, junto a todos los civiles que se movilizaban en un transporte publico que el Ejercito intercepto y embosco.
Los defensores de derechos humanos comenzaron por documentar errores que los militares cometian: a los cuerpos de los campesinos asesinados les ponian las botas al reves o de la talla que no era; les colocaban al lado armas inservibles; los vestian con uniformes que les quedaban pequeños.
Mas adelante, Camilo Ospina, ministro de Defensa de Uribe, entre julio de 2005 y julio de 2006, establecio oficialmente una vara de premios por dar de baja a guerrilleros.
Cuando le preguntan por los falsos positivos, Montoya dice que esos estimulos fijados por Ospina para matar generaron un efecto perverso, pero los 130 casos del oriente antioqueño que escogio la JEP son anteriores a los premios anunciados por el ministro. Todos ocurrieron entre 2002 y 2003. El general les exigia a sus soldados “litros, chorros, barriles” de sangre; “soluciones, no problemas”, es decir, muertos, no prisioneros.
En el oriente antioqueño, “53 personas fueron asesinadas en 2002 y 77 en 2003. De ellas, 113 eran hombres, once niños, cinco mujeres y cuatro niñas”, indica la acusacion de la JEP.
“Se volvio una empresa criminal”, apunta Perez. Los militares crearon una estructura logistica con muchos complices para secuestrar y luego conseguirles a las victimas los uniformes y las botas de su talla. Las obligaban a ponerselos y les disparaban. Por las confesiones ante la JEP se ha sabido que tenian incluso abogados que los asesoraban para perfeccionar estos crimenes.
Fue una politica institucional, considera la JEP. Pero este organo de justicia transicional no tiene jurisdiccion sobre el jefe de Estado de entonces que ordenaba el exterminio, es decir, Uribe. Asi lo dispone el Acuerdo de Paz que creo este tribunal y segun el cual los expresidentes solo pueden ser puestos a disposicion de la Comision de Acusaciones de la Camara de Representantes y juzgados por el Senado: un modelo de justicia politica ideado para mantener a determinados presidentes por encima de la ley y que conlleva a la impunidad.
“Mis colegas en la direccion de la FIDH no entendian que un Gobierno y unas fuerzas militares estuvieran asesinando a personas humildes, a su propia gente, haciendolas pasar por guerrilleros. No les cabia en la cabeza. Ellos sufrian violaciones de derechos humanos en sus paises de origen en África, en Asia, donde hay muchos conflictos ligados a temas religiosos o de nacionalidad, y con violencias que llevan siglos. Asi que no podian creer”, recuerda Perez.
Y menos aun que esto fuera a cambio de “sumar numeros para recompensas, vacaciones, ascensos, becas. Eso no lo podian entender. Y yo tampoco. Yo denunciaba eso como la degradacion mas absoluta del ser humano, de la institucionalidad, de un Estado que habia perdido todo norte juridico-politico y que mezclaba los mas terribles crimenes con una retorica exterior de respeto a la democracia y los derechos humanos que nada tenia que ver”.
Fueron años oscuros. Los numeros crecian. Algunos funcionarios estadounidenses lo celebraban, pues tomaban el body count como indicador de que los miles de millones de dolares de la ayuda militar a Colombia estaban bien invertidos.
Indignacion internacional
En la Corte Penal Internacional (CPI) reconocen que fue el abogado Luis Guillermo Perez quien evidencio estos crimenes. Denuncio ante las Naciones Unidas y ante la Union Europea.
Lo recuerdan en dos asambleas de Estados Parte de la CPI en tiempos del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo: Perez logro que se abriera el Examen Preliminar de la Fiscalia de la CPI sobre Colombia, es decir, la etapa previa a una investigacion penal. Consiguio que a mediados de 2004 una delegacion de esa Fiscalia de la CPI visitara el pais para escuchar a las victimas en distintos lugares de Colombia.
El defensor de derechos humanos (hoy alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro) no duda en atribuirle a ese trabajo la inenarrable persecucion de la que fue victima el CAJAR por parte de la policia secreta DAS, con un historial delictivo tan desmesurado que fue cerrada en 2009 por presion de EEUU y reemplazada en 2011 por la Agencia Nacional de Inteligencia, adscrita igual que el DAS a la Presidencia.
El general Montoya tiene hasta la primera semana de octubre para reconocer su responsabilidad sobre los hechos y someterse a juicio en la JEP. O rechazarlos y esperar mas de 40 años de carcel impartidos por la Justicia penal ordinaria.
Por donde paso, dejo una huella de violaciones a los derechos humanos. En la era Uribe aparecio dirigiendo la Operacion Jaque, un celebrado montaje porque fue incruento, en la que se libero a la rehen Ingrid Betancourt y a 14 combatientes, incluidos tres mercenarios estadounidenses, que las FARC mantenian secuestrados desde hacia años en carceles selvaticas. Montoya llego a comandante del Ejercito y se retiro en 2008 por presion de la comunidad internacional, encabezada por la oficina de la ONU para Derechos Humanos.
En cuanto al entonces lloroso coronel Gabriel Diaz, fue ascendido a general. El fiscal general Luis Camilo Osorio, en el cargo durante el periodo 2001-2005, “hizo desaparecer todos esos expedientes y destituyo a todos los fiscales que llevaban esas investigaciones”, lamenta Perez.
Al final, al general Diaz no lo sacaron del Ejercito por violaciones de los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad o las masacres, lo destituyeron porque, siendo el comandante en Barranquilla, se esfumo la bicoca de dos toneladas de cocaina que habian sido incautadas por el Ejercito.