la crueldad de un desahucio en la vejez – Pitirre
«Es una agonia la que estoy viviendo. O cruzo el rio o me quedo en la orilla«. A Maricarmen le aplazaron in extremis su desahucio previsto para el martes 2 de junio. Sera en dos semanas, el proximo 24 de junio. Desde el Sindicato de Inquilinas creen que es una estrategia que pretende contener la fuerte movilizacion social que la esta respaldando. Tambien denuncian que dos lanzamientos en un mes es «una tortura psicologica» y solamente aumenta la «agonia» de esta mujer de 88 años, con problemas de salud. Por eso el pasado martes mantuvieron parte de los actos de protesta que estaban previstos. Decenas de vecinos, incluidos varios artistas, se concentraron para exigir una solucion permanente.
«De alguna manera, todo esto me esta pasando factura» decia Maricarmen a los medios hace unos dias, en una rueda de prensa frente al Congreso. Le cuesta andar y dormir, no tiene masa muscular porque va en silla de ruedas y apenas le queda aire para defenderse. Lleva mas de cinco años luchando por quedarse en su casa, en la que reside desde que es adolescente y que nunca ha dejado de pagar. La ultima oferta de alquiler que le hizo el fondo de inversion que actua como su casero rozaba los 2.000 euros, muy por encima de sus capacidades.
La esperanza que le dio fuerzas en octubre de 2025 para salir a la calle y denunciar su caso en los medios de comunicacion va dando paso a la indignacion y el cansancio. Tras paralizarse su primera orden de desalojo, pudo reunirse con la ministra de Vivienda y contarle su situacion. Tambien se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno y ha tratado de ponerse en contacto con las administraciones regionales y locales. La unica alternativa que le ofrecen es irse a una residencia, a la que destinaria gran parte de sus ingresos y que esta a varios kilometros de su barrio. «Solo pido poder quedarme en la casa en la que murieron mis padres», reitera.
Maricarmen es vecina de la calle Sainz de Baranda, en el barrio de Ibiza (Retiro). Es una de las zonas que mas se ha revalorizado en la capital en la ultima decada. Actualmente se esta pagando en regimen de arrendamiento mas de 21 euros por el metro cuadrado, segun los portales inmobiliarios. Y los precios no paran de subir. Poco queda del barrio obrero en el que ella crecio.
Por el mismo calvario que esta jubilada ha pasado Mariano Ordaz, de 67 años, que fue finalmente desahuciado el pasado 7 de mayo. Vivio toda su vida en el mismo piso del barrio de Embajadores, al que sus padres accedieron con un contrato de renta antigua. En la puerta contigua vivian sus tios. Ya no queda nadie de esta familia en aquel edificio, propiedad de una orden religiosa. Tras nueve horas de resistencia vecinal y sindical, Mariano se fue en una ambulancia del Samur Social, acompañado de una bolsa con lo indispensable.
Era la quinta vez que se enfrentaba a la expulsion, en dos de las anteriores se pudo acoger a la moratoria antidesahucios. Cuando Publico le pregunto cual era su alternativa habitacional, lo unico que tenia en mente era buscar una habitacion que poder alquilar cerca de la zona, ya que sus hijos no viven en Madrid. El Sindicato de Inquilinas explica que actualmente se encuentra en un albergue compartiendo habitacion con otras tres personas.
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones calcula que hay mas de 70.000 personas mayores de 65 años viviendo de alquiler en toda España. Su situacion economica y psicosocial es especialmente delicada porque, generalmente, son quienes tienen pensiones mas bajas o viven en zonas gentrificadas y donde las redes de apoyo son mas endebles. Dentro de este colectivo, uno de los perfiles mas vulnerables es el de las mujeres. Mientras que la pension media de un hombre se encuentra en los 1.500 euros, estas mujeres perciben de media unos 300 euros menos.
Desde Un Techo por Derecho, una organizacion de mujeres de Malaga, llevan semanas buscando una solucion para Maria, una anciana de 96 años que va a ser desahuciada el 11 de junio. Segun cuentan, esta al corriente de pago, pero no le han renovado el contrato. A mediados de mayo su hija acudio al pleno del ayuntamiento para pedir una ayuda que, de momento, no ha llegado.
En una situacion similar se encuentra Paca Blanco, de 77 años y vecina del mismo distrito que Maricarmen. «No es de justicia. Somos la generacion que ha conseguido los derechos que tenemos ahora», reivindica. Consiguio que aplazaran su primera orden de lanzamiento en febrero y, de momento, no se ha fijado una nueva fecha. Vive en una casa de alquiler social que esta a nombre de su hijo, aunque es ella quien vive alli y asume los gastos desde hace mas de una decada. A pesar de ello, no le han permitido subrogarse al contrato y tampoco ha podido tener defensa legal en el proceso.
«Mi hijo estaba en paradero desconocido y ahora le han encontrado en Canarias. Se enfrenta a una pena de carcel», cuenta. Aunque no es una buena noticia, le da algo de tiempo y permite a la familia poder defenderse en los tribunales. «A mi nunca me dejaron defenderme. Me calificaron de ocupante ignorada«, cuenta. Los servicios sociales, segun denuncia, le han ofrecido irse a una residencia «de monjas», un extremo al que se niega. Blanco fue victima del Patronato de la Mujer cuando era joven, por lo que se niega a volver a «estar encerrada en una institucion». A lo largo de su vida ha sufrido violencia machista y la precariedad que deriva de ella.
Alejandra Jacinto, abogada experta en Vivienda, que conoce de sobra estos tres casos, explica que ni siquiera pudieron acogerse a la moratoria antidesahucios. El problema con Maricarmen, recuerda, es que, incluso en octubre –con la ley en vigor– «dijeron que no era aplicable porque el contrato era previo a la normativa». Mariano y Paca tuvieron problemas similares. «Aunque era una norma que ayudaba, dejaba fuera muchisimas casuisticas. Hace falta una moratoria nueva, pero que sea verdaderamente efectiva», sentencia. «¿Quien tiene la competencia de esto? El Gobierno central. Es una cuestion de modificar la ley de enjuiciamiento civil», añade. Actualmente solo se puede aplicar una prorroga de dos a cuatro meses para buscar una alternativa habitacional. Ademas, cuando los ayuntamientos o comunidades no ofrecen esa solucion «no hay sanciones».
A raiz de estas ultimas noticias, desde HelpAge, una entidad internacional que defiende los derechos de las personas mayores, han recordado que el acceso y la permanencia en una vivienda digna es «un derecho humano esencial». La entidad advierte de que los desahucios en estas etapas vitales «no pueden tratarse como conflictos administrativos y economicos», ya que implican «una posible vulneracion de derechos fundamentales«, reconocidos nacional e internacionalmente.
«La perdida de la vivienda en la vejez puede tener graves consecuencias, como el deterioro de la salud fisica y emocional, la ruptura de las redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la perdida de arraigo comunitario», advierten. Ademas, han recordado que muchas mujeres mayores viven con «pensiones insuficientes» y afrontan trayectorias marcadas por «desigualdades economicas y de cuidados acumuladas a lo largo de su vida».
«Si los desahucios siempre afectan negativamente a la salud mental y fisica, imaginate con esta edad, donde uno ya esta muy cansado, sufre problemas de salud, tiene mermadas ciertas capacidades…», señala a Publico Alicia del Rio, portavoz del Inquilinato. Son momentos en los que uno necesita mas que nunca estabilidad y mantener sus redes de apoyo. «Esos comercios de siempre donde te echan una mano, tu medico de cabecera, tu trabajadora social… Perder esto de golpe puede acabar con todo. Es una situacion que sabemos que enferma y llega a matar a la persona«, subraya.
Con Maricarmen han visto como se ha ido deteriorando su salud en los ultimos meses. «Dejan de dormir, dejan de disfrutar de cosas que antes les gustaban, se exacerban los problemas de adicciones cuando los hay. Es realmente duro», asegura Del Rio. Uno de los problemas que afrontan los jubilados es «que no tienen opciones». Para ellos, en lugares como Madrid, es practicamente imposible pagar un alquiler, y una residencia implica destinar practicamente todos sus ingresos a este fin. «Por eso, nosotros decimos que a los abuelos nos los estan matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna», subraya.
A los abuelos nos los estan matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna
Aun asi, a pesar de estos relatos tan graves, la portavoz concluye recordando historias en las que han conseguido ganar la batalla con el apoyo del Sindicato: «La misma Maricarmen ha estado cinco años desobedeciendo a su casero, ha hecho portavocias y un monton de actos de resistencia en los que ha hablado con todas sus fortalezas. Tenemos a nuestro compañero Antonio, que es un simbolo de la batalla contra Blackstone y que consiguio renovar su contrato. Mariano, por ejemplo, resistio hasta cinco intentos de desahucio».
